EL CONFUSO episodio en el que un grupo de militares se hizo pasar por presuntas disidencias de las Farc para hostigar a campesinos en Tierralta, Córdoba, se complicó aún más ayer.

Por un lado, Fiscalía y Procuraduría, a través de una carta enviada a Presidencia de la República, exigieron medidas para que los funcionarios puedan realizar su trabajo de investigación de forma segura.

Este pronunciamiento se da después de que el helicóptero de las fuerzas militares que los trasladaba al territorio donde denunciaron las intimidaciones contra campesinos, mujeres y niños, fuera atacado con armas de largo alcance.

“Demandamos respetuosa, pero enfáticamente, la adopción de medidas encaminadas a permitir que los servidores puedan acceder de forma segura a las zonas que requieren de su presencia”, destacó la misiva.

Tanto el fiscal Francisco Barbosa como la procuradora Margarita Cabello hablaron de la importancia de verificar lo que sucedió en la vereda de Bocas del Manso.

“Como directores del Ministerio Público y Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 277, 250 y 251 de la Constitución, y en el marco, además, del principio de colaboración armónico entre los poderes públicos, previsto en el artículo 113 de la misma normativa, nos dirigimos a su despacho para solicitar su intervención, como comandante supremo de la Fuerza Pública, a efectos de garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de nuestras instituciones. En este caso, en lo concerniente al acceso de los territorios del país para llevar a cabo las investigaciones por la posible comisión de violaciones a los derechos humanos”, establece la carta.

Competencias para investigar

En torno a la investigación contra de un grupo de militares por las acciones del pasado 11 de septiembre, la Justicia Penal Militar aseguró que cuentan con las competencias para indagar el presunto delito de abuso de autoridad especial cometido en la zona rural de Tierralta.

Por lo mismo, designó al juez 101 de instrucción para que lleve a cabo la recolección de pruebas y para que indague lo que sucedió.

“Su actuación obedece al ejercicio legítimo de la acción penal por parte de la jurisdicción especializada, por cuanto, prima facie, los hechos pudieron ser cometidos por miembros de la Fuerza Pública y en relación con el mismo servicio (art. 221 CP), lo que también a primera vista permite verificar que no se trataría de una ‘intromisión’ arbitraria en las competencias de la jurisdicción ordinaria”, expresó a través de un comunicado enviado al fiscal Barbosa.

La misiva de la Justicia Penal Militar es clara al asegurar que no se trata de una intromisión de su parte, ya que lo que se quiere investigar es si los hechos se trataron de “miembros de la fuerza pública y en relación con el mismo servicio”, por lo que es indispensable cumplir con todos los requerimientos que conlleva una investigación preliminar.

Además, aseguró que “sin perjuicio de que en curso de la investigación pudiera verificarse que los hechos son ajenos al ámbito funcional de la fuerza pública, se ponga en duda la competencia de la jurisdicción castrense y, conforme lo dispone la ley, haya que remitir la actuación a la jurisdicción ordinaria”.

Este pronunciamiento hace parte de la respuesta de Justicia Penal Militar a unas declaraciones del fiscal, quien cuestionó que dicha instancia se atribuyera las labores de investigación, ya que, a su juicio, no se trata de actos de servicio.

“Inaceptable”

Los hechos ocurridos recientemente en Tierralta fueron calificados como “intolerantes” e “inaceptables” por el comandante en jefe de las Fuerzas Militares, Helder Fernán Giraldo.

Giraldo repudió los acontecimientos, asegurando que, después de conocer las denuncias sobre el caso de intimidación de un grupo de militares a la población civil, ordenó enviar tropas al lugar para indagar sobre lo que estaba ocurriendo.

“Sí hubo la presencia de unos hombres armados y ahí empiezan a recibir unos rumores, que al parecer eran integrantes del Ejército Nacional, a partir de estos rumores anoche mismo (12 de septiembre) se ordenó a la inspección general del Comando de las Fuerzas Militares para que enviara una comisión para determinar si hubo o no hubo participación de miembros del Ejército Nacional”, dijeron las unidades enviadas a El Manso, según comunicado del Ejército.

Por este hecho, 10 militares fueron retirados de sus cargos, a fin de responder ante las autoridades.

El mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército Nacional, aseguró que “se tomaron las acciones oportunas con el fin de esclarecer las circunstancias acaecidas. Con inmediatez, se dispuso de todos los medios y con prontitud se llevó a cabo el desplazamiento de una comisión inspectora del Ejército Nacional al lugar de los hechos para que adelante las verificaciones correspondientes”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velasco, también se pronunció en torno a este hecho. “Lo sucedido en Tierralta, Córdoba, es de suma gravedad y exige la adopción de drásticas decisiones. Ninguna tolerancia con comportamientos que no solo afectan a las comunidades, sino a las propias Fuerzas Militares”, afirmó a través de su cuenta X.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro, consideró que este grave hecho no es aislado.

“¿Qué buscaban quienes dieron la orden? No era un mensaje a los pobladores humildes de El Manso, el mensaje era para la sociedad, para decirles que este Gobierno está hundiendo a Colombia en el desorden y en el caos…, los que dieron la orden es porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares, es decir, que repitamos esta historia”, destacó el mandatario.

‘Clan del Golfo’ se pronunció

El ‘Clan del Golfo’ sería el responsable del ataque al helicóptero en el que se trasladaban funcionarios de Procuraduría y Fiscalía hasta la zona rural de Tierralta, Córdoba, a fin de investigar los presuntos hostigamientos de militares a campesinos.

Esta información la confirmó el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina.

Después del ataque, el helicóptero fue sometido a una investigación. Por la ubicación de la agresión, las autoridades aseguraron que los responsables pudieron ser miembros de dicha organización criminal.

“En el sector en donde fue impactado el helicóptero es un corredor del narcotráfico y, teniendo en cuenta que es un corredor del narcotráfico, activamos la inteligencia técnica. Por inteligencia técnica se pudo establecer, ya que el ‘Clan del Golfo’ se adjudica al hecho. Situación que una vez fue conocida por parte del comando de la Séptima División, se entregaron las pruebas a la Fiscalía General de la Nación”, destacó Ospina.

También agregó que “el Comando del Ejército Nacional, desde el primer momento en que conoce los hechos sucedidos en la vereda Bocas del Manso, del municipio de Tierralta, Córdoba, los rechaza rotundamente y toma las acciones oportunas con el fin de esclarecer las circunstancias acaecidas. Con inmediatez se dispuso de todos los medios y con prontitud se llevó a cabo el desplazamiento de una comisión inspectora del Ejército Nacional al lugar de los hechos para que adelante las verificaciones correspondientes”.