El proyecto de reforma constitucional busca establecer un porcentaje mínimo de las transferencias de la nación a los territorios, que sería del 35%. Centro Democrático expresó su rechazo
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Un fuerte pulso se generó en la Comisión Primera de la Cámara con la discusión de un proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que recibió su aprobación en primer debate.
La iniciativa busca modificar el Artículo 357 de la Constitución para establecer un porcentaje mínimo de las transferencias de la nación a los territorios, que sería del 35%. Adicionalmente, el texto contempla la obligación de aumentar porcentualmente las transferencias con relación a la tasa inflacionaria del país. “En ningún caso este incremento podrá ser inferior a la tasa de inflación causada en los 12 meses anteriores a la aprobación del presupuesto general de la nación”, señala el texto.
La iniciativa contó con el respaldo de la mayoría partidos, sin embargo, recibió el rechazo del Centro Democrático y del Gobierno, que a través del Ministerio de Hacienda, presentó un concepto negativo. EL NUEVO SIGLO consultó a parlamentarios para conocer su opinión sobre el articulado y su trámite; le restan siete debates para su aprobación.
El coordinador ponente, el representante por Meta, Jaime Rodríguez, de Cambio Radical, afirmó que con esta iniciativa se busca que “les devuelvan a las entidades territoriales los recursos que le corresponden por el Sistema General de Participaciones que a través del tiempo se han venido disminuyendo”.
“Después de revisar todo lo que ha venido disminuyendo, que es cerca del 14%, hemos hecho unos cálculos, unas revisiones de un promedio y, a partir de la fecha de aprobación del acto legislativo, se establece una base que sería el 35%. Se incrementaría un 9% con lo que hoy se recibe”, dijo Rodríguez, quien indicó que con su aprobación “las regiones tendrán más recursos para la educación, para la salud, para el agua potable, para el saneamiento básico”.
Por su parte, el representante por Meta, Alejandro Vega, del Partido Liberal, destacó que con la reforma se fortalecería el proceso de descentralización. “Desde 2003, que hubo un la modificación al Sistema General de Participaciones, los municipios, distritos y departamentos recibían el 40% de las transferencias del presupuesto general. Hoy estamos en un 23%. Es con estos recursos que se financia la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable. Hoy se han trasladado competencias a los departamentos y a los municipios, pero no recursos. Con este sistema vamos a fortalecer nuestras regiones, a trasladar una suma importante de recursos de la nación a los departamentos para que el desarrollo, la inversión no se dé desde la capital sino que cada departamento y municipio resuelva sus necesidades básicas insatisfechas a través de los recursos del sistema”, dijo.
Vega señaló que el rechazo del gobierno es entendible. “El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, no le ha dado un concepto favorable. Es entendible porque del presupuesto general van a perder recursos de inversión del Gobierno nacional, pero el país va a ganar con esta inversión a través de las regiones. Es decir, estos recursos no los va a invertir el Gobierno Central desde Bogotá, desde unos proyectos estructurados desde el piso 26 del DNP sino que van a ser estructurados en las regiones, en los municipios más necesitados y en los departamentos”, sostuvo.
El representante por Cundinamarca, Buenaventura León, del Partido Conservador, también manifestó su respaldo a la iniciativa. “La nación, en los últimos 15 años, ha dejado de girarle a las entidades territoriales $138 billones, $77.5 billones a la educación, por la fórmula como se ha aplicado. El SGP, que fue una creación del Constituyente del 91, ha tenido varias modificaciones y lo que buscamos con este acto legislativo es que mínimo el 35% de los ingresos corrientes de la nación se los giren a los departamentos, a los municipios y a los distritos para que puedan atender sus obligaciones en materia de salud, educación y servicios públicos”, dijo
León indicó que para los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría el SGP es su principal fuente de financiamiento. “Por eso estamos abogando que se haga justicia con los entes territoriales. Este es un verdadero instrumento de descentralización administrativa, financiera y política. No es suficiente entregarle responsabilidad a los entes territoriales, sino que hay que entregarles recursos”, expresó.
Oposición
El representante por Risaralda, Gabriel Vallejo, del Centro Democrático, expuso varios reparos a la iniciativa. “Nos parece que fijar un porcentaje sin haber analizado de dónde van a salir los recursos es un acto irresponsable. Aquí lo que le estamos diciendo a los colombianos, a los departamentos y municipios, es que vamos a aumentar el Sistema General de Participaciones, que todos sabemos tiene unas destinaciones específicas, pero le vamos a recortar a los subsidios sociales, le vamos a recortar a la infraestructura de transporte. Creemos que la manera en que se enfoca no es la adecuada”, dijo. “Es una cifra sacada del sombrero con la que finalmente no se explica de dónde van a salir los recursos. Es claro que con las cifras se van a afectar unas partidas del presupuesto general de la nación y los recursos son limitados”, agregó.
Para Vallejo, “el proyecto no consulta ni hace un análisis de la proyección del sistema general de participaciones de cara a 2030. Es una realidad que el sistema en la medida en que la economía crezca va a tener un aumento importante. El impacto que tiene este porcentaje es de cerca de $14 billones que tendrán que reducirse del presupuesto general de la nación”, dijo y remarcó que “lo que están pidiendo los colombianos y lo que estamos pidiendo los representantes de la provincia colombiana es que se haga una reforma estructural al SGP que obviamente se adecue a las necesidades actuales”.
El representante por Bogotá, Edward Rodríguez, también del Centro Democrático, calificó la iniciativa como un “capricho” de algunos sectores. “Una reforma constitucional tiene que tener unos criterios técnicos, jurídicos y una visión de país. Lo que representa este acto legislativo es un capricho de algunos sectores que quieren cobrarle al gobierno la interlocución. He hecho un llamado para que la constitución se toque cuando realmente sea necesario. Segundo, para que se genere un diálogo institucional y, tercero, para que nosotros pensemos en cómo promover una política de descentralización con cero corrupción y promoviendo ante todo la participación ciudadana”, dijo.