Para nadie es un secreto que cuando se menciona el tema del Fracking en Colombia, genera ciertas discrepancias en dos sectores. Por un lado, podría decirse que las empresas nacionales o extranjeras mayoritariamente son los interesados en realizar este tipo de actividades en los diferentes puntos del territorio que cuentan con mayor reserva de minerales, con el fin de generar ganancias para el país.
Mientras que, en un segundo grupo, se contemplan las administraciones, concejos, asambleas y ciudadanía en general, ya que consideran que esta práctica afecta el ecosistema y perjudicaría el entorno de las poblaciones.
Recientemente, la polémica se centró en el municipio de Puerto Wilches (Santander), luego de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) anunció la realización de una audiencia pública en la que explicarían todos los aspectos relacionados con el piloto de fracking ‘Kalé’, uno de los proyectos que tiene para desarrollar Ecopetrol en el país.
No obstante, el Concejo Municipal pidió a la autoridad que se postergara este diálogo, ya que consideran que esto agudizaría la conflictividad socioambiental que se vive actualmente en el territorio.
“Las comunidades del municipio de Puerto Wilches han mostrado en diversos movilizaciones y acciones su rechazo mayoritario a la técnica del fracturamiento hidráulico por los riesgos e impactos que esta práctica traería para nuestro municipio, dejando en evidencia que no existe licencia social para el desarrollo de los proyectos piloto de fracking en nuestro municipio”, explicaron los corporados en una misiva dirigida al ente ambiental.
Adicionalmente, señalaron que, hasta el momento, no han accedido al Estudio de Impacto Ambiental entregado en el pasado mes de noviembre de 2021 a la ANLA, ni a la información adicional aportada por Ecopetrol en enero de 2022, ya que cuestionaron que son “archivos demasiado pesados que por los problemas de conectividad propios no han podido ser descargados y, además, manejan un lenguaje técnico incomprensible para las comunidades y para quienes integramos el Concejo”.
Agregaron que “la celeridad que la ANLA ha imprimido al proceso de otorgamiento de la licencia ambiental, se ha realizado a las carreras y sin garantizar una participación informada en las decisiones que nos afectan como wilchenses, por lo que los derechos a la participación y al acceso a la información de los integrantes del Concejo y de las comunidades, se encuentran vulnerados”
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Finalmente, advirtieron que de que no seguir con esas indicaciones, convocaran a movilizaciones para rechazar “la imposición de fracking en el territorio”
Vale recordar que la Asamblea de Santander también se refirió a las prácticas que se desarrollan en el territorio. Uno de ellos fue el diputado Ferley Sierra, quien sostuvo que por unanimidad la corporación rechazó esta práctica en el territorio, “lo que envía es un mensaje para todo el país, de que todo el departamento está en contra del fracking”.
Agregó que la Gobernación, por medio de la Secretaría del Interior también rechazó este método extractivo, y que la corporación firmó una proposición enviada al presidente, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Minas y al Congreso para respaldar los proyectos de ley que busca prohibir el fracking en el país, así como un llamado a la ratificación de los compromisos ambientales que se han dicho a nivel internacional.
Respuesta al Concejo
Ante estas peticiones, la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, que también recibió copia del comunicado de los corporados, señaló que la ANLA es la única autoridad administrativa competente para decidir si se cancela o no la audiencia pública ambiental en el país.
Igualmente, frente a la advertencia de posibles movilizaciones en el municipio, el organismo de control sostuvo que es de gran preocupación porque se estaría presumiendo que el Concejo Municipal estaría desconociendo lo previsto en la Constitución Política y en la Ley sobre los escenarios para dar a conocer la posición y expresar las opiniones frente al proyecto propuesto, lo que corresponde a una audiencia pública.
Además, la Procuraduría invitó a que se realicen estos espacios “sin traumatismos, obstaculizaciones, afectaciones, sabotajes, o vías de hecho en general, llamados a debilitar, minimizar y afectar precisamente el ejercicio efectivo del derecho participación y de acceso a la información de los ciudadanos interesados en conocer los efectos e impactos que pueda generar el proyecto y las medidas de manejo propuestas para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar sus impactos, así como aportar sus opiniones, observaciones, informaciones y documentos”
Cabe recordar que, en septiembre del 2019, el Consejo de Estado aprobó la realización de los proyectos piloto de fracking en el país, por lo que la entidad le recordó a la corporación que mientras se estén vigentes estas normativas, deben ser de cumplimiento obligatorio.
Actualidad del Proyecto
En días anteriores, los resultados del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto Piloto de Investigación Integral Platero fueron radicados por Ecopetrol ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
El trabajo se realizó en el municipio de Puerto Wilches, Santander, y su estudio hace parte del proceso de obtención de la licencia ambiental del proyecto. La radicación del documento se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante 9 meses, en un área de 11.151 hectáreas, que comprende 11 unidades territoriales.
Pese a las observaciones del Concejo y la Asamblea, las autoridades ambientales sostuvieron que las comunidades y autoridades participaron de forma permanente en este proceso, a través de escenarios de comunicación en doble vía, con el fin de nutrir el estudio con las diferentes observaciones. En total, la organización indicó que se desarrollaron más de 70 espacios de socialización a través de rondas informativas, pedagógicas y piezas comunicativas.
Los resultados del estudio aportan información científica relevante para la ejecución del plan piloto, así lo señaló Gabriel Combariza, vicepresidente de Yacimientos No Convencionales de Ecopetrol. “El Estudio de Impacto Ambiental representa un ejercicio juicioso que nos permite conocer en detalle el área de influencia de Platero, contar con una línea base a la que haremos seguimiento en la ejecución y establecer medidas de manejo ambiental para proteger los ecosistemas”.
El estudio contempla un Plan de Contingencia y de Gestión del Riesgo que identifica los peligros potenciales, las medidas de mitigación y las acciones contempladas para el manejo de contingencias, con el fin de proteger a la comunidad, los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el suelo y el aire, entre otros aspectos. Además, el estudio introduce al menos 16 tecnologías de mínimo Impacto (TMI), orientadas a la minimización de perjuicios ambientales y a la reducción de riesgos.
De manera tal, que Ecopetrol ratifica su compromiso de ejecutar Proyectos piloto de Investigación Integral con criterio científico, bajo un marco de transparencia, con mecanismos de información y participación ciudadana, con total respeto por las comunidades y, en especial, garantizando el cuidado del medio ambiente
con la aplicación de tecnologías de mínimo impacto en el desarrollo de las obras.
El freno en el Congreso
En múltiples oportunidades, el Congreso de la República ha debatido el proyecto de ley que busca la restricción del fracking en el territorio colombiano, con el fin de proteger las reservas y los recursos naturales que posee la nación.
No obstante, las ponencias no han tenido grandes respaldos por las bancadas mayoritarias en el legislativo. Actualmente, se encuentra en curso la iniciativa del representante Cesar Pachón, pero esta no ha sido designada para la comisión correspondiente en el Congreso.
“En la aplicación del principio de precaución ambiental se prohíbe la utilización de la Técnica de Fracturamiento Hidráulico Multietapa con Perforación Horizontal – FH-PH para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables de hidrocarburos en roca generadora de yacimientos no convencionales en todo el territorio nacional”, expresó el congresista en la ponencia publicada.