A través de la Resolución 1193 con fecha del 11 de noviembre de 2020, el ente de investigación asignó al fiscal 7 delegado ante el Tribunal adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Daniel Ricardo Hernández Martínez, “para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación suscitada por lo dispuesto en la providencia del 21 de octubre de 2020 proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”.

El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria le pidió a la Fiscalía investigar a Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria por los posibles delitos penales en los que hayan podido incurrir después del tiempo de terminación de su periodo legal y constitucional.

La Corte Suprema tomó esa decisión tras revisar un fallo firmado por los magistrados Garzón y Sanabria relacionado con el levantamiento de medidas cautelares dictadas sobre bienes entregados por el desmovilizado Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, alias ‘el Mellizo’ para reparar a víctimas del paramilitarismo.

El máximo tribunal, en ese momento, le solicitó a la Fiscalía General, investigar las posibles responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los dos juristas de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por permanecer en sus cargos a pesar de que sus periodos vencieron en 2016.

La Corte consideró, al remitir el caso a la Fiscalía General, que “surge irrebatible que los nombrados, en especial con fundamento en la sentencia SU-355 de 2020 de la Corte Constitucional, actualmente no ostentan la condición de magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura”.

Más aún la Corte consideró que Garzón y Sanabria “no ejercen, a la fecha, el cargo de magistrados, cuya participación en la deliberación y votación de la ponencia –sobre ‘el Mellizo’- no concurre, ni puede concurrir, a la conformación del quórum deliberatorio y decisorio en la saliente Sala Disciplinaria”.

Frente a la decisión de la Fiscalía, ayer trascendió que el pasado 29 de octubre los dos magistrados enviaron un oficio al fiscal Francisco Barbosa en el que explican que ostentan la calidad de magistrados y le pidieron “abstenerse” de iniciar cualquier investigación en su contra pues dicen que su “juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”.

Por ello, el jefe del ente acusador ordenó al fiscal Hernández Martínez, analizar las providencias suscritas en las que estuvieron vinculados los dos magistrados para argumentar en qué tipo de conductas penales estarían inmersos.

Y es que además del caso del ‘Mellizo’, los magistrados Garzón y Sanabria fallaron la acción de tutela en la que se ordenó separar al magistrado de la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Torres, de la investigación contra el exministro Luis Alfredo Ramos Botero.

Se recuerda que en virtud de la reforma constitucional de 2015, se ordenó la eliminación de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que será reemplazada por la Comisión de Disciplina Judicial, para lo cual tanto el Gobierno nacional como la Judicatura ya comenzaron el proceso de integración de las respectivas ternas para que el Senado sean quien elija a sus siete integrantes.

Los magistrados Garzón y Sanabria, justamente, han dicho que por no haber entrado a regir esa nueva instancia es que han permanecido en sus despachos. Incluso, pusieron sus cargos a consideración del Congreso.