Después de que la exsenadora Piedad Córdoba asegurara el pasado jueves que tiene información sobre el crimen del líder político Álvaro Gómez Hurtado, la Fiscalía General la citaría como testigo para declarar en la investigación por este magnicidio que fue declarado de lesa humanidad y por tanto, no prescribe.
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No obstante, la Fiscalía no precisó si la citación será en calidad de testigo o en versión libre.
La exparlamentaria había dicho que está dispuesta en acudir ante la Comisión de la Verdad para hablar sobre estos hechos y lo ocurrido en el conflicto armado.
Córdoba dijo a la W Radio que “no tengo información de chisme, tengo información muy seria, muy clara, muy contundente que sería muy importante que los que hicieron lo que hicieron también lo confesaran porque eso le ayuda al país, esto ha sido una guerra y un conflicto absolutamente largo”.
Añadió “creo que va a ser muy importante lo que voy a decir allá (en la Comisión de la Verdad), no solamente de ese tema sino de otros temas que creo que son muy importantes para la verdad”. Aseguró que sabe de dónde salió la orden de asesinar al líder político y tiene las pruebas.
La exparlamentaria liberal indicó que “han salido demasiadas versiones y lo más importante es que se sepa la verdad y que se tiene que saber, así me maten, así pase lo que pase”.
Ayer el periodista Mauricio Gómez, hijo del líder conservador asesinado, escribió en una columna “Piedad Córdoba, conocida amiga de Ernesto Samper, dice que tiene pruebas de que a Álvaro Gómez Hurtado lo mataron las Farc. Una tesis vieja y absurda que no tiene el menor asidero probatorio”.
La investigación
El próximo 2 de noviembre se cumplirán 25 años del magnicidio del excandidato presidencial y dirigente político conservador Álvaro Gómez Hurtado, que a pesar del tiempo transcurrido las investigaciones no han avanzado para establecer los responsables y cuáles fueron los motivos.
Sin embargo, este año se han dado algunos hechos que podrían favorecer un impulso a la investigación, como que el pasado 13 de febrero, al asumir Francisco Barbosa como fiscal General, el presidente Iván Duque le pidió trabajar para esclarecer el magnicidio como “símbolo de la lucha contra la impunidad”.
Desde entonces, la Fiscalía ha tomado decisiones destinadas a darle un nuevo dinamismo a la investigación. Por ejemplo, a mediados de abril pasado la Fiscalía 190, de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, le remitió una copia del expediente a la fiscal delegada ante la Corte Suprema, tras encontrarse que, presuntamente, un aforado constitucional podría estar vinculado al magnicidio. El nombre del supuesto vinculado, sin embargo, no trascendió en medio de la reserva sumarial.
De igual manera, a finales de abril la representante a la Cámara por el Partido Liberal, Kelyn González, integrante de la Comisión de Investigación y Acusaciones, anunció que reabriría una causa que existe hace muchos años en esa instancia contra el expresidente Ernesto Samper.
Incluso, la Parlamentaria alcanzó a solicitar al CTI que escuchara en versión libre al exmandatario liberal, bajo cuyo gobierno se produjo el magnicidio de Gómez Hurtado, quien era fuerte crítico del entonces Mandatario debido al escándalo del llamado “Proceso 8.000”.
A la par de ello se ha insistido en que se amplíen las declaraciones de varios de los narcotraficantes y paramilitares extraditados en los últimos años a Estados Unidos, algunos de los cuales han dicho que tienen información respecto a los móviles, autores materiales e intelectuales del crimen de Gómez Hurtado. Entre los interrogatorios que más interesa ampliar están los de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, y Ramón Quintero Sanclemente, alias ‘RQ’.
En criterio de la familia Gómez, el asesinato fue un crimen de Estado, tesis que expuso Enrique Gómez Hurtado (QEPD) en el libro “¿Por qué lo mataron?”.
Varias pistas que se han seguido en la investigación han resultado falsas. No obstante una condujo a Héctor Paúl Flórez, quien fue condenado a 39 años de cárcel por el magnicidio porque supuestamente fue uno de los que dispararon al carro al que subió Gómez Hurtado tras salir de dictar una clase en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá.
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La familia Gómez piensa que esta persona no tuvo que ver con el crimen por las contradicciones que, considera, existen en las pruebas aportadas. Incluso, presentó un recurso de revisión ante la Corte Suprema para que analizaran nuevas pruebas testimoniales que ubicaban a Flórez en Sincelejo en el sepelio de la mamá de uno de sus amigos cuando se produjo el crimen.