Fernando Carrillo advierte que la corrupción es la hija predilecta del clientelismo. Sobre roces con uribismo, dice que no propicia ni entabla peleas con ningún partido. Urge más agilidad de la JEP. Frente a gabelas a delincuentes de cuello blanco, plantea reforma a subrogados penales para reducir beneficios. En cuanto al caso Odebrecht advierte que aún falta conocer a los máximos responsables. Por último le insiste al presidente Duque que lidere gran acuerdo nacional

 

 

EL NUEVO SIGLO: ¿Pese a que la norma es un rey de burlas, como se comprueba cada campaña electoral, por qué seguir manteniendo la prohibición de que los funcionarios públicos participen en actividades proselitistas?

FERNANDO CARRILLO: Nuestro gran reto como sociedad es precisamente hacer respetar la ley y asegurar la transparencia, la imparcialidad y la ética pública en las elecciones. La corrupción es la hija predilecta del clientelismo. Y el clientelismo es una patología estructural de nuestro sistema político pues destruye los equilibrios que deben garantizarse en una competencia electoral. No podemos olvidar que una de las causas principales de la corrupción en Colombia es la contaminación electoral: puestos, contratos, prebendas a cambio de votos y financiamiento ilegal. Se hipotecan las administraciones públicas para asegurar resultados electorales y perpetuarse en el poder los mismos socios de las contrataciones, quienes pagan su elección con los recursos públicos. El abuso del poder se agudiza en época electoral en Colombia y correr la cerca para legitimar la intervención en política sería un disparate. Así lo dispuso la Constituyente y seguirá siendo así hasta que la política se modernice.

ENS: ¿Cómo  piensan actuar en este proceso electoral?

FC: Vamos a continuar en la lucha por el Voto Limpio en Colombia. Ya la Procuraduría ha tomado decisiones para impedir la participación electoral de funcionarios de alto nivel nacional; ya hemos hecho desmontar vallas colocadas anticipadamente; y ya arrancamos con el control a los flujos de recursos en campañas y sobre las contrataciones públicas. No vamos a bajar la intensidad de esa vigilancia. Que sepan los servidores públicos que si quieren hacer política que renuncien a sus cargos y que no abusen de ellos. La ética pública y de lo público es el gran déficit que tenemos como país en este momento. Parafraseando a Luis Carlos Galán, Colombia está de vacaciones éticas hace rato. O recuperamos la ética o el país se nos disuelve entre las manos.

ENS: ¿Cómo es posible que Colombia continúe teniendo un código electoral desueto y anacrónico, mientras que ya asoman otra vez delitos electorales como trasteo de votos, financiación sospechosa…?

FC: Es una gran tarea pendiente del Estado actualizar las normas y la estructura electoral. Por ejemplo, aún existen vacíos en materia de publicidad exterior visual en el caso de candidatos que recurren a firmas o a consultas o a sondeos para ser seleccionados. Es decir, faltan herramientas jurídicas, sin desconocer de otro lado la vigencia del nuevo régimen penal en materia de delitos electorales, que debe ser conocido y cumplido por todos quienes ejercen esa actividad. Desde el Ministerio Público ya desplegamos la estrategia nacional de vigilancia electoral, con el apoyo de más de cuatro mil funcionarios y la presencia en todas las etapas del proceso. Lo haremos con más fuerza en este proceso electoral de 2019. El financiamiento de las campañas sigue siendo la alcantarilla de la política y causa de los mayores hechos de corrupción del sistema.

 

Pulso por la JEP

ENS: La Procuraduría ya conceptuó que la solicitud de extradición de ‘Santrich’ debe pasar a la justicia ordinaria, pero la JEP nada que toma una decisión. ¿No hay términos en esta jurisdicción especial que obliguen a decidir?

FC: Como en la justicia en general, existen términos procesales que han venido cumpliéndose. No obstante, es tiempo que la Sala de la JEP proceda con inmediatez a tomar una decisión, pues están cumplidos todos los pasos y tiempos y el país exige conocer los resultados de este incidente de garantía de no extradición. La Procuraduría como sujeto procesal, continuará atenta a hacer valer el orden jurídico y ejercer los recursos que sean del caso. Hemos sido muy críticos de algunas decisiones de la JEP pero creemos que con su estigmatización solo terminan las víctimas pagando los platos rotos.

ENS: Dada la cantidad de recientes polémicas algunos analistas sostienen que pareciera que el Centro Democrático tiene una pelea casada con el Procurador, sobre todo por temas relacionados con la JEP. ¿Qué hay de cierto?

FC: El Procurador General no propicia, entabla ni asume peleas, menos con partidos o dirigentes políticos. Por fortuna, no tengo carnet ni represento ningún partido político. En medio de la radicalización y las posturas extremas, el Ministerio Público defiende la ideología de la Constitución, esto es, actúa para hacer valer el orden jurídico y que se garanticen los derechos, en este caso particular, prioritariamente los de las víctimas. Nuestra lucha diaria es por la vigencia de la Constitución y la ley, tanto cuando pedimos al Presidente avanzar con el trámite de sanción a la ley estatutaria de la JEP, como cuando pedimos se diera vía libre a la extradición de ‘Santrich’.

Esta es una Procuraduría que no defiende ni ataca a un partido político o a otro, ni a una ideología o a otra, ni a un credo o a otro. Esta es y debe ser una Procuraduría de todos, que respeta las diferencias y exige respeto a la tolerancia y a la aplicación de la ley. Que nos ataquen con tanta virulencia desde los extremos es la mejor evidencia de que vamos por el camino correcto. Me levanto todos los días convencido de que la Procuraduría debe ser el fiel de la balanza que representa el Estado de Derecho consagrado en la Constitución del 91 que contribuí a redactar y soy el primero en hacerla respetar.

ENS: En medio de toda la polémica sobre si se deja intacto, ajusta o “hace trizas” el acuerdo de paz, surge una pregunta. ¿Se puede establecer, en la realidad jurídica colombiana, una línea clara que diferencie lo que es un ajuste al acuerdo de paz de una medida para reversar algún elemento sustancial del mismo?

FC: Hay dos criterios esenciales en este punto. De un lado, reconocer los mandatos constitucionales y la lectura que de ellos ha hecho la Corte Constitucional. Respetar y aplicar la doctrina constitucional es la mejor brújula en esta materia. Y lo segundo, poder ejercer desde el Ejecutivo un claro liderazgo que promueva la participación y el debate de todos los actores y sectores del país, para identificar mejoras y asegurar la confianza en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. La rueda de la historia no tiene reversa, pero sí capacidad de acelerar para garantizar la paz con justicia y respeto a las víctimas. Eso nos asegurará como sociedad el futuro. Respecto de lo segundo, el Presidente Duque tiene una gran oportunidad que no puede desperdiciar. Ojalá haga oídos sordos frente a los gritos de las barras bravas de uno y otro extremo.

 

Lucha anticorrupción

ENS: ¿La corrupción le está ganando la batalla al Estado?

FC: No. Cada vez existe más conciencia en la sociedad de lo que aquella representa, como cáncer de la democracia. Cada día se denuncia más, se refuerzan y articulan los esfuerzos de las entidades estatales, para enfrentarla. Por supuesto también cada día los retos son nuevos, pues ahora nos enfrentamos a empresas criminales modernas y sofisticadas, redes de contratación y organizaciones transnacionales estructuradas para corromper funcionarios y extender su influencia ideológica, como lo intentó el Presidente Lula vía la corrupción de Odebrecht. Por ello, tenemos que seguir apostándole a instituciones judiciales y de control fuertes y legitimadas, más que a héroes épicos que libran batallas individuales y temporales contra la corrupción. Hemos dicho que se requiere "más ética que épica" en esta guerra contra los corruptos. La revolución que le falta a este país es la revolución de la ética para recuperar la confianza perdida en el Estado y sus instituciones. 

ENS: ¿Cómo se recupera esa ética de lo público?

FC: Desde la Procuraduría venimos trabajando en diversos frentes. Hemos constituido una gran Red -INTEGRITAS- de académicos y expertos para trabajar temas de ética aplicada a lo público; publicamos una revista del mismo nombre para propiciar el debate en Colombia sobre la probidad y la integridad, cuyos dos primeros números presentaremos en la próxima Feria del Libro; con la U de Salamanca impulsamos una cátedra iberoamericana sobre Ética Pública; con EL NUEVO SIGLO publicamos una columna periódica llamada CONEXIÓN ÉTICA para dar espacio a esas nuevas ideas; con Universidad de Pennsylvania, Columbia University y la Facultad de Economía de Los Andes trabajamos en la constitución de un Laboratorio de Ética; con la Escuela de Ética y Gobierno de la Javeriana organizamos un gran Congreso de Ética Pública y Sector Privado en el mes de julio; y nos recorremos el país buscando a los jóvenes para que se sumen a esta iniciativa de luchar por la ética pública en nuestro programa de #SerProcuradorEs. Necesitamos que la recuperación de la ética se convierta en un diálogo diario y permanente entre los colombianos. 

ENS: Lujos y flexibilidades insólitas en el pabellón de parapolíticos, acusados de corrupción y otros delitos de cuello blanco en La Picota. ¿Qué mensaje le envía esto al país?

FC: Hay presos de alto nivel, condenados por corrupción que se sienten acreedores de privilegios especiales. Pero la ley es para todos y la corrupción no debe pagar. Lo segundo, que es necesario revisar es la política de subrogados penales, los mecanismos de beneficios por colaboración y, en general, la política crimonológica del país, para evitar por ejemplo que quien se roba el dinero de la alimentación de los niños en el PAE, termine libre en dos o tres años. Eso es indignante e inaceptable. Lo tercero, que el principal rechazo a los corruptos debe ser el de la sociedad; no podemos tolerar que desde las cárceles se sigan impartiendo instrucciones políticas para coordinar campañas como ocurre en Cúcuta y que sean los mismos candidatos y ciudadanos los que acepten ese liderazgo ilegítimo y espurio. Nuestro umbral de tolerancia frente a la corrupción es bastante alto. La mínima sanción social se convierte a veces en un incentivo para los corruptos. Por eso hay que atacar esas dinámicas sociales y políticas que fomentan o subvaloran la corrupción. Y perseguir los bienes de los corruptos como prioridad absoluta. 

 

Caso Odebrecht

ENS: Hay polémica por las bajas condenas, con casa por cárcel a bordo, para algunos implicados en el caso Odebrecht. ¿No se aplica aquí el viejo refrán de que ‘la justicia es para los de ruana’?

FC: Quienes ostentan altas posiciones públicas o privadas pretenden blindarse y abusar de ellas para salir indemnes, pero no lo logran ni lo lograrán. Hoy por ejemplo Odebrecht tiene una condena por corrupción que le obliga reparar en más de 800.000 millones de pesos a la sociedad colombiana. En este episodio, el más emblemático de la corrupción de última generación en la región, la Procuraduría continuará en su batalla porque se conozca la verdad de todo lo ocurrido, requiriendo a las autoridades brasileras y brindando pleno apoyo a las labores a cargo de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esa historia aún no ha terminado porque aún desconocemos quiénes fueron los máximos responsables del peor escándalo de corrupción acaecido en América Latina en las últimas décadas.

ENS: En Brasil y Perú caen presidentes y expresidentes por el caso Odebrecht. La opinión pública colombiana se pregunta ¿por qué en Colombia no pasa nada al respecto?

FC: Ha pasado y va a pasar más. Por lo menos la Procuraduría General no va a frenar sus esfuerzos por sancionar disciplinariamente a todos los implicados y por exigir que se conozca la verdad plena de esta corrupción corporativa estructurada que pretendió doblegar a varios Estados de la región. No dejaremos de insistir en que la cooperación internacional judicial debe funcionar ahora que Brasil tiene un nuevo Gobierno en el cual el juez Sergio Moro -gran artífice del descubrimiento del escándalo- es hoy el Ministro de Justicia de Brasil. La verdad sobre Odebrecht no puede quedar a medias.

ENS: ¿Cómo entender que ya se estén denunciando irregularidades en el PAE si, se supone, que el año pasado se lanzó un nuevo modelo blindado?

FC: Advertimos que los anuncios sobre el nuevo PAE apenas se referían a temas de financiación pública y que debían reforzarse las acciones en materia de transparencia y control. Aún, por ejemplo, los contratos del PAE carecen en un alto porcentaje de interventorías adecuadas y es reiterada la falta de capacidad de las entidades territoriales por hacer cumplir el PAE con oportunidad y calidad. Estamos investigando y sancionando conductas de años pasados, pero igualmente avanzamos en la vigilancia a la operación actual del PAE.  Seguiremos produciendo resultados en esta materia permanentemente, pues nos lo exigen la educación y la salud de más de cinco millones de niños en Colombia.

 

Duque y el acuerdo nacional

ENS: Desde múltiples sectores se está proponiendo un acuerdo nacional de gran espectro para superar la polarización en temas como la JEP y el acuerdo de paz. ¿Lo ve viable?

 FC: Sí. Eso espera el país. Con liderazgo y participación abierta de todos los sectores es posible lograrlo. Desde tiempo atrás he promovido una acción así, justamente cuando expuse al Presidente de la República el criterio de la Procuraduría en cuanto a la improcedencia de la formulación de objeciones a la ley estatutaria de la JEP, lo invité a liderar un acuerdo así, con él de promotor de pactos y soluciones dialogadas a los problemas nacionales. Ojalá prevalezca la sindéresis y la ponderación sobre los intereses particulares, que por demás, tienden a recrudecerse en vísperas de las elecciones. Como alguien ha dicho, los mapas binarios de la política no son útiles en sociedades tan fracturadas como la nuestra. A esa cartografía política que los extremos nos quieren imponer, le faltan grandes consensos, acuerdos, pactos de Estado o simples puentes para superar el estado de crispación en que nos encontramos. No me cabe duda de que si el Presidente realiza una convocatoria en esos términos, puede lograr una gran convergencia y bajarle la temperatura a tanto radicalismo nocivo que sigue suelto. 

ENS: ¿Dada la alta cantidad de concejales y diputados investigados por fallas en la elección de personeros y contralores, no cree que debería ajustarse esta norma?

FC: Lo que corresponde es cumplir las normas que regulan los concursos para la selección de estos entes de control. En la Procuraduría hay más de 200 actuaciones disciplinarias por hechos relacionados con este tema. Hay que erradicar la politiquería y las malas prácticas en estos casos. Insólito lo ocurrido en ciudades como Neiva y Cartagena, que evidencia el nivel de penetración de mafias y carteles de contratistas para apoderarse de personerías y contralorías. Investigar y sancionar a quienes violen la ley de una parte; de la otra, asegurar una estricta vigilancia para los próximos procesos, y mucha veeduría ciudadana, como la mejor aliada en esta lucha.

ENS: Los plásticos de un solo uso ya se prohibieron en Europa y otros lugares del mundo. ¿Qué pasa en Colombia, según reciente campanazo de la Procuraduría?

FC: Que aún falta la voluntad política para asumir las grandes decisiones en esta materia. Desde la Procuraduría estamos librando una batalla por generar conciencia sobre la responsabilidad con el medio ambiente y la protección de la vida del planeta, incluida la de sus habitantes. Somos uno con el entorno; no hay comunidades y ríos, hay una común unidad entre las personas, los ríos y los mares, y así con el entorno. Por fin las ciudades empiezan a reaccionar para enfrentar los problemas de la contaminación ambiental. Desde Santa Marta, con el apoyo de Carlos Vives y su Fundación, formulamos recientemente el gran pacto por combatir el uso irresponsable del plástico. Esa es la ruta que nos hemos trazado y para ello haremos los esfuerzos regulatorios, de vigilancia y sanción que se requieran.