Líderes del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) anunciaron que no acudirán a la justicia ordinaria por el magnicidio confeso del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido el 2 de noviembre de 1995.
Los abogados del presidente del partido, Rodrigo Londoño, y del senador Carlos Antonio Lozada presentaron ante la Fiscalía un memorial en que reiteran la “disposición de sus defendidos de aportar verdad y presentarse ante la justicia en el caso del homicidio de Álvaro Gómez Hurtado”, pero aclararon que dicha diligencia se realizará ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según la defensa de los líderes de la colectividad, la JEP “es la instancia creada y normada a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, entre la antigua guerrilla y el Estado colombiano, con el fin de aplicar justicia en los hechos realizados en el marco del conflicto civil y armado”.
“El documento alerta sobre las afectaciones al procedimiento constitucional enmarcado en las normas que regulan la relación entre la justicia ordinaria y la JEP y la improcedencia constitucional y legal de citarlos a comparecer ante la Fiscalía General”, dice la colectividad en un comunicado.
La Farc explica que con esta decisión se busca el “respeto de una garantía constitucional: el principio del non bis in ídem (en español 'no dos veces por lo mismo') que se encuentra estipulado en el inciso cuarto del artículo 29 de la constitución”, que establece que quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
“En este caso, los comparecientes estarían siendo citados por un mismo hecho a dos jurisdicciones diferentes, lo que representa una abierta violación al principio reseñado”, indica el partido.
Finalmente, los líderes de la Farc aseguran que ellos y su equipo jurídico no se oponen “a la solicitud del traslado de pruebas en el marco de la colaboración armónica entre la JEP y la Fiscalía General de la Nación”, no solo en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sino en todos aquellos no esclarecidos por la Fiscalía y en los cuales “se están haciendo aportes a la verdad como parte del compromiso asumido por los firmantes de paz”.
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Este anuncio llega un día después de que el presidente Iván Duque, quien no ha ocultado su crítica y descontento sobre el reconocimiento de responsabilidad de la antigua guerrilla en este caso, dijera que la investigación sobre dicho magnicidio “tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”.
Durante un evento en la Universidad Sergio Arboleda con ocasión de los 25 años del homicidio del periodista y líder político, Duque reprobó el que ahora “aparezcan grupos a adjudicarse semejante magnicidio, pero con responsabilidades indeterminadas” e indicó que “pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petimetre procesal al servicio de quién sabe quién”.
Al mismo tiempo, reiteró que hay miembros de “ese secretariado (de las Farc) que no están en el proceso transicional y que siguen estando en la competencia de la Fiscalía”, y agregó que aquellos que desde “el lado transicional se arrogan el haber sido participantes o conocedores” también pueden ser confrontados por el ente acusador.