Para hermana de diputado asesinado por la guerrilla, aún hace falta que se repare a las víctimas del conflicto

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Tras 13 años del asesinato de su hermano y otros 10 diputados vallecaucanos, Ángela María Giraldo dijo que aún hace falta que las Farc demuestren con hechos las palabras que firmaron.

EL NUEVO SIGLO: ¿Hubo un verdadero reconocimiento de los derechos de las víctimas luego del acuerdo de paz?

ÁNGELA MARÍA GIRALDO: El tema es complejo. Los familiares de los diputados siempre estuvimos a favor del acuerdo de paz y quisimos la reintegración de las Farc, e hicieran parte de la vida civil porque sentíamos que esa era la manera que esto volviera a suceder.

En ese sentido participamos tanto en la construcción del acuerdo, como en su formulación y además hemos participado en los instrumentos del acuerdo, hemos contribuido de las declaraciones a la JEP, pero obviamente sentimos que no todo lo que nosotros esperábamos se ha cumplido. Hay cosas que están pendientes y cosas que no se hicieron como nosotros hubiéramos querido.

ENS: ¿Cuáles son esos deseos que ustedes tenían como víctimas y que no se cumplieron?

AMG: Para la sociedad hubiera sido más conveniente verlos reparar a las víctimas. Nosotros estuvimos a favor de la justicia transicional, pero hay métodos para hacerlo.

Somos conscientes que es mejor que estén en debates en el Congreso a que estén armados, pero lo ideal es que el proceso de transición hubiera sido por pasos y no de manera inmediata.

ENS: ¿Siente entonces que se aprovecharon de las víctimas?

AMG: No solo las Farc. En Colombia, sin importar quién es el presidente, si es de derecha o si es de izquierda, todos terminan utilizando a las víctimas y los procesos de paz para el beneficio propio. Lo que pasó con el tema de las camionetas en este Gobierno, que tomaron unos dineros del Fondo de la Paz, es inaceptable; o lo que pasó con el expresidente Santos, quien por un Nobel de Paz terminó agilizando el proceso. Las Farc ahora están usando la filosofía que ellos tanto criticaron.

ENS: Las Farc no hablan de secuestro, sino de retenciones. A usted como víctima, ¿qué le parece ese discurso?

AMG: Las Farc siempre han sido muy manipuladores con el uso de la palabra y siempre han buscado utilizar los términos para camuflar lo que ellos hicieron.

Independientemente del término que se utilice hay que ser claros que aquí hubo una violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Ellos lo pueden llamar retención, secuestro, toma de rehenes, como quieran. En un comienzo ellos decían que los secuestrados políticos eran prisioneros políticos, lo cual no es cierto porque ellos eran políticos, jamás tuvieron armas, eran actores desarmados y apostaron a la vía democrática y no a la vía de las armas para llegar al poder.

Las Farc siempre han querido usar el discurso para evadir las responsabilidades. Aquí tenemos que tener claro como colombianos, es que hubo una violación al Derecho Internacional Humanitario, que sacaron a unos civiles de su lugar de trabajo, que los sacan bajo engaño, pues entraron a la Asamblea usando prendas militares y dijeron que había explosivos en la Asamblea. Los montaron en una buseta rumbo a la selva y los tuvieron en condiciones infrahumanas por cinco años hasta matarlos.

Las Farc hubieran podido liberarlos en cualquier momento durante esos cinco años. No era necesario que los tuvieran tanto tiempo y tampoco que los expusieran en zonas de combate. Mientras que estas personas indefensas estaban en zona de combate, los jefes, el Secretariado de las Farc, estaban en zonas sin conflicto.

Ellos pueden llamarle a los secuestrados como ellos quieran, pero lo que debe quedar claro es que las palabras no cambian los hechos. Aquí lo que hubo fue una violación al Derecho Internacional Humanitario y eso según el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional tiene penas de cárcel. Ellos tienen que ser juzgados y condenados, una violación de este tipo no puede pasar impune.

ENS: ¿Cuál es la reparación que usted espera de las Farc?

AMG: Nosotros le enviamos una carta al Procurador en la que pedimos que haya garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas. En la carta decimos que las Farc y el Estado deben contar todo lo que pasó y deben rendir testimonio todos los que estuvieron involucrados. Además perdimos que los máximos responsables del secuestro y asesinato de los diputados deben ser investigados, sancionados y cumplir con las sanciones. Junto a esta exigencia también pedimos que los bienes incautados y entregados por las Farc deben servir para reparar a sus víctimas.

Así mismo, es deber del Estado reconocer su responsabilidad en este caso. Nosotros exigimos, porque el pasado 3 de diciembre de 2016, durante el acto de reconocimiento de responsabilidades de las Farc en Cali, el Estado colombiano se comprometió con reconocer su responsabilidad y aún lo hace.

Nosotros sabemos que días antes del secuestro, los diputados informaron por escrito que las medidas de seguridad eran deficientes y solicitaron que las mejoraran. El Estado hizo caso omiso. Por eso debería haber una responsabilidad.

Además, los diputados permanecieron cinco años y medio secuestrados, pidiendo que el Estado facilitara la negociación. Advirtieron que estaban en zonas de combate y sus vidas corrían riesgo. Los familiares también imploramos lo mismo. El Estado fue negligente. El Estado, además, no garantizó dos derechos fundamentales de los diputados consagrados en la Constitución colombiana: el derecho a la vida y el derecho a la libertad.

Sabemos, también, que quien ordenó el asesinato de los diputados fue alias el ‘Grillo’ y esta persona no ha hablado. Adicionalmente a eso, las Farc no han entregado el dinero y ellos se limitaron con decir que habían dicho en donde estaban las caletas con ese dinero, pero no sabemos si el Estado lo recuperó.