A pesar de que todos saben en dónde están los focos de la corrupción administrativa y política, hace falta que las autoridades también se ocupen de buscar las pruebas y no esperar actuar a partir de la denuncia.

Así lo considera el senador Rodrigo Villalba (Partido Liberal), quien dijo que a pesar de la reforma a la ley de contratación pública y nuevos instrumentos como la Ley Anticorrupción, la corrupción sigue enquistada en el país.

¿El Estatuto Anticorrupción será suficiente para frenar la ola de carruseles de la corrupción?

Yo creo que el Estatuto Anticorrupción abre una rendija, pero aquí, además de las leyes, lo que se necesita es voluntad política y hay que hacer Inteligencia. Y no es la voluntad política solamente del Gobierno, sino de los órganos de control y la Fiscalía porque, por ejemplo, recientemente todo el país supo que los Personeros del país en un noventa y pico por ciento les dieron plata en actos de corrupción a los concejales para comprar su elección.

Y uno dice eso y entonces el investigador le dice a uno ‘tráigame la prueba’; los delincuentes no hacen eso para dejar pruebas, pero si el investigador con funciones de policía, con el Estatuto Anticorrupción y con los demás instrumentos legales, va y se mete allá y se mimetiza, y va al municipio y habla con cualquier persona, le dice qué concejales le dieron plata, y si se toma una cervecita con un concejal, esa misma noche él confiesa cuánto le dieron.

Entonces tiene que haber Inteligencia para buscar la prueba, que no sigan esperando que las personas denuncien, porque ahí nos quedamos. Todo el mundo sabe que para elecciones los candidatos van y compran dirigentes, todo el mundo lo sabe, pero no va y dice. Que nadie respeta los topes electorales, eso es corrupción, es delito.

Igual ocurre para los carruseles; los carruseles todo el mundo sabe quiénes son los preferidos, todo el mundo sabe quiénes son los funcionarios encargados de hacer el pliego de licitación, y ahí van arregladas las condiciones para determinados contratistas, todo el mundo sabe eso.

¿Qué impacto tendrá en el tema de contratación la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas?

Es más para obras de gran impacto, es como un complemento para el proceso concesionario en el país, donde se establecen unas reglas del juego donde el sector privado participe con plata, porque es que ahora la mayoría de las concesiones se las están ganando unos amigotes del gobierno de turno con la cédula.

Entonces sí privilegia un poco la contratación, pero pone al particular a que aporte un porcentaje de plata.

Fue reformada la Ley 80 de Contratación…

Sí, eso se reformó y salió la Ley 1150, que modifica algunas cosas en lo que tiene que ver con la cuantía, pero estamos en una cultura del atajo, de los avivatos, aquí dicen que hecha la ley, hecha la trampa.

De tiempo atrás no respetar la Ley 80 o la 1150, cualquiera que sea, son las universidades, los gremios, la Federación de Cafeteros, hacen convenios con todos ellos para no hacer licitación pública, y a través de eso están dando a dedo los contratos.

Esto que digo yo lo sabe la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, y yo creo que están haciendo un buen papel. Yo soy el primero que reconozco el papel que está haciendo el Procurador, la Contralora, la Fiscal y el Auditor General, yo creo que estamos en buenas manos, pero esas entidades de ahí para abajo son muy pesadas.