El país espera decisiones por escándalos como el ‘Cartel de la Toga’ y la corrupción promovida por Odebrecht  

Tras la vacancia judicial, aprovechando las festividades de fin de año, los altos Tribunales retomarán la agenda a partir de esta semana en donde tienen que resolver varios asuntos  gruesos que vienen del año anterior, como la sentencia de exequibilidad o no de la Ley de Procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz, en el caso de la Corte Constitucional, y los procesos por su presunta participación en hechos de corrupción de los exmagistrados Jorge Pretelt y Gustavo Malo, en lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, entre otras decisiones.

Corte Constitucional

Varias son las decisiones clave que no alcanzó a tomar el alto Tribunal en 2018, una de estas es sobre la Ley de Procedimientos de la JEP, la última norma que aprobó el Congreso de la República sobre la implementación del Acuerdo de Paz.

La Ley de Procedimientos de la JEP fue aprobada por el Congreso de la República a finales de junio pasado, no obstante la decisión sobre la constitucionalidad o no de esta norma pasa porque primero el alto Tribunal resuelva una demanda que el 1 de agosto pasado presentaron la Comisión Colombiana de Juristas y de Justicia contra varias disposiciones que el Centro Democrático impulsó incluir en el texto.

La ponencia acerca de esta demanda está a cargo del magistrado José Fernando Reyes Cuartas.

Las disposiciones demandadas de esta ley tienen que ver con la creación de un procedimiento “especial y diferenciado” para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido crímenes en el marco del conflicto armado. Establece además un término de 18 meses para que el Gobierno y el Congreso de la República presenten ese procedimiento.

También se destaca la decisión que debe tomar la Corte por la solicitud del Gobierno de reiniciar las fumigaciones aéreas a los cultivos ilícitos, posiblemente con el herbicida glifosato. Precisamente el alto Tribunal iniciará el estudio con una audiencia pública que se desarrollará este mes o a más tardar en febrero próximo.

El Gobierno trabaja en los protocolos para que se ajusten a los exigentes requisitos que estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T 236 de 2017 para volver a poner en práctica este método que se usó por más de tres décadas con el apoyo de Estados Unidos, pero que fue suspendido hace cuatro años por la entonces administración de Juan Manuel Santos, aduciendo razones de precaución por el medio ambiente y la salud humana.

La ministra de Justicia, Gloria Borrero, explicó es esa oportunidad que “no hemos descartado el glifosato, es la sustancia más efectiva para la aspersión aérea. Estamos es construyendo los protocolos y dividiendo el país por zonas para evitar mayores afectaciones”.

Corte Suprema

En octubre de 2017 se inició el juicio contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, después de que el Senado lo desaforara al acoger la acusación que hizo la Cámara por el delito de concusión, pues supuestamente pidió $500 millones al abogado de la firma Fidupetrol para ayudarle en una tutela que se tramitaba en esta alta Corte.

Este fue el primer caso de un magistrado juzgado por la Corte Suprema; pero ya no es el único pues en diciembre pasado la plenaria del Senado aprobó la acusación en contra del suspendido magistrado de este mismo alto Tribunal, Gustavo Malo, quien resultó salpicado en el denominado ‘Cartel de la Toga’ por presuntamente pedir dineros a cambio de torcer procesos en la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma la Corte Suprema está pendiente, su nueva Sala de Instrucción, de reactivar la investigación preliminar al senador Álvaro Uribe y al representante Álvaro Prada por los delitos de soborno y fraude procesal, en un supuesto caso de manipulación de testigos con la intención de favorecerse con sus testimonios en investigaciones al expresidente y además incriminar al también senador Iván Cepeda.

Adicionalmente el alto Tribunal debe avanzar en varias investigaciones contra ex congresistas, como es el caso de Álvaro Ashton, actualmente privado de la libertad, investigado por concierto para delinquir agravado en un caso de parapolítica, también involucrado en el caso Odebrecht, el ‘Cartel de la Toga’ y el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

También por el ‘Cartel de la Toga’ la Corte investiga al exsenador Musa Besaile y al exsenador Bernardo Elías por las coimas de Odebrecht, entre otros. Los dos están privados de libertad.

Caso aparte es el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, a quien la Corte llamó a juicio desde hace cinco años y aún no le resuelve su situación en un supuesto caso de parapolítica.

Consejo de Estado

En diciembre pasado El Consejo de Estado admitió una nueva demanda de nulidad contra el acto administrativo por medio del cual se reglamenta parcialmente “el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias prohibidas” (Artículo 1º del Decreto 1844 de 2018), decreto que fue firmado por el Presidente de la República, la Ministra del Interior, la Ministra de Justicia y del Derecho, y el Ministro de Defensa Nacional.

La demanda interpuesta buscaba que se declarara la nulidad por inconstitucionalidad del decreto, sin embargo fue admitida como una demanda de nulidad contra actos administrativos de carácter  general.

De igual manera el alto Tribunal en segunda instancia debe resolver las apelaciones contra fallos de pérdida de investidura que dictó en 2018 a una veintena de congresistas y ex congresistas.

Entre los procesos que fueron apelados y se encuentran en segunda instancia está el de Aida Merlano, quien perdió su investidura en septiembre pasado por violar los topes máximos establecidos por la ley para su campaña política para el período constitucional 2018-2022.

También fueron apelados los fallos de pérdidas de investidura de los ex congresistas Bernardo Miguel Elías, y Plinio Olano, ambos por el escándalo de Odebrecht.