Luego de que el Consejo de Estado dejara sin efecto la suspensión provisional (emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca) de la sanción fiscal que la Contraloría de Bogotá le impuso al exalcalde Gustavo Petro, la senadora Aida Avella, de la Lista de la Decencia, dijo que hay una persecución política.

El jueves el magistrado Oswaldo Giraldo revocó la determinación del Tribunal por considerar que la Sala Unitaria del Tribunal no tenía competencia para emitir esa decisión por tratarse de un organismo colegiado que conoce del caso en primera instancia.

“El auto fue expedido para que el Tribunal ahora en sala adopte la misma decisión o se pronuncie sobre la suspensión provisional que fue solicitada en la demanda, ya no por el ponente sino para que se pronuncie en sala”, dijo Giraldo.

El magistrado explicó que “esa es la decisión que se tomó aquí en el Consejo de Estado, lo que quiere decir que sobre la suspensión provisional solicitada aún no hay una decisión definitiva, ya que el magistrado Dimaté no podía proferir ese pronunciamiento personalmente. En consecuencia, requería que sus compañeros de sala igualmente se pronunciaran sobre la misma”.

“Lo que se ha hecho es remitirle al Tribunal la decisión que el magistrado Dimaté tomó para que sea la sala que se pronuncie sobre el particular. Eso es lo que hasta el momento el Consejo de Estado ha hecho sobre el asunto”, agregó.

Sin embargo, para la senadora Avella esta decisión y las demandas que se han presentado “hacen pensar que hay un ataque coordinado contra la oposición política en Colombia. Un ataque para sacar a Gustavo Petro de otra candidatura presidencial y un ataque de los que siempre han tenido el poder para continuarlo”.

Manifestó además que “realmente lo que se está haciendo aquí es una encerrona para que la oposición política no funcione en Colombia” y enfatizó en que “cuando no nos matan tienen otros elementos para sacarnos”.

Frente al anuncio del Consejo de Estado, Avella dijo que la oposición se movilizará e interpondrá recursos internacionales. “La Unión patriótica, cuando el genocidio, nos tocó sacar la demanda a la Comisión Interamericana de la OEA y efectivamente ahora, seguramente que vamos no solamente a la comisión interamericana, sino que este problema va a tener que ir a la ONU, precisamente porque el derecho a la oposición y el derecho a la opinión no se tiene en cuenta en Colombia, se extinga el pensar distinto y diferente”, señaló.