Un juzgado de Medellín falló a favor del exalcalde Sergio Fajardo y otras cuatro personas implicadas para que sean escuchados en la Contraloría.

Fajardo había interpuesto una tutela para que tuviera igualdad de derechos, pues según su defensa tuvo muy poco tiempo para responder a las acusaciones de la Contraloría.

"De esta manera resulta entonces que se vulnera un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado; se amenaza, cuando ese mismo bien jurídico, sin ser destruido, es puesto en trance de sufrir mengua, de tal manera que la acción de tutela está llamada a prosperar, cuando los hechos que pueden implicar violación de los derechos fundamentales no se han producido, pero existe razón objetiva, fundada y claramente establecida en cuya virtud se pueda considerar - con miras a su protección- que existe una amenaza cierta y contundente contra ellos", afirma el fallo.

Con esto, el juez ordena que en 48 horas siguientes a la emisión del fallo notifique a los accionantes que que en el término de 10 días pueden responder a las acusaciones.

El caso 

Los imputados como presuntos responsables son: los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos; los exalcaldes de Medellín, Aníbal Gaviria y Fabio Salazar; los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Federico Restrepo.

En el caso de Fajardo, la Contraloría lo señala de acciones y omisiones al no cumplir con todas las responsabilidades que tenía frente al proyecto como miembro de la Junta Directiva y no cuidar de la megaobra. 

En cuanto a Ramos, Gaviria y Salazar, estos también deberán responder por omisión en la falta de cuidado en el proyecto de la Hidroeléctrica. 

Cabe recordar que la crisis de Hidroituango empezó después de un desprendimiento parcial de material que llevó al taponamiento de uno de los túneles de desviación que llenaría el embalse de la hidroeléctrica con aguas del río Cauca, por lo cual se produjo la inundación del cuarto de máquinas, la alteración del caudal del río Cauca y la evacuación de 25.000 personas que vivían en el área de influencia.

Según reveló la Contraloría en 2019,  $4 billones ha dejado la contingencia en el proyecto, lo que representa un millonario impacto fiscal para las finanzas públicas. Según el organismo de control, $2,9 billones corresponden a la destrucción ocasionada por la contingencia y 1,1 billones de pesos a las perdidas que produce el atraso de la obra.