El Gobierno considera que la lucha contra la corrupción amerita de un ajuste estructural a la administración de justicia

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Indignación. Ese es el sentimiento que hoy embarga a todo el Estado colombiano y a la ciudadanía ante la escalada de libertades provisionales y permisos legales para muchos de los condenados por delitos graves contra la administración pública.

Y es que en la última semana de diciembre de 2018 dos jueces de Ejecución de Penas de Barranquilla –el juez Cuarto, Jaime Carlos Mastrodoménico Urbina, y el juez Primero, Jorge Enrique Gómez Urueta- concedieron la libertad condicional a los ex contratistas Guido Nule y Mauricio Galofre, así como la casa por cárcel a Emilio Tapia, todos vinculados al ‘carrusel de contratos’ en Bogotá.

Pero no fueron los únicos beneficiados con estas decisiones. El mismo juez Cuarto de Barranquilla un día después de la Navidad también le concedió un permiso especial de 72 horas a Manuel Nule Velilla, vinculado a los mismos hechos de corrupción en la Capital del país.

Mientras, un juez de Cali concedió la detención domiciliaria al polémico empresario del sector camionero Pedro Aguilar, condenado a 10 años de prisión.

Estas personas se suman a la ya larga lista de vinculados y condenados por defraudar las arcas del Estado y que hoy gozan de libertad condicional o casa por cárcel por razones tan variadas como buen comportamiento, trabajo y estudio, ser cabeza de familia, no representar un delito para la sociedad, o porque ya cumplieron las tres quintas partes de su sentencia.

Entre muchos otros figuran: el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz; el exsecretario jurídico del IDU, Inocencio Meléndez; el excongresista Germán Olano; el exconcejal de Bogotá, Hipólito Moreno; el expresidente del Invias, Andrés Jaramillo; el exsenador Iván Moreno; la excontratista Paola Solarte; el excontralor distrital Miguel Angel Morales-Russi; y el expersonero de Bogotá, Francisco Rojas Birri, entre tantos otros.

Recursos de ley

El procurador Fernando Carrillo apeló la libertad de Guido Nule, pues “el juez no tuvo en cuenta la gravedad de sus delitos” por los que fue condenado a 21 años de cárcel, y porque “aún no ha reparado a las víctimas”.

La Fiscalía, por su parte, abrió investigación penal por las “masivas libertades” a varios de los procesados por el escándalo de corrupción del ‘carrusel de contratos’ en Bogotá que defraudó al erario de la ciudad en más de $500.000 millones.

Mientras tanto, los organismos de control no se explican cómo a Nule Velilla, condenado a 19 años de prisión, se le concede un permiso especial de 72 horas para salir de la cárcel El Bosque de Barranquilla.

En todos los casos, el ente acusador pidió al Consejo Superior de la Judicatura establecer si los jueces encargados de estos procesos actuaron dentro del marco legal.

Por su parte, la Procuraduría General anunció la creación de un grupo especial de apoyo jurídico para evitar nuevas excarcelaciones de personas vinculadas a delitos graves contra la administración pública.

“A partir de hoy vamos a constituir un grupo de vigilancia especial a esos procesos de macrocorrupción, pues con delitos de este tamaño los beneficios penales no se pueden poner en marcha”, dijo el procurador Carrillo Flórez.

Según el funcionario, esas decisiones “lesionan la confianza de la administración de justicia, genera desconfianza en la ciudadanía con respecto a las instituciones de justicia”.

Frente a la excarcelación de protagonistas del ‘carrusel de contratos’, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez calificó estas decisiones como “una burla a la justicia”, y rechazó que “los corruptos están viviendo como reyes en las cárceles”.

Reforma a la justicia

Estas decisiones judiciales pusieron nuevamente en el ojo del huracán a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien en varias declaraciones de prensa ha dicho que los jueces han actuado bajo la autonomía que les otorga el Estado de Derecho.

En el caso de los empresarios Nule, Galofre y Tapia, la Ministra explicó que ellos fueron juzgados con las normas penales de su momento, que son las mismas que han aplicado los jueces. “Las normas actuales son más drásticas, pero ya no aplican para las personas que quedaron en libertad, pero no por ello se puede hablar de crisis en la justicia”, afirmó.

La funcionaria consideró que los jueces “tienen que aplicar un paquete de beneficios judiciales que pueden conceder y que están en la ley”, y agregó que los otros sujetos procesales –Fiscalía y Procuraduría- se han encargado de presentar los recursos legales a que haya lugar.

“No podemos menoscabar la independencia de los jueces porque eso le hace daño al estado de derecho. Si ha habido errores judiciales esperemos a ver qué pasa con esos recursos que interpuso el Procurador”, aseguró Borrero.

No obstante, la Ministra recordó que una de las banderas de este Gobierno es la lucha contra la corrupción, y por ello se ha venido trabajando en dos direcciones: una, la presentación nuevamente de un proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, y el acompañamiento de los proyectos presentados a consideración del Congreso y que hacen tránsito legislativo.

“Esta indignación nacional tenemos que canalizarla para luchar contra la corrupción y ver qué reformas a la justicia se requiere”, sostuvo.

Al respecto, dijo que el presidente Iván Duque ya sancionó la ley que elimina la detención domiciliaria para delitos contra la administración pública, y hay otras normas similares en el proyecto de ley sobre probidad.

También, dijo, se está trabajando para disminuir el hacinamiento carcelario, acabar con los privilegios en algunos pabellones y en presentar reformas que mejoren la administración de justicia para hacerla más cercana al ciudadano.

“La reforma constitucional a la justicia la vamos a llevar a la cumbre del presidente Duque con los partidos políticos, vamos a sondear el ambiente que hay para esa reforma, y estamos trabajando con la Rama Judicial en el proyecto de Misión Justicia para ver qué tipo de reforma quieren presentar las altas Cortes. Ahí el Gobierno tomará una decisión”, concluyó.