Un fuerte llamado de atención para que el Estado cumpla los compromisos que pacte con las comunidades en materia de reivindicaciones sociales, formuló el procurador Fernando Carrillo durante la instalación de la ‘Audiencia Anticorrupción’ que se realizó  en Cali.

Al intervenir en el Centro Cultural Comfandi, el jefe del Ministerio Público se refirió a dos casos particulares: el de la Minga indígena del Cauca y la de Buenaventura.

Carrillo dijo que lo ocurrido en Caldono, a donde acudió el presidente Iván Duque para revisar, precisamente los acuerdos que se firmaron la semana pasada, “tiene que revaluarse”, ya que el encuentro se frustró por la intransigencia del CRIC de no delegar un grupo reducido de sus representantes al lugar donde los esperaba el Jefe de Estado.

“Esto fue un retroceso. Cómo es que por no delegar a un grupo de personas, nos enfrascaos en una discusión de si eran 400, 800 o más los que iban a hablar con el Presidente, y se frustró ese encuentro. Eso hay que revaluarlo”, reafirmó.

Con relación a lo mismo dijo de Buenaventura que “nosotros, desde la Procuraduría, fuimos los artífices de los 48 acuerdos suscritos el año pasado con el Gobierno de los cuales muchos no se han cumplido en especial en salud y educación”.

Por ello, el Procurador General indicó que el país no estuviera en esta situación si se cumpliera lo pactado: “Parte de la tragedia que se vive en Colombia es que los miles de compromisos que se han firmado con las minorías y las comunidades étnicas, es que la única capacidad que ha demostrado el Estado es la de incumplir esos compromisos”.

También se refirió al incumplimiento de las autoridades locales y nacionales y la ausencia de armonización entre ellas para la protección de los líderes sociales.

“Nos preocupa todo el exterminio de líderes sociales en Colombia, es una de las grandes preocupaciones de la comunidad internacional. Hemos expedido directivas, hemos iniciado investigaciones disciplinarias, por el asesinato de líderes sociales, porque estamos convencidos de que hacen parte del fracaso de las autoridades nacionales y departamentales de ofrecer garantías de protección”, dijo.

El Procurador General se refirió a las nuevas formas de corrupción que afectan a las comunidades: “Ya no es con el sobre, con el soborno en un contrato, con la presión de un político. Hoy la corrupción se hace con los recursos de los sectores sociales: la salud, la educación, los alimentos escolares”.

Carrillo explicó que es tan dramática la situación que “pareciera que a nadie le interesa la salud o la educación, o los alimentos de los niños. Y lo hacen con una tesis peregrina: que cuando los particulares están involucrados en el desfalco de estos sectores la Procuraduría no debe meterse, cuando se trata de derechos fundamentales consagrado en leyes estatutarias”.

En ese sentido, durante más de tres horas el jefe del Ministerio Público y su equipo escuchó denuncias de la comunidad e informó “una nueva audiencia, porque sé que todos los que tenían que decir algo no pudieron hacerlo”, y para liderarla enviará a sus delegados de salud, educación y medio ambiente.

Al final de la audiencia, la Procuraduría General anunció la apertura de varias investigaciones: pliego de cargos al exgerente del Hospital Universitario del Valle; investigación a la Secretaria de Salud del Valle y dos directores del Hospital Universitario; investigación disciplinaria a 21 concejales de Cali por elección de contralor de la ciudad; investigación disciplinaria al alcalde de Buenaventura, Eliecer Arboleda; proceso disciplinario al Alcalde de Restrepo; indagación al Inpec por presunta fuga de presos de la cárcel de Villahermosa, en Cali; y proceso disciplinario al gerente de Movilidad Futura S.A.S de Popayán.