Los ataques de las FARC la semana pasada a los municipios de Jambaló, Caldono, Belalcazar y El Tambo, en el departamento del Cauca, y los constantes hostigamientos que han vivido estos últimos meses los habitantes de la región motivaron al Gobierno Nacional a decir que era importante aumentar el pie de fuerza en la zona.

Por ahora ya hay aproximadamente siete mil uniformados prestos a combatir con las columnas de las Farc que se movilizan por el Cauca, sin embargo, para el senador Liberal, Jesús Ignacio García, la crisis departamental va más allá de los ataques que ha la población ha sufrido, para él hay un grave problema socio – económico, que se debe combatir.

García también le contó a esta diario sobre algunos artículos que incluiría el proyecto del fuero militar y que desde ya empezarán a generar controversia a nivel político y de opinión pública.

EL NUEVO SIGLO: ¿El Cauca tenía un esquema débil de seguridad?

JESÚS IGNACIO GARCÍA: No, porque el pasado gobierno estableció el batallón de alta montaña, Valencia, en el macizo colombiano; se habló también de la creación de otro batallón de alta montaña que hasta ahora no se ha podido implantar porque no se han encontrado terrenos para poder cumplir las instalaciones; tenemos un batallón especial; se estableció una brigada en el Cauca, es decir, que el anterior gobierno hizo grandes esfuerzos por aumentar el pie de fuerza

ENS: Si hay esquemas de seguridad, entonces ¿Cuál es la falla?

JIG: Nosotros realmente creemos que en lo que se está fallando por parte de la fuerza pública es la inteligencia, porque uno no se explica como los carros bombas, los cilindros bombas los están colocando al frente de las instalaciones de Policía, entonces creemos que por ahí hay una falla, no sabemos que explicaciones tengan las fuerzas armadas sobre el particular.

ENS: ¿Aumentar el pie de fuerza en el Cauca es la solución?

JIG: En el fondo hay un problema socio – económico porque en el Cauca tenemos minería ilegal y cultivos ilícitos. Nosotros creemos que buscando allí donde  ha habido explotaciones ilegales no se legalice a esta gente, sino que a través del nuevo código de minas se le de una debida protección a los derechos ancestrales que tienen sobre esas minas y buscar que el estado les de apoyo para que se puedan desarrollar como empresarios de las minas y no simplemente facilitar que las trasnacionales lleguen al departamento del Cauca a explotar los recursos naturales sin beneficio para la población.

ENS: ¿Qué hacer con los cultivos ilícitos?

JIG: Nosotros hemos venido pidiendo, de tiempo atrás, no más fumigación. Las comunidades están dispuestas a buscar formas alternativas de ingresos, entonces lo que nosotros estamos buscando es que el estado le de a esos campesinos de la zonas donde están los cultivos ilícitos otras alternativas de producción, de generación de ingresos, precisamente para que salgan de la ilegalidad, porque ante la carencia de empleo, en este caso empelo rural, se involucra la gente en estas actividades. Entonces, creemos que la solución debe ser integral obviamente que tiene que haber fuerza publica pero ante todo hay que atacar esas fuentes de financiación de la violencia y eso tiene que ser con programas de carácter económico.