La Procuraduría presentó una acción popular hace más de un año, pero aún no hay actuaciones de fondo del Gobierno, afirma el funcionario.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la preocupación de la Procuraduría frente a los precios de los medicamentos en Colombia?
GELMAN RODRÍGUEZ: Llevamos dos años advirtiendo de los sobrecostos que están pagando los colombianos a través del sistema de salud o de su bolsillo propio por la falta de control en el precio de los medicamentos. Adelantamos una investigación respecto del mercado cuyas ventas anuales superan los $15 billones y en el que participan más de 3.500 fabricantes, importadores, mayoristas y distribuidores.
El informe final registró tres grandes conclusiones: Primero, el Gobierno nacional ha omitido expedir la Política Farmacéutica Nacional ordenada por el artículo 23 de la Ley Estatutaria de Salud que obliga a regular el precio de los principios activos de los cerca de 76.000 medicamentos que se comercializan en el país.
Segundo, solo 2,5% de esos medicamentos en el mercado contaban con un efectivo control directo de precios; 24% tiene como techo el Precio de Referencia Internacional, y 73,5% restante estaba en libertad vigilada, sin control de precio, por disposición de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos.
Así mismo, el sistema de vigilancia sería insuficiente e ineficaz, y en todo caso ese precario control de precios solo aplica a las compraventas institucionales de medicamentos.
Y, tercero, las EPS, clínicas y hospitales públicos del país, que tienen la obligación legal de comprar medicamentos al precio máximo legal permitido, en realidad los adquieren a precios superiores, habiéndose hallado sobrecostos hasta del 11.600%.
ELS: ¿Nadie vigila o sanciona esos abusos?
GR: Por muchos años docenas de instituciones públicas y privadas han desviado recursos públicos de la salud hacia los bolsillos de funcionarios y particulares mediante la práctica corrupta de pagar los medicamentos a precios superiores al máximo legal, amparadas en la impunidad relativa derivada de las falencias en los procesos investigativos y sancionatorios de la Superintendencia de Industria y Comercio, con pobres resultados de las investigaciones y sanciones irrisorias, que no tienen ningún efecto disuasivo frente al lucro obtenido.
ENS: ¿Qué ha hecho la Procuraduría?
GR: Radicamos en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular en contra de los Ministerios de Salud y Comercio; de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y de algunos de los más cuestionados mayoristas de la cadena de fabricación, distribución y comercialización de medicamentos.
Se ha acudido al juez constitucional para que proteja los intereses colectivos amenazados o vulnerados por las omisiones o la suavidad en el ejercicio de las funciones de regulación y de supervisión por las entidades públicas competentes.
Por ejemplo, del derecho a la moralidad administrativa: ¿No resulta inmoral que, transcurridos cinco años desde la publicación de la Ley Estatutaria, el Gobierno no haya expedido la Política Farmacéutica Nacional para limitar los abusos? ¿No transgrede el derecho a la moralidad administrativa la inexistencia de un sistema de control de precios sobre los medicamentos que se venden al público en droguerías y farmacias? ¿Por qué una madre debe pagar por un jarabe para la fiebre de su hijo un precio 3 o 4 veces superior al que pagaría su EPS, si tuviera acceso a la consulta y/o si efectivamente se lo entregaran? ¿No resulta también contrario a la moralidad administrativa que la EPS o el hospital que lo podría comprar en $5.000 pesos lo compren en $15.000? ¿O que la SIC o la SNS no los investigue, o no los sancione, o que la multa sea irrisoria? ¿Y la pérdida continuada de recursos públicos?
La Procuraduría ha probado que se ha violado el derecho colectivo al patrimonio público por parte de las EPS, IPS, distribuidores y mayoristas, que se han lucrado con los mayores ingresos percibidos por la comercialización de medicamentos a costos superiores a los establecidos en el régimen de control de precios vigente.
ENS: ¿Existe voluntad del Gobierno para corregir estas inequidades?
GR: La acción popular se radicó hace más de un año, la situación en general sigue igual y no conocemos acciones de fondo del Gobierno. Sabemos que detrás de la falta de regulación y de control hay intereses económicos gigantescos, hay muchos nuevos millonarios. La ADRES sigue pagando billones de pesos al año por recobros de medicamentos facturados a precios exorbitantes, aprovechando los meses que toma la Comisión en regular su precio.
ENS: ¿Qué se espera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?
GR: Que proteja los derechos colectivos vulnerados o amenazados y ordene a los Ministerios de Salud y Comercio, a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, y a las Superintendencias de Salud e Industria y Comercio que cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales y expidan una nueva Política Farmacéutica Nacional.
Foto: Gelman Rodríguez, delegado de Salud de la Procuraduría, confía en que muy pronto se expedida un sistema justo de control de precios de medicamentos./Cortesía