Varios legisladores firmaron un pacto con el que buscan regular esta práctica que, a su juicio, ha interferido algunas veces con derechos como la salud y la alimentación saludable

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Para nadie es un secreto que mientras se discuten las leyes más importantes del país hay personas que tras bambalinas defienden los intereses de ciertas empresas y conglomerados y se reúnen en las esquinas o pasillos del legislativo con los congresistas para defender los intereses de quienes representan.

Esto no es un delito. De hecho, en varios países del mundo, como Estados Unidos, esta práctica está regulada y es bien remunerada. Sin embargo, en Colombia esa práctica todavía no está debidamente reglamentada.

En el Congreso los intentos por regular el cabildeo han sido muchos. En la pasada legislatura el senador José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presentó una iniciativa que pretendía regular esta práctica. En el articulado se creaba el Registro Público Nacional de Cabilderos (RPNC) que sería administrado por la Procuraduría General de la Nación y que buscaba consignar la información sobre quienes ejercían esta práctica con nombre, identificación, domicilio, dirección, teléfono y correo electrónico corporativo. Sin embargo, el proyecto no logró ni siquiera su primer debate.

En la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción existen dos artículos que buscan regular esta práctica. Allí se prohíbe “a los exservidores públicos que gestionen intereses privados”.

Se modificó el numeral 22 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, quedando así la prohibición: “Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado”.

Además, otro artículo de la norma asegura que “la autoridad competente podrá requerir, en cualquier momento, informaciones o antecedentes adicionales relativos a gestiones determinadas, cuando exista al menos prueba sumaria de la comisión de algún delito o de una falta disciplinaria”.

Adicional a esto, luego de la consulta anticorrupción fue aprobada la ley sobre mecanismos de rendición de cuentas de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de Juntas Administradoras Locales.

Registros de citas

Durante la discusión se removió el artículo que obligaba a los congresistas a llevar “un registro sobre las citas y reuniones desarrolladas con funcionarios públicos o representantes de intereses particulares que tengan por objetivo la gestión de intereses públicos, la relación individualizada de los asistentes o personas presentes en la respectiva cita, el lugar y fecha de su realización y la materia tratada. Además de una relación de las partidas e inversiones que se hayan gestionado mediante audiencias públicas de priorización de presupuestos, reuniones o proyectos. En dichos registros se deberá indicar, en particular, las actividades desarrolladas para gestionar dichas partidas”.

En este momento no hay ninguna norma en discusión al respecto, pero el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo pretende volver a poner sobre la mesa el asunto. La organización invitó a varios congresistas a firmar el pacto ciudadano por la transparencia en políticas de salud pública y alimentación saludable, que pretende que se regule el cabildeo y que todos los intereses sean discutidos sobre la mesa. De este pacto saldrá un proyecto de ley para regular el cabildeo.

Entre los firmantes están Iván Cepeda, Wilson Arias y Alexander López, del Polo Democrático; María José Pizarro y Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia; Mauricio Toro, León Fredy Muñoz e Iván Marulanda, de la Alianza Verde; y Victoria Sandino y Omar Restrepo, del partido Farc.

“Buscamos la promoción de iniciativas para poner fin a esas acciones que bloquean, obstaculizan, aplazan, dilatan y entorpecen la adopción de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos, como lo son la salud y una alimentación adecuada”, le aseguró a EL NUEVO SIGLO la directora del Colectivo, Soraya Gutiérrez. El objetivo de esta iniciativa será erradicar “las malas prácticas que interfieren con las garantías de los derechos y el alcance del bienestar colectivo”.

Intereses privados y públicos

El representante Toro le señaló a este Diario que “como miembro de la Comisión Séptima de la Cámara he visto lo que ha sido el lobby de algunas industrias. Para todos es conocido la pelea que estábamos dando para que se prohibiera el asbesto en Colombia, durante 16 años la industria se dedicó a torpedear el paso de la prohibición del asbesto en Colombia”.

Y agregó que “con la aprobación de ese proyecto de ley demostramos que por encima de cualquier interés privado está la salud de los colombianos”.

El senador verde Antonio Sanguino aseguró que “no se trata de repartir odios, sino de demostrar la manera irregular como algunos intereses privados hacen lobby en general en todos los asuntos que tienen que ver con la toma de decisiones públicas del Congreso”.

Andrés Hernández, director de la ONG Transparencia por Colombia, le expresó a este Medio que “se ha hablado mucho de poder revelar los intereses de manera abierta, transparente, pero sobre todo que ampare el interés general. Todos tenemos derecho a hablar con nuestros congresistas, por quienes votamos, pero eso debe hacerse de manera abierta. El problema no es que se quieran gestionar los intereses, sino que se gestionan de manera opaca y eso no se ha podido hacer en el Congreso. Ha habido 13 intentos de ley en los últimos 10 años y no pasan porque hay intereses para impedir que se transparente esa relación”.

El proyecto de ley para transparentar el lobby aún no ha sido presentado y todavía no hay una fecha para hacerlo; sin embargo, en el pacto firmado por los congresistas, los legisladores también se comprometieron a “adoptar un protocolo de relacionamiento entre funcionarios públicos y representantes de las industrias; rechazar los discursos públicos que buscan confundir a la ciudadanía sobre supuestas consecuencias económicas negativas por la adopción de medidas que beneficien la salud de la población; establecer veeduría de las acciones de responsabilidad corporativa y regular las acciones de responsabilidad social corporativa en asuntos relacionados con derechos humanos, con un enfoque de cumplimiento de las obligaciones del estado y progresividad en los niveles de garantías de tales derechos, entre otros”.