La Procuraduría General de la Nación decidió mantener la suspensión de Álvaro Leyva Durán, canciller temporalmente apartado de su cargo debido a presuntas irregularidades en el proceso de licitación para la elaboración de pasaportes.

La negativa de la entidad subraya la seriedad del caso y la importancia de preservar la integridad de los procesos gubernamentales.

Durante la jornada de audiencia disciplinaria, celebrada este miércoles, los abogados defensores del canciller Leyva, liderados por Yefferson Dueñas, comparecieron ante la Procuraduría para argumentar a favor de su cliente.

Aunque el canciller no estuvo presente en la audiencia, la defensa planteó que Leyva había delegado la supervisión del proceso de licitación en el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que, según ellos, justificaría la revocación de la suspensión.

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No obstante, el procurador Ernesto Espinosa rechazó esta argumentación al sostener que los fundamentos que llevaron a la imposición de la suspensión seguían vigentes. Espinosa enfatizó en la necesidad de preservar la integridad y la imparcialidad en el proceso de contratación de pasaportes, señalando que las acusaciones contra Leyva son de suma gravedad y requieren una investigación exhaustiva.

“Los motivos, los fundamentos fácticos, las razones, los argumentos que expuso la sala de instrucción el 24 de enero hoy siguen iguales, no han desaparecido, en el proceso contractual siguen. Esto es, la licitación del contrato fue cancelada por ser declarada desierta, una licitación en desarrollo y un contrato ejecutado mediante contratación directa. Ese es el panorama que tenemos hoy 6 de marzo, no han variado, no han sido superados”, precisó el procurador al hacer referencia al estado de los contratos.

La negativa de la Procuraduría de levantar la suspensión implica que Álvaro Leyva continuará apartado de sus funciones como canciller durante un periodo adicional de tres meses. Esta decisión refleja el compromiso de las autoridades en garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los asuntos públicos, especialmente en un área sensible como la contratación pública.

Sobre el caso

La Sala Disciplinaria de Instrucción determinó que el canciller habría cometido dos faltas disciplinarias graves, presuntamente con conocimiento pleno de sus acciones.

En primer lugar, se cuestionó su decisión de declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos necesarios, lo que podría haber infringido los principios de la contratación estatal.

En segundo lugar, se le acusó de haber decretado una urgencia manifiesta durante el proceso contractual sin justificación aparente.

Con el fin de evitar posibles reincidencias en las faltas disciplinarias atribuidas al canciller, la Sala optó por suspender provisionalmente el expediente, considerando su papel como ordenador del gasto de la Cancillería y su responsabilidad en el nuevo proceso contractual para la gestión de pasaportes.

Durante la investigación preliminar, la Procuraduría General recibió la declaración de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien alertó sobre los riesgos de suspender el proceso licitatorio.

Además, se destacó una reunión en un restaurante en París, Francia, entre Jorge Leyva, hijo del canciller, y Juan Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, designado por el canciller para el segundo proceso licitatorio.