En un comunicado que se conoció, el Eln hizo reparos por la intención del Gobierno con la prórroga de la Ley 418, o de orden público, de hacer ajustes para facilitar el sometimiento a la justicia de los grupos armados al margen de la ley, como el ‘Clan del Golfo’. Esta guerrilla considera que de esta forma se le pretende dar un estatus a dichas organizaciones previsto en el Derecho Internacional Humanitario solo a los subversivos que luchan contra el Estado.

“En el marco de la denominada ‘paz total’, un proyecto de ley pretende que estructuras que ejercen violencia sistemática por razón de negocios de lucro y acumulación de capital, tengan el ropaje que el Derecho Internacional solo otorga a partes contendientes; así, implica dos grandes trampas el plausible objetivo de desactivar con método dialógico a grupos criminales que han crecido exponencialmente, por la propia inmersión estructural en la miseria, por la exclusión que rodea a miles de muchachos dedicados al narcotráfico”, señala el texto a nombre del Eln.

Rechazó “calificar a bandas del crimen organizado, sin motivaciones del alzamiento armado, conectadas a los intereses de las élites, como si fueran organizaciones de oposición, amparándose de forma retorcida en requisitos convencionales del Derecho Humanitario”.

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Señaló el grupo subversivo que “bajo el ideal y el eslogan de la 'paz total' se habla ahora (...) de 'agrupaciones ilegales', incluyendo en ese manto al Eln, buscando igualarle en esa tabla a otras expresiones caracterizadas por rasgos diametralmente opuestos a la insurgencia".

Dijo también que hay que distinguir lo que son propósitos de sometimiento judicial que sí deben propugnarse en relación con dichas bandas, “ninguna de las cuales disputa en términos históricos la legitimidad del régimen, como sí lo hace el Eln, razón por la cual somos rebeldes y tenemos nuestra juridicidad, así como unas construcciones sociales y políticas de proyección de país”.

Consideró el Eln la necesidad de reformular un plan de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), “no solo destinado formalmente a esas estructuras instrumentalizadas por los de arriba en función de sus patrimonios y garantías, sino más a fondo, dirigido a la insurgencia del Eln para eliminarla, o sea, el modelo que se aplicó a las Farc recientemente y que ha sido reconocido como un fracaso”, dijo.