Ninguna de las reformas penales que ha hecho el Congreso “está mediada por una política criminal real”, sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO el abogado Francisco Bernate.
“Consideramos que las voces de los científicos del Derecho en Colombia nunca son atendidas. Se menosprecia la labor científica. Es evidente que en Colombia claramente existe un populismo punitivo que no tiene precedentes”, agregó.
Bernate e Iván Cancino, impulsores del Colegio de Abogados Penalistas, le plantearon a este Diario que son muchas las iniciativas que en el Congreso propagan el populismo punitivo.
Cancino expresó que “cada vez que los órganos del Estado son incapaces de crear políticas acuden al derecho penal, porque en Colombia la gente cree que la impunidad es igual a sangre, que para acabar con la impunidad debemos meter presas a las personas, violar sus derechos, violar la presunción de inocencia. Entonces, a cada rato hay populismo punitivo: aumentar penas, crear penas. Y la mayoría de las propuestas ya están en la ley. El Estatuto Anticorrupción tiene todas las cosas que pretendían meter en la famosa Consulta Anticorrupción. El problema de Colombia es no aplicar la ley. Aquí hay una ley para todo. Cuando un político sale a pedir una ley nueva o un delito nuevo ya está en la ley”.
Ambos abogados insisten en que se debe cambiar la mentalidad del país para que el castigo penal no siempre signifique cárcel.
Según Cancino, el camino puede ser “proponiendo políticas públicas. Si mejoramos educación, movilidad, seguridad, el nivel de delincuencia baja. En los países desarrollados, de verdad que tienen un nivel de educación pública y de salud buenos, como en Dinamarca, Suecia y Noruega el nivel de delincuencia es muy bajo. En otros países europeos, su nivel de delincuencia sube, pero no es el de Colombia. Italia, Alemania, Austria, por ejemplo, en que el Estado y la sociedad cumplen su función. Y en Colombia, donde el ciudadano está acostumbrado a juzgar a otro y no autojuzgarse, mire cómo estamos. El primer análisis que tienen que hacer los colombianos es qué quieren de quien comete un delito. Y la respuesta es resocializar a la persona y que no vuelva a cometerlo. Ahí está el meollo del asunto que parece fácil, pero no lo es”.
Bernate, por otro lado, insistió en que “la situación que se vive en Colombia no tiene comparación con una democracia. Nosotros permitimos que una persona pueda pasar hasta cuatro años en detención preventiva, lo cual contradice la Carta Interamericana de Derechos Humanos. La legislación colombiana tiene las penas más altas del Continente. Hay propuestas de prisión perpetua, de pena de muerte. Un Código reestructurado en más de un centenar de ocasiones. Esto precisamente ha llevado a la situación tan caótica que hoy vivimos”.
Con respecto a la reforma a la justicia, ambos penalistas sostienen que esta no apunta a los verdaderos problemas.
Cancino dijo que cree “que la Ministra tiene la mejor intención, pero para la reforma escuchan a la Fiscalía, entonces ellos quieren cárcel, aumento de penas y restricción de beneficios. Así no es la política pública. Nosotros tenemos unas propuestas para cambios que realmente sean de fondo. Con respecto al primer punto de la reforma, por ejemplo, es una locura que un notario cumpla funciones jurisdiccionales. A eso nos vamos a oponer. Esas funciones son de los jueces de la República y eso es norma constitucional. Además, nos vamos a oponer a la propuesta del señor Fiscal, al que le deseamos la mejor de las suertes, que manifiesta que no se pueden vencer los términos. Eso viola todos los tratados internacionales que Colombia ha suscrito”.
Para Bernate, “es increíble que tanto en el proyecto como en los seminarios se pretenda generar una visión de la reforma a la justicia desde el Ejecutivo. Uno extraña que en estos debates no estén los jueces de la República, que son quienes llevan los casos, que no estén presentes los abogados. Es una reforma que en absoluto mejora la situación de la justicia, que desatiende la problemática real y que no va a generar ningún efecto”.