Según el senador Gaviria, las penas irían de 24 a 48 meses de prisión para quienes incurran en esta infracción

Un proyectoque sanciona y castiga como delito el llamado “paseo de la de muerte”, es decir cuando un paciente va de hospital en hospital sin que le presten la atención debida e incluso esa situación termina causando su fallecimiento, podría convertirse en ley en los próximos meses.

Así lo indica el senador José Obdulio Gaviria (Centro Democrático), quien explica los pormenores de la iniciativa, cuyo autor es su colega en la Comisión I, Armando Benedetti (La U).

EL NUEVO SIGLO:- ¿Qué clase de omisiones en el tema de la salud serán sancionadas?

JOSE OBDULIO GAVIRIA:-Es un proyecto que tiene como fin la sanción penal para las personas con función administrativa o médica que nieguen la atención para enfermos graves que llegan a las entidades prestadoras de salud sujetas a la vigilancia de la Superintendencia. Este proyecto establece una pena de 24 a 48 meses para quienes incurran en esta infracción.

ENS:- ¿Por qué algunas entidades sanitarias continúan cometiendo esas omisiones en la atención en los servicios de urgencias?

JOG:-Digamos que hay una deficiencia sistemática, no es un hecho aislado en una ciudad o por parte de una IPS en particular, sino que se ha convertido en algo sistemático. Por eso hay que enfrentarlo con normas que sancionen esa conducta. Se ha intentado varias veces hacerlo. En el gobierno del presidente Uribe hubo una emergencia económica, y esa emergencia económica llevaba una reforma al sistema de salud. Uno de los decretos sancionaba con la pena de cárcel la no prestación de los servicios en caso de muerte del paciente. Al ser declarada inexequible la propia declaratoria de la emergencia, se cayó el decreto que generaba esa sanción. Por eso es necesario hacer hoy lo que estamos haciendo: intentar que el Congreso produzca una ley que convierta en figura penal esa actuación irregular de los funcionarios del sistema de salud.

ENS:-¿Propondrá alguna modificación adicional?

JOG:-Ya está aprobada en primer debate la iniciativa y va para segundo en la plenaria. Lleva algunas modificaciones pequeñas, concretamente será un delito excarcelable, de acuerdo a la nueva redacción de la ponencia. Es decir que podría la persona se condenada a pena de prisión, pero suspendida la misma, aunque queda sometida a vigilancia.

ENS:- ¿Se harán más audiencias públicas para enriquecer la iniciativa?

JOG:-Entiendo que el autor ya ha hecho varias reuniones importantes sobre el tema. Nosotros lo que hemos hecho es presentar la ponencia y explicarla en el seno de la Comisión Primera y ahora en la plenaria.

ENS:- ¿Le ve ambiente en la plenaria del Senado?

JOG:- En la Comisión Primera lo tuvo todo, vamos a esperar si los partidos están de acuerdo, pero entiendo que hay un buen ambiente para ello.

ENS:- ¿Esta clase de leyes ayudarán a evitar casos como el de la semana pasada en Bogotá, donde murió en plena vía pública una señora que no alcanzó a llegar al hospital y le habían aplazado varias veces una cirugía cardiaca?

JOG:-Ese es un caso que sensibiliza y habría que mirar hasta qué punto encaja esa conducta en el tipo penal que se está creando, porque recordemos que es cuando sin justa causa se omita o se nieguen los servicios de salud a una persona cuya vida se encuentre en peligro. Habría que ver si esa omisión con la señora en Bogotá encajó en la figura que estamos creando. Obviamente habría que decir que tampoco sería aplicable para este caso específico, porque la ley penal nunca es retroactiva.

ENS:- ¿El “paseo de la muerte” se incrementa también por la crisis hospitalaria?

JOG:-Eso no hay que verlo aisladamente, hay IPS arruinadas porque las EPS no les pagan, porque el Estado les debe sumas y eso hace que se desarrolle esa cadena de insolidaridad. Hasta hace unos cuatro o cinco años, un poco más, el sistema de salud de Colombia era un ejemplo en todo el hemisferio y  puesto como modelo en los países de América Latina. De hecho era un híbrido bastante eficaz entre el sistema público y el privado, que superaba al privatismo de Chile o al estatismo de los demás países. Pero la falta de interés por lo público por parte del gobierno del presidente Santos ha hecho que entre la salud en una etapa muy parecida a la que tenía antes de la ley 100, es decir antes del gobierno Gaviria.