Esta semana se publicóun informe del London School of Economics (LSE) que concluye que la guerra contra las drogas ha fracasado. El documento, firmado por un grupo de académicos y líderes mundiales, entre ellos 5 premios Nobel, el viceprimer ministro británico y el ministro de Salud colombiano, pide reorientar la estrategia para que esta pase de la restricción a la prevención.

Con esta postura coincide Jairo Téllez, médico toxicólogo y profesor del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Además, asegura que a esto debe sumarse un componente pedagógico para que las personas conozcan los daños de las diferentes sustancias psicoactivas.

El viceministro de salud pública, Fernando Ruiz, fue más allá y habló incluso de avanzar “hacia la búsqueda de alternativas para la despenalización del consumo”, durante su discurso en la 55 sesión ordinaria de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad/OEA). Sin embargo para Téllez Colombia aún está lejos de ese cambio.

El Nuevo Siglo: El informe del LSE pide acabar la ‘guerra contra las drogas’, ¿cómo ve a Colombia en ese camino?

Jairo Téllez:La historia del país ha sido orientada hacia una lucha contra las drogas principalmente de tipo policivo y restrictivo, con algunas características que no califican bien la política del país. Colombia es signataria de las convenciones de Naciones Unidas contra las drogas ilegales. Los países que firman esas convenciones prohíben la producción, comercialización y el consumo de drogas ilegales. Sin embargo, aquí existen algunas normas internas que permiten ese consumo, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la dosis personal; entonces no hay claridad desde el punto de vista jurídico sobre si se busca penalizarlas o permitir su consumo, independientemente de las cantidades.

Eso tuvo un punto de quiebre en diciembre de 2012 cuando fue aprobada la ley de la cual fue ponente Juan Manuel Galán, en la que el Estado cambia la percepción sobre el consumidor: deja de considerarse un delincuente y empieza a ser visto como alguien que necesita servicios de salud pública y debe tener acceso a la red de atención. Pero esa ley fue sancionada en febrero del año pasado, hace casi 15 meses, y no ha sido reglamentada. La reglamentación implica que las EPS se hagan cargo de los tratamientos preventivos y curativos, algo que no se está haciendo.

ENS: ¿Cómo cree que debería abordarse este problema?

JT: Nosotros como Universidad Nacional pedimos que el consumo se separe del problema del narcotráfico y del lavado de activos. Para el consumo debe darse prioridad a la prevención, no a la restricción. Esa prevención debe tender a consumo cero en mujeres embarazadas; hay que fomentar la capacitación sobre los efectos que puede tener no sobre ella sino sobre el feto. También debe haber tendencia cero en menores de 15 años, pues está probado según la investigación científica internacional y nacional que en menores hay un riesgo cercano en 10 veces a uno frente a un adulto, de que estas sustancias, incluyendo la marihuana, genere daños cognitivos.

También pedimos que haya un consumo certificado. Tanto Naciones Unidas como el Ministerio de Justicia y nosotros hemos hecho estudios sobre el éxtasis que la Policía incauta en las calles y hemos encontrado que a las personas les están vendiendo otra cosa. En otros países existen laboratorios móviles que analizan lo que se está vendiendo. Esto es muy importante para darles una seguridad a las instituciones hospitalarias y que el médico sepa a qué se está enfrentando.

ENS: En 2012, el presidente Santos habló de mirar el problema “con otros ojos”. ¿Eso se ha materializado?

JT: Ese giro no se ha dado, y debería darse.La lucha contra las drogas debe hacerse con criterios más preventivos que restrictivos, pero la prevención debe hacerse con comprensión, es decir, que el individuo tenga la facultad de decidir si consume o no al tener una comprensión clara de lo que le puede pasar. Deben existir canales del Estado para que la comunidad pueda acceder a información científica y académica.

ENS:¿Qué tan eficaz puede ser la medida de demoler las llamadas ‘ollas’ de microtráfico?

JT: Al demoler una edificación no se está ni cambiando la cultura de las personas, ni modificando la red de tráfico, simplemente cambian de sitio. Creemos que  no tienen ningún impacto para la salud pública.

(RECUADRO) Otras sustancias

El toxicólogo argumenta que también falta conciencia en el país sobre los efectos de otras sustancias, como lo pueden ser “el grupo de los inhalables y los solventes, como los pegantes o la gasolina, que tienen un potencial tóxico mucho mayor incluso que la marihuana o la cocaína; lo mismo pasa con las plantas alucinógenas”.

JAIRO TÉLLEZes especialista en farmacodependencia y salud ocupacional; y profesor de la Universidad Nacional.