El alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, destaca los alcances de la política Paz con Legalidad, con la que se implementará el posconflicto en Colombia

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EL NUEVO SIGLO: En su último informe la ONU respaldó el documento Paz con Legalidad…

EMILIO ARCHILA: Esta es la primera evaluación trimestral que cubre un período exclusivamente de la Administración del presidente Iván Duque. La ONU ve con buenos ojos no solo la celeridad con que se toman las decisiones que nos corresponde sino también la visión de largo plazo que está contenida en la política de Paz con Legalidad.

ENS: ¿Esa política es exclusiva para los 170 municipios focalizados en el Acuerdo de Paz?

EA: Dentro de la política del presidente Duque existe una propuesta de acción respecto de todos los programas y proyectos en los cuales hay responsabilidad de Gobierno. En esa medida tenemos propuestas para las víctimas, para apoyar la seguridad de los ex combatientes y que ellos puedan ejercer sus derechos políticos; tenemos una propuesta para acompañar la sustitución voluntaria de hoja de coca, para el desminado, para la seguridad económica y social de los ex combatientes. El propósito es que en el mediano y largo plazo se estabilicen los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza.

ENS: ¿Y está prevista para desarrollarse en cuánto tiempo?

EA: En los acuerdos de paz está previsto que se debe hacer una planeación de 10 años con la posibilidad de extenderlos cinco años más. Si recordamos que los municipios de los que estamos hablando son los que históricamente han permanecido más olvidados, es fácil entender que para el Presidente esa planeación es, de verdad, una prioridad.

Prioridades

ENS: ¿Qué se piensa hacer en otras zonas afectadas por la violencia?

EA: Lo que sucede es que con o sin acuerdos de paz, esos 170 municipios son los que necesitamos recuperar primero si no queremos que al cabo de 10 años en lugar de desarrollo en esas zonas volvamos a tener violencia. Ya estamos actuando en varias de esas zonas, como el Catatumbo y Tumaco, pero en todas las intervenciones empiezan ya.

ENS: ¿Cuánto costará el posconflicto?

EA: Los cálculos que se habían hecho por parte de la Administración anterior es que todo el posconflicto debía costar alrededor de $130 billones en un lapso de 10 a 15 años.

Pero la Contraloría estima que muy posiblemente a esos habría que adicionarle $40 billones derivados de promesas que se hicieron en el momento de construir los planes participativos. Eso da alrededor de unos $170 billones.

ENS: Se supone que esos recursos están financiados…

EA: Estamos hablando de un plan a 10 años, y en la forma como se concibió la financiación deben provenir de Presupuesto General de la Nación, de presupuestos de los departamentos y municipios con regalías y OCAD, de participación internacional y también de los privados.

El esfuerzo que ha hecho esta administración implica que nosotros incrementemos los recursos que estaban previstos en el Presupuesto General de la Nación.

Ayuda internacional

ENS: ¿Cuánto suma la colaboración internacional?

EA: Tendría que revisar las cifras, no las tengo a la mano, pero en los dos fondos principales, que son el Fondo Multidonantes y el Fondo Europeo, en ambos se superaron las cifras que venían del año pasado.

ENS: ¿Cómo avanza la sustitución de cultivos ilegales?

EA: El número de familias que se han comprometido con la sustitución voluntaria en toda la geografía del país es de 99.000 familias. Tenemos familias desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Ecuador, gracias a la voluntad de estas familias que han querido pasarse a la legalidad hemos arrancado casi 35.000 hectáreas de matas de hoja de coca.

Más del 95% de esas personas se mantienen firmes a su proceso, eso quiere decir que no vuelven a sembrar ni vuelven a la ilegalidad, y tenemos aproximadamente otras 35.000 familias que pasarían este año de la etapa colectiva a la etapa individual.

ENS: Es decir, el programa ha tenido buena acogida…

EA: Muy grande. La manera de medir la efectividad de este programa, entre otros muchos indicadores favorables, es mirando cuántas de estas familias después de que han erradicado vuelven a sembrar hoja de coca, y el porcentaje de permanencia en la legalidad es siempre por encima del 95%.

ENS: ¿Cómo ve los nuevos rebrotes de violencia en muchos de los 170 municipios focalizados?

EA: Cuando el Presidente llegó a la Administración, en algunas zonas ya se estaban presentando esas violencias, como Catatumbo y Tumaco.

El liderazgo en los temas de seguridad los ha comandado directamente el Presidente con el fortalecimiento de las operaciones militares que han sido muy significativas en número de capturas y desarticulación de bandas criminales en esas zonas. Esta es una política que va a durar lo que sea necesario hasta que logremos desmantelar todas esas bandas criminales.

Para el país tiene que ser evidente la atención que el presidente Duque les ha dado a zonas críticas como el Catatumbo y Tumaco.

ENS: ¿En regiones como Cauca y Antioquia cuál es la situación?

EA: El vocero para temas de seguridad es el Ministro de Defensa. Pero desde nuestra óptica hemos acompañado todos los esfuerzos que ha hecho la Fuerza Pública en absolutamente todos esos sectores.

En lo que corresponde a la protección de líderes sociales el decreto de Alertas y Reacción Temprana Integral por parte de todas las entidades que tenemos responsabilidad, es un paso muy significativo que da los instrumentos para que entre todos podamos proteger a estos líderes.

Rearme

ENS: ¿Tiene cifras de desmovilizados rearmados con otras bandas criminales?

EA: La realidad es que la absoluta mayoría de ex combatientes se mantiene en el programa de reincorporación, están convencidos de que el camino que tomaron es el correcto. Quienes han tomado otros caminos son criminales que se han dedicado al narcotráfico, afortunadamente son los menos, no es la mayoría.

ENS: ¿Cuál será la prioridad de 2019 en materia de posconflicto?

EA: El Gobierno será implacable con las personas que persistan en la criminalidad. Es importante que existan alternativas para que quienes quieren pasarse de la ilegalidad a la legalidad, por eso vamos a tener varios programas y otras alternativas de sustitución voluntaria como las Familias Guardabosques, Formalizar para Sustituir, etc. También estamos trabajando con la Agencia de Restitución de Tierras para que cuando se dé ese proceso sea en zonas donde no volverá a haber coca.

ENS: ¿Qué pasará con las 24 zonas transitorias que sirvieron de concentración?

EA: Originalmente se crearon 24, nosotros recibimos oficialmente 22. Esos espacios siempre se pensaron como espacios temporales. La ley prevé que la condición jurídica de estos espacios temporales debería terminar en agosto de este año, nosotros estamos haciendo un censo con los ex combatientes preguntándoles entre otras muchas cosas cuál es su expectativa frente a esos espacios.

De los resultados provisionales que he conocido hay algunos que no quieren quedarse allí, son poquitos los que no tienen interés de quedarse en esas zonas. Hay otros que quieren mantener esos espacios como parte de solución de vivienda y otros que quieren mantenerlos como parte de su solución de proyectos productivos.

Cuando sepamos exactamente cuántos quieren mantenerse, hay que mirar si lo que esperan es jurídicamente posible, bien por el régimen de la tierra donde están o bien por la voluntad de los dueños de esos espacios que son arrendados.

Si lo que ellos quieren es jurídicamente posible, el Gobierno los va a acompañar en ese propósito pero si lo que quieren no es viable jurídicamente, nos tocará buscar conjuntamente con ellos otras alternativas.

ENS: ¿De esas 22 zonas transitorias, cuántas serían viables jurídicamente de acompañamiento del Gobierno?

EA: Esa respuesta la tendremos a principios de febrero, porque primero necesitamos saber a qué aspiran ellos y luego entrar a establecer si ello es jurídicamente posible o no.

Líderes sociales

ENS: ¿Su despacho cómo recibió el informe del Relator Especial de la ONU sobre el asesinato sistemático de líderes sociales?

EA: Yo invito a todos los lectores a que lean directamente ese reporte. Es un reporte donde se le da un gran apoyo a la política del presidente Duque, y aunque se hace una descripción bastante cruda de la situación que recibimos hace cuatro meses, en diversos frentes muestra la cantidad de medidas que hemos adoptado.

En cuanto a la política de Paz con Legalidad (el Relator de la ONU) aplaude al Presidente, le señala que esa es la ruta que se debería haber seguido y entiende que eran necesarios los cuatro meses para analizar la situación y producir el documento Paz con Legalidad.

ENS: Pero sigue aumentando el número de líderes sociales asesinados en esas zonas…

EA: Esa es una preocupación del Gobierno frente a la cual se están tomando medidas. La Ministra del Interior, que lidera el tema de seguridad de líderes sociales, el Alto Comisionado de Paz, que es el Secretario del sistema, el Consejero para los Derechos Humanos, y lo que corresponde a mi oficina en la seguridad de las Farc en sus distintas manifestaciones, todos estamos trabajando en la dirección de corregir eso que recibimos y que a todos nos preocupa.

ENS: En todo el mundo los posconflictos duran muchos años. ¿En Colombia cuánto podría durar?

EA: El presidente Duque tiene muy clara la responsabilidad histórica que tiene. Entendemos que en muchos frentes que están comprendidos en los acuerdos de paz, el país debería trabajar con o sin esos acuerdos.

Son deudas históricas que tenemos con las víctimas, con los colombianos que están en las zonas más afectadas por la violencia y por la pobreza.

Entendemos que en muchos temas habrá que hacer un gran esfuerzo de temporalidad, estamos asumiendo la tarea de hacer lo que corresponde. Yo tengo la convicción absoluta de que el liderazgo del presidente Duque y las líneas que nos ha dado en su política de Paz con Legalidad son el rumbo correcto para que no repitamos los errores de otras latitudes.

 

Paz con Legalidad, política de estabilización

A mediados de diciembre pasado, el Gobierno nacional presentó el documento Paz con Legalidad, que traza la hoja de ruta en materia de posconflicto y estabilización social y económica, y que aspira beneficiar a más de 7 millones de colombianos que habitan en las regiones más golpeadas por la violencia.

Esta política llegará con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en 11.000 veredas de 16 subregiones en 170 municipios focalizados en el Acuerdo de Paz, y se aspira a desarrollarse en un lapso de 10 a 15 años.

Aspectos clave:

- El Gobierno crea la Mesa de Dirección Estratégica que involucra políticas de paz, drogas, seguridad y protección a líderes.

- La Alta Consejería para el Posconflicto asegurará la ejecución de los recursos.

- La Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación y Normalización durarán máximo 15 años.

- El Fondo de Tierras gestionará 3 millones de hectáreas.

- En el primer semestre de 2019 deberá estar listo el sistema nacional de Catastro Rural Multipropósito.

- Se reforzarán todos los programas de seguridad rural, territorial y de quienes se reincorporaron a la vida civil en actividades políticas.