En 10 días arrancará una de las etapas más decisivas para el Presidente de la República. Tras un primer año de corte de cuentas, corrección del rumbo, altibajos y formulación de la nueva hoja de ruta, los siguientes 12 meses deberán ser los de la consolidación de la gestión. Hay metas y problemáticas coyunturales y estructurales que debe abordar prioritariamente, muchas de ellas difíciles de concretar o enfrentar. Aquí las principales

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1. PIB ENTRE 3,5 Y 4%: tras el crecimiento de 2,8% en el primer trimestre de este año, por debajo de lo esperado, el Gobierno insiste en que este 2019 puede cerrar con un 3,5%, por encima de otros cálculos que apenas si llegan al 3,3% o 3,4%, como máximo. Lo cierto es que el Ejecutivo debe llegar a la mitad de su mandato con un PIB creciendo por encima del 3,5% o incluso apostándole al 4%. Se supone que ya con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en marcha y los efectos tangibles de los incentivos de la última reforma tributaria a las empresas, en agosto de 2020 la economía tiene que haber concretado el despegue que Duque -según el discurso ante el Congreso el 20 de julio- dijo que se presentó durante su primer año de gestión. Todo crecimiento por debajo del 3,5% difícilmente podría calificarse como positivo.

2. CAÍDA DE MADURO: desde el arranque Duque se puso como meta prioritaria liderar la presión internacional para forzar la caída de la dictadura de Nicolás Maduro. Durante este primer año tanto el Mandatario como el Canciller maniobraron todos los días y en todos los escenarios en pos de ese objetivo, incluyendo la legitimización de Juan Guaidó como presidente interino y múltiples acciones ante o desde el Grupo de Lima, la OEA, la ONU, CPI, Acnur, OIM... Sin embargo, el chavismo logró sobrevivir a toda esa presión y Maduro, que alcanzó a estar contra la pared en el primer bimestre, ahora se muestra más sólido en medio de la crisis política, económica y humanitaria de su país. Para Duque llegar a la mitad de su mandato con la dictadura aún viva sería un revés en su política internacional y también en lo local, dado el impacto de la ola migratoria venezolana y el costo de su atención.

3. MENOS DE 100 MIL HECTÁREAS DE NARCOCULTIVOS: cuando arrancó este Gobierno se calcula que la extensión de narcocultivos estaba por encima de las 210 mil hectáreas. Hace unas pocas semanas, el informe de Estados Unidos reveló que estos seguían en 208 mil pero que, por primera vez en siete años, se frenó la tendencia alcista. La producción de cocaína también se redujo de 900 toneladas en 2017 a 887 en 2018. Según Duque en lo que va corrido de su mandato, entre erradicación y sustitución, se han eliminado 80 mil hectáreas (agosto 2018 - julio 2019). La meta para este año es, precisamente, acabar con 80 mil hectáreas, pero el porcentaje de resiembra está en 30%. Así las cosas, contando ya con la posibilidad de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato (aunque con condicionamientos), la meta para la mitad del mandato debería ser tener no más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos.

4. REVERTIR ALZA DEL DESEMPLEO: el último informe del DANE da cuenta de que la tasa de desocupación para mayo fue de 10,5%, lo que significa que habría 2,6 millones de personas sin trabajo. Igualmente se han destruido en el último año (mayo 2018 - mayo 2019) más de 750 mil empleos. El propio Banco de la República advierte que el desempleo es el indicador más preocupante para la economía actual. Según el Plan de Desarrollo la meta para los cuatro años es crear 1,6 millones de empleos y, al mismo tiempo, adelantar acciones para disminuir el desempleo de 9,4% (comienzos de 2019) a 7,9%, cifra que se constituiría en la más baja desde los años noventa. Para alcanzar esa meta la reactivación económica debe ser sustancial en el corto plazo. En ese orden de ideas necesitaría subir el PIB en más de 1 punto en este segundo año (es decir por encima del 3,5%), al menos para volver a la tasa de desocupación de un dígito.

5. REFORMA PENSIONAL: más allá de las coyunturas políticas, la prioridad legislativa del segundo año de Duque debe ser concretar la reforma pensional. El sistema amenaza implosión y la crisis está sobrediagnosticada. Se supone que el proyecto será radicado en diciembre en el Congreso o, a más tardar, en marzo. No será un asunto fácil de tramitar. El Gobierno insiste en que no se debe aumentar la edad de jubilación ni el mínimo de semanas cotizadas. Tampoco afectar derechos adquiridos ni la pensión de sobrevivencia. La vía sería una mejor focalización de subsidios, aumentar la formalidad laboral, pasando de 36,8% al 41,2% y otras medidas para ampliar la cobertura del sistema. No hay que olvidar que hoy en Colombia solo uno de cada cuatro personas mayores de 65 años cuenta con una pensión contributiva. Además, para sacar avante la reforma pensional lo primero que se debe tener es un amplio margen de gobernabilidad sobre el Parlamento.

6. ATERRIZAR ECONOMÍA NARANJA: esta es sin duda uno de los ejes transversales del programa de gobierno de Duque y no en vano tiene un apartado clave en el Plan de Desarrollo. Sin embargo, el reto en este segundo año es aterrizar la economía naranja en políticas, programas y proyectos concretos. Sería ingenuo negar que la opinión pública todavía no comprende exactamente qué es la economía naranja, qué no lo es y cómo diferenciar los incentivos a esta de aquellos que ya están establecidos para distintas actividades tecnológicas, de innovación, culturales, creativas, turísticas, científicas, deportivas y educativas, entre otras. Si Duque quiere hacer de la economía naranja una de sus banderas efectivas, la prioridad es delimitarla y en esa medida podría presentar de mejor forma y más entendible sus resultados. Hoy los críticos señalan que todo se quiere cobijar dentro de esta sombrilla y por eso la meta no impacta ni es reconocible fácilmente.

7. BLINDAJE ANTICORRUPCIÓN: en un país en que no hay día en que no surjan noticias sobre los escándalos de corrupción originados en los gobiernos de Uribe y Santos, empezando por Odebrecht que los salpica a ambos, otro de los grandes retos para Duque es evitar que su mandato resulte involucrado directamente en alguna actuación anómala. Hay que saber manejar con máxima transparencia y rigurosidad los recientes casos de anomalías en las Fuerzas Militares, las actuaciones del actual Ejecutivo en cuanto al espinoso caso Odebrecht, el avance en el Congreso del paquete de proyectos anticorrupción, evitar más tensiones y sospechas en los nombramientos, fijar una postura frente al espinoso caso de la reforma que impulsa el uribismo para establecer la doble instancia retroactiva (que la oposición considera busca beneficiar al exministro Andrés Felipe Arias) así como frente a otros temas que están bajo la lupa  pública. Cualquier error en esos asuntos le pasará una costosa factura política y de imagen al Jefe de Estado.

8. ACELERAR IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO CON FARC: en un país polarizado en torno a la utilidad del pacto de paz con esta exguerrilla y en medio del desgastado pulso político entre quienes consideran que la prioridad de la Casa de Nariño debe ser corregir el acuerdo en temas como la JEP y la participación política de los desmovilizados, y quienes insisten en que lo primero es cumplir lo acordado y no hacerle ‘conejo’ al hoy partido político, la prioridad del Presidente para este segundo año debe ser demostrar de forma fehaciente e incontrovertible que se está cumpliendo al pie de la letra todo el proceso de implementación a quienes no han reincidido en el delito. Si bien es cierto que semana tras semana Duque, sus ministros y altos funcionarios exhiben las cifras y resultados de lo hecho para cumplir el acuerdo habanero, el asunto se politizó, especialmente por cuenta de la izquierda y lo oposición. Frenar el asesinato de los desmovilizados o su alejamiento del proceso es clave.

9. GOLPE A ACTORES VIOLENTOS: neutralizar a uno o varios jefes del Eln, hasta ahora intocables; golpear a más cabecillas de las disidencias de las Farc; capturar, abatir  o forzar la extradición de alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romaña’, ‘El Paisa’ y otros ‘volados’ del acuerdo de paz; así como asestar más golpes a los mandos de bandas criminales como el ‘Cartel del Golfo’ y otros carteles narcotraficantes… Todo ello debe ser prioridad y objetivo 1A de las Fuerzas Militares y de Policía en este segundo año del gobierno Duque. Es imperativo asestar golpes de mano a quienes están reciclando la violencia en muchos territorios dejados por los exFarc así como asesinando desmovilizados y, sobre todo, a los líderes sociales. La dificultad para acabar con la racha de muertes de estos últimos es, de lejos, una de las principales máculas del primer año de Duque.

10. EL DILEMA DE LA GOBERNABILIDAD. Si algo distinguió este primer año es que mientras el Ejecutivo dijo que la “cero mermelada” en el relacionamiento con el Congreso funcionó, al punto que le aprobaron 15 proyectos clave sin dar un puesto ni una partida presupuestal a los partidos, otros analistas consideran que la Casa de Nariño se engaña, pues desconoce que el Parlamento (en donde la coalición oficialista no tiene mayorías en Senado ni Cámara) le hundió varias iniciativas trascendentales como la política, la judicial o las objeciones a la JEP, dejando por momentos la sensación de que el uribismo tiene la Presidencia pero no el poder político. Esta segunda legislatura así como el segundo año de mandato asoman, entonces, como el lapso en donde Duque debe demostrar si su estrategia política es funcional para cumplir sus objetivos y agenda, o si cometió un error al no haber ampliado la coalición oficialista con liberales o Cambio Radical, dándoles cuotas de poder en el Gobierno.

11. RECUPERAR SEGURIDAD CIUDADANA: durante 2018 los homicidios aumentaron (aunque este primer semestre disminuyeron), se dispararon varios delitos de alto impacto (robo de celulares, riñas callejeras, violencia intrafamiliar y otros relacionados con microtráfico y drogadicción), creció el asesinato de desmovilizados y de líderes sociales y se multiplicaron los casos de sicariato y descuartizamiento en varias ciudades… Más allá de lo que indican las frías estadísticas de la Fiscalía, Policía y Fuerzas Militares, que reportan avances positivos en muchos aspectos de seguridad y convivencia ciudadana, en la opinión pública, según se desprende de las encuestas, hay una creciente percepción de inseguridad y de que el Estado está perdiendo la batalla contra el delincuente callejero. Es urgente que en este segundo año el Gobierno logre avanzar de forma significativa en disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto y la inseguridad urbana, más aun tratándose de un gobierno uribista que tiene este tema como bandera política y electoral arraigada.

12. RECUPERAR EL OPTIMISMO: más allá de la polarización política es claro que en la opinión pública hay un marcado pesimismo sobre el rumbo del país. Las encuestas revelan que en muchos campos de acción gubernamental la calificación es marcadamente negativa. Incluso se ‘raja’ al Ejecutivo por asuntos que, en realidad, no están directamente bajo su control o direccionamiento, y sí más en manos del Congreso, Fiscalía o jueces. La cantidad de personas que consideran que el país va por mal camino y que es pesimista frente al inmediato futuro es creciente. Esa una sensación preocupantemente generalizada, que va más allá de la postura personal en torno a si se apoya o no a Duque, y supera incluso el mismo escenario de la polarización alrededor de la utilidad del pacto con las Farc. El liderazgo y accionar de Duque en este segundo año de mandato será determinante para que el país empiece a dejar atrás esa sensación pesimista o se afinque más en ella, con todas sus graves implicaciones.