En el periodo de sesiones efectuado a comienzo de mes en Jamaica, la CIDH se ocupó de la solicitud del senador Iván Cepeda
Un choque entre la Cancillería y el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, se presentó ayer por cuenta de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de sendos comunicados, la Cancillería anunció que la CIDH había cerrado el expediente del caso por incumplimiento de medidas cautelares decretadas por esa entidad continental, mientras que el congresista precisó que no se han archivado las medidas cautelares.
Según la Cancillería, la CIDH “le notificó al Gobierno de Colombia que, en relación con el seguimiento a las medidas cautelares otorgadas al senador Iván Cepeda Castro, tema que fue tratado en su reciente período de sesiones en Kingston el pasado 7 de mayo, la Comisión tomó la decisión de cerrar el expediente correspondiente”.
Cepeda replicó que “por el contrario, en la mencionada reunión quedó manifiesto que persiste la situación de riesgo para la vida del senador Iván Cepeda, y no existe ninguna comunicación de la CIDH sobre el archivo de las medidas cautelares MC 125-06”, emitidas en 2006 “en protección a su derecho a la vida” y que “fueron objeto de seguimiento en la reciente reunión de trabajo sostenida entre el Estado y el peticionario en el marco del 172 periodo de sesiones de la CIDH” en Kingston, Jamaica.
En su comunicado, Cepeda aclara que la solicitud de medidas cautelares cerrada corresponde al radicado MC 437-2013, interpuesta “para proteger sus derechos políticos” y que fue archivada a su solicitud por cuenta de que la Procuraduría se pronunció acerca “de las falsas acusaciones de manipular testigos contra el senador Álvaro Uribe”, del Centro Democrático.
En todo caso, la Cancillería aclara que el cierre que anunció “se refiere únicamente al incidente sobre cumplimiento de las medidas que fue abierto por la Comisión a solicitud del peticionario. El esquema de seguridad otorgado al senador Cepeda Castro y a su familia, en cumplimiento de las medidas decretadas por la CIDH, sigue plenamente vigente y es ejecutado por la Unidad Nacional de Protección”.
A pesar de esto, Cepeda expresó que, “conforme a lo expuesto, respetuosamente solicitamos a la Cancillería la rectificación de su comunicado, así como a los medios de comunicación que lo difundieron, con el ánimo de aclarar ante la opinión pública la información emitida por este Ministerio que no corresponde a la verdad y que podría dar lugar al debilitamiento de la protección reforzada a la que se encuentra obligado el Estado colombiano en virtud de esta decisión”.