Es normal que en una bancada los congresistas de una misma organización política tengan opiniones diferentes sobre diversos temas, discrepancias que, dadas las normas que rigen los grupos partidistas en las corporaciones públicas, plantean que se resuelvan democráticamente para que prevalezca una opinión adoptada colectivamente.

Lo que pasa es que hay temas en los que eso no es posible y es mejor dejar en libertad a los legisladores para que expresen su particular opinión.

Un caso muy específico se presentó esta semana en la Comisión Primera del Senado entre los parlamentarios Roy Barreras y Roosvelt Rodríguez, quienes tienen en común militar en el Partido Social de Unidad Nacional (La U), ocupar sus respectivas curules con base en el electorado vallecaucano y pertenecer al sector más santista de la colectividad, pero han manifestado convicciones distintas con respecto a la reforma constitucional que restablece la cadena perpetua en Colombia, esta vez, con carácter revisable para ser aplicada a los violadores y asesinos de niños.

El martes, durante el séptimo debate a la iniciativa, Rodríguez consideró que los críticos de la cadena perpetua no deben poner más acento en la reforma constitucional que en la protección a los menores de edad. “No insistir en la protección de los menores y sí hacerlo en la prisión perpetua como castigo ejemplarizante justifica la impresión de que en el Congreso estamos llevando un acto de venganza, prologando la línea del populismo punitivo”, expuso el Congresista al defender el articulado.

Sin embargo, Barreras ha expresado su rechazo al articulado que está próximo a recibir último debate en la plenaria del Senado, argumentando que “no protege a los niños porque tiene errores constitucionales y está mal redactado”.

“Quedó mal escrita porque les abre una puerta que puede generar que un Garavito o un Uribe Noguera pidan revisión y puedan solo pagar 25 años de cárcel”, señaló, anotando que “la norma no está bien. Lo que se tiene que hacer es buscar una inversión social en las zonas vulnerables, que es donde se presenta el 90% de los casos de violación”.

El proyecto propone reformar el artículo 34 de la Constitución, agregándole que “de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”, anotando que “toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso, la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado”.