Las bancadas no se han reunido para definir sus posiciones en torno al proyecto del uribismo, pero solo los conservadores anticipan apoyo a la iniciativa

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Ha causado revuelo el proyecto de acto legislativo que busca permitir que se puedan revisar de manera retroactiva en una segunda instancia los fallos de la Corte Suprema de Justicia relacionados con los funcionarios aforados.

Mientras el uribismo sostiene que la iniciativa propende por la garantía de un derecho de todos los ciudadanos, los opositores insisten en que tiene nombre propio (el del exministro Andrés Felipe Arias) y que puede crear grandes desbalances en la manera en cómo opera el Estado.

La iniciativa no tuvo un buen inicio. El Centro Democrático se vio obligado a retirarla y volverla a presentar luego de percatarse que un parágrafo permitía que los condenados por la Corte quedaran libres apenas iniciado el trámite de impugnación de su sentencia.

El senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, aseguró que “el proyecto de doble instancia se vuelve a presentar sin el parágrafo del efecto suspensivo porque el interés es proteger un derecho fundamental y no que simplemente se excarcele a unas personas”.

Que sí

El Partido Conservador, aunque no ha unificado su postura, apoya el proyecto. Según el senador Juan Diego Gómez, la colectividad ha manifestado la necesidad de mantener este “derecho fundamental de carácter procesal que está consignado en los derechos del hombre y que en Colombia se trata de una convencionalidad. El Estado colombiano ha recibido en varias oportunidades solicitudes de múltiples autoridades internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige el cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Interamericana y es que cualquier persona sometida a un juicio se le garantice la doble instancia”.

Sin embargo, dijo, “debo aclarar que no queremos que este derecho fundamental se vaya a llevar a casos particulares, a que algunas personas tengan beneficios particulares que puedan generar eventualmente una inconstitucionalidad del proyecto de ley”.

El parlamentario, además, indicó que una discusión “de esta naturaleza no puede tener corte ideológico y mucho menos cuando se trata de una convencionalidad exigida de manera permanente por la Corte Interamericana. Aquí de lo que se trata es de garantizar un derecho que la Constitución dejó por fuera. El año pasado se aprobó un acto legislativo liderado por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que consagra nuevamente la doble instancia. Y hoy lo que se tiene que definir es cuál es el alcance y a partir de cuándo deberían ser revisadas esas decisiones que fueron vencidas en juicio y que no contaron con esta garantía procesal”.

Tal vez

El Partido Liberal, que se declaró independiente, aún no habla del tema. Los senadores de esa colectividad se abstienen de dar una opinión pues solo esta semana se reunirán a definir una posición en bancada. En la misma situación que el Partido Liberal está el MIRA que espera definir una posición en los próximos días tras la reunión de los senadores y Representantes.

EL NUEVO SIGLO se comunicó con varios congresistas del Partido Social de Unidad Nacional (La U) que aseguraron que no se referirán al tema pues todavía están estudiando la conveniencia o inconveniencia de la iniciativa presentada por el uribismo.

Otro partido que aún no tiene clara su posición es Cambio Radical. Sin embargo, los senadores dan sus puntos de vista personales sobre el proyecto. El jueves la bancada se reunió y cada uno dio a conocer sus opiniones, pero aún no se ha fijado una posición unificada.

Para el senador Richard Aguilar es necesario que exista una doble instancia “por ser un derecho universal donde se respeta el derecho fundamental del debido proceso. Al interior de la bancada hay posiciones disímiles, hay unos que piensan que va en contra de la seguridad jurídica sobre todo en los fallos de primera instancia y hay otros que tienen una serie de dudas frente a si esto afectaría a quienes tienen un fallo condenatorio”.

Aguilar hubiera preferido “que el retiro que hizo el Centro Democrático hubiera tomado más tiempo y la bancada de ese partido hubiera esperado un poco para generar un mayor consenso con otros partidos”, calificando como una equivocación que se hubiera radicado la iniciativa sin ese consenso, “pues no podemos repetir los errores de las objeciones donde no se hacen consensos previos para llegar allá con el proyecto discutido”.

Para Rodrigo Lara, “la doble instancia es un derecho fundamental, una garantía con la que debe contar cualquier ciudadano en una democracia. No obstante, hay que recordar que los aforados tienen el privilegio de ser juzgados por la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, por consiguiente por los jueces de más alta dignidad. Es por eso que se ha entendido siempre que solo hay una instancia en estos casos. Además, habría que conocer cuál es el alcance del proyecto, qué número de personas podrán ser incluidas y por qué se excluye a otras. Y en tercer lugar es importante resaltar que esto puede tener ciertas consecuencias prácticas imprevisibles. Por ejemplo, si existe una doble instancia, ¿esto significa que si una persona fue absuelta se le puede impugnar su fallo favorable por parte de la Fiscalía o la Procuraduría?”.

Que no

Las bancadas alternativas del Congreso ya están jugadas en contra del proyecto.

Según la senadora de la Lista de la Decencia, Aida Avella, no se pueden hacer leyes para beneficiar a determinados personajes de la vida nacional.

“Esta ley tiene nombre propio. De la Constitución del 91, prácticamente, ya no queda nada. Son tantas las reformas que han hecho que queda lo esencial: el capítulo de los derechos humanos y algo en la parte económica”, anotó.

La Senadora sostiene que “se debe recordar el daño que hizo al país permitir la reelección de Álvaro Uribe, que generó un descuadre casi que absoluto del equilibrio de las instituciones. Y ahí empezó el país a trastabillar. En esta legislatura se le debe poner atención a otras cosas más importantes que beneficiar a los amigos del Jefe de Estado y del partido de Gobierno”.

A su turno, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que la bancada de su partido aún no ha fijado posición, pero “a título personal puedo decir que el tema podría discutirse, pero no como lo ha planteado el uribismo, porque es evidente que el proyecto de ley que ellos plantean pretende, por una parte, beneficiar a nombre propio a Andrés Felipe Arias, y por otra parte intentar que los parapolíticos y otras personas condenadas por la Corte Suprema puedan eludir responsabilidades ante a la Justicia Especial para la Paz: no entregar verdad y reparación a las víctimas y buscar una alternativa que a mi modo de ver persigue la impunidad”.

El congresista expresó que “sería sensato discutir este tema con la condición que no vaya a ser una puerta mediante la cual se genera a las víctimas la imposibilidad de acceder al diálogo, a la verdad y la reparación”.

Por otro lado, el senador Jorge Robledo, de la misma bancada, sostuvo que “la discusión aquí es mucho más profunda: es si Andrés Felipe Arias tuvo acceso al debido proceso o no. Estoy convencido que lo tuvo y lo digo porque él tiene seis decisiones legales en su contra: Fiscalía, Corte Suprema, Contraloría, Procuraduría, Consejo de Estado y justicia norteamericana. Esta última le niega el asilo luego de una fuga porque no lo reconoce como un perseguido político. Yo entiendo que haya gente que no le gusta las decisiones, pero de ahí a hacerle daño a las instituciones democráticas es una mala manera de iniciar este debate”.

El senador Antonio Sanguino, vocero de la Alianza Verde, declaró que “el único propósito de esta ley es el de amnistiar o de liberar de toda responsabilidad penal al señor Arias, y por ahí derecho abrir la puerta a la revisión de más de 270 sentencias condenatorias de personas vinculadas a hechos de corrupción y criminalidad política en Colombia: condenados por parapolítica, proceso 8.000 y personas condenadas por Odebrecht”.

El congresista afirmó que la doble instancia ya existe y que le “parece inconveniente que se aplique retroactivamente a los procesos ya juzgados. Eso significa crear unas nuevas circunstancias y reglas de juego cuando la justicia operó con respecto a las reglas de ese momento. Es como si quisiéramos aplicarle la decisión de la Constitución del 91 a las decisiones que se aplicaron con la Constitución de 1986”.

La senadora Angélica Lozano recordó que ha criticado desde el principio la iniciativa. “Se lo dijimos en la cara a la Ministra: es una vergüenza que el Gobierno plantee un proyecto de ley hecho a la medida de Andrés Felipe Arias. El Gobierno le está prendiendo una vela a Dios y otra al Diablo, porque quiere quedar bien con la gente (con el proyecto anticorrupción), pero en la práctica está favoreciendo la impunidad haciendo leyes con nombre propio y abriendo la puerta a que los criminales no sean castigados por la justicia de manera efectiva”, manifestó.