EL ESCÁNDALO alrededor de la adjudicación de la licitación de pasaportes se complicó más ayer porque mientras el Gobierno insistió en que no había reserva presupuestal para concretar el proceso, el saliente secretario general, José Antonio Salazar, sostuvo lo contrario.

Por una parte, el canciller (e) Luis Guillermo Murillo destacó que “no es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74 923 para el proceso contractual”.

Ante esto, Salazar aseguró que sí estaban los recursos. “Yo dispuse el mismo lunes, apenas expedí estos actos administrativos, y la dirección administrativa empezó a hacer las actuaciones necesarias para establecer las reservas presupuestales”.

Este nuevo episodio sobre el tema de la adjudicación de contrato a Thomas Greg & Sons, surge horas después de que Murillo desautorizara a Salazar, al asegurar que el exfuncionario no tenía las competencias para realizar acuerdos con la referida multinacional.

“El ministro encargado, Luis Gilberto Murillo, no es abogado, es ingeniero de minas y está inhabilitado para el ejercicio del cargo público porque de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución dispone que el funcionario condenado por delitos contra el patrimonio público queda inhabilitado para ejercer cargos”, empezó el antiguo secretario.

Salazar señaló que no quería llegar al punto, pero en vista de la situación declaró ante los medios de comunicación que sobre Murillo pesa una condena en primera y segunda instancia por el delito de peculado por destinación oficial. Por tal razón, destacó que no puede ejercer cargos de función pública.

A pesar de las palabras del canciller (e) la tarde del martes, Salazar no dio un paso atrás en torno a su posición, alegando que su actuación estuvo apegada a la ley.

“El ministro me restableció en esa representación legal y me reforzó las funciones que me delegó en la resolución. Él dijo que allí incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos y contractuales con ese contrato en específico”, reiteró el exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores en defensa de su posición.

Pero también indicó que ha sido víctima de hostigamientos para que deje su cargo. Manifestó tener “mucho miedo”, ya que “están intentando difundir que no actúe solo”.

Las contradicciones

En medio de toda esta novela, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, desmintió ayer unas declaraciones ofrecidas por Murillo, en las que aseguraba que “no había certificado presupuestal” para la adjudicación del contrato.

“La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin tener certificado de disponibilidad presupuestal (...), por lo tanto, la plata está ahí”, destacó el alto funcionario.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro entró nuevamente en la controversia, estallando contra el exsecretario general de la Cancillería.

Como se recordará, hace algunos días, el mandatario lo declaró insubsistente. Además de llamarlo “traidor” por otorgar el contrato de licitación de pasaportes a Thomas Greg, y lo destituyó de su cargo.

Ayer, el jefe de Estado lanzó pullas en contra de Salazar, manifestando que “no se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos”.

A esto, se le puede agregar la publicación que hizo recientemente: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada”.