Gran controversia se generó en Cali tras unas declaraciones del secretario de Seguridad de la ciudad, Carlos Rojas, en las que propone crear un fondo con presupuesto público para comprar armas de pandilleros.

De acuerdo con el funcionario, básicamente se trata de comprar armas blancas y, eventualmente, armas de fuego en poder los civiles como mecanismo para reducir los índices de violencia en la capital del Valle del Cauca.

El estudio de ese despacho señala que en esa ciudad habría alrededor de 50.000 armas ilegales, por ello la idea es entregarles a las personas un bono remidible en elementos como útiles escolares, implementos para el hogar por un valor de un 30% o 40% del arma, que podría estar entre los $150.000.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se ha mostrado a favor de la iniciativa y sostiene que se buscarán las vías legales para que la propuesta sea aprobada.

“Pensamos crear un fondo para sacar una parte de esas armas de circulación, sobre todo aquellas en las que creemos que podrían ser reusadas en el mercado del delito”, dijo.

Y adelantó que “esa medida apunta a focalizar en el tema de sacar de circulación una cantidad de armas que están siendo usadas en delitos o por la ciudadanía para resolver temas de intolerancia”.

Asimismo agregó que los recursos saldrán del municipio, “luego se creará un fondo para que la Secretaría de la Seguridad y Justicia proceda a la adquisición de las armas, las cuales serán enviadas a la autoridad judicial pertinente”.

Por su parte, el excandidato a la Alcaldía de Cali Alejandro Eder rechazó la propuesta y la calificó como “inviable”, porque incentivaría el mercado ilegal de armas. “Ese tipo de iniciativas solo terminan incentivando el mercado ilegal de armas porque las personas piensan que si buscan un arma y la entregan van a recibir un tipo de beneficio”, expresó

“Aquí lo que se debe es apoyar a la Fuerza Pública para que saque adelante planes de desarme y fortalecer los programas de rehabilitación para jóvenes vulnerables”, añadió Eder.

El dirigente consideró que es necesario revisar jurídicamente si esta medida es viable o no. “Habría que ver el marco jurídico si permite que entreguemos plata por armas, pero también hay que garantizar que quienes entreguen armas tengan oportunidades de trabajo o de estudio”, indicó.