“Cuando se analiza el cumplimiento del Acuerdo, el informe no puede solamente referirse a las acciones del Gobierno como una de las partes firmantes. Debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento, justamente, de la antigua guerrilla, convertida ahora en partido político. Los enemigos del Acuerdo y de la paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. El 80% de los asesinatos de excombatientes son perpetrados por disidencias y narcotraficantes”.

Esa fue, textualmente, la declaración que el miércoles pasado hizo la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, alrededor del último informe del organismo internacional en torno a la labor de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

La Canciller hizo también una extensa defensa de la implementación hecha por el gobierno Duque del pacto de paz, recalcó que “… el Acuerdo de 2016 se firmó sabiendo que la antigua guerrilla de las Farc no era el único generador de violencia en el país. Por ende, resultaba ilusorio pensar que su implementación, por sí misma, sería suficiente para alcanzar una inmediata y absoluta ‘paz estable y duradera’”.

De acuerdo con la Ministra, el “Informe que presenta la Misión se centra en cinco prioridades que el Secretario General ha pretendido definir como ruta para el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo”. Sin embargo, Blum enfatizó que “es necesario recordar que las prioridades en esta materia, como en toda política pública, responden al programa respaldado por los ciudadanos en las urnas al elegir al Gobierno”.

“Para el actual período gubernamental, las prioridades se encuentran establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la política de Paz con Legalidad, y el Plan Marco de Implementación iniciado en el Gobierno anterior y que aborda todos los aspectos del Acuerdo y las entidades competentes para desarrollarlos. Nuestro gobierno ratifica que los lineamientos, el énfasis y la política de implementación le corresponden al Estado colombiano, como lo ha señalado nuestra Corte Constitucional”.

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En ese orden de ideas, Blum recalcó que el Gobierno “ha estado abierto al escrutinio” e informa a la Misión de Verificación los resultados de la implementación, lo que “… debería disminuir el margen para interpretaciones o juicios de valor sobre temas que son comprobables. Y es un aspecto fundamental para asegurar la confianza en el proceso colombiano, tanto a nivel nacional como internacional”.

Por último, aunque sin especificar a quiénes o qué sector se refería, Blum puntualizó que “… se equivocan quienes quieren confundir a los colombianos sobre estos esfuerzos. Se equivocan los que quieren confundir a la comunidad internacional sobre los logros y avances alcanzados. Pero se equivocan aún más los que pretenden confundir a este Consejo de Seguridad sobre las realidades de mi país y la región”.

Cuatro mil hombres-arma

Como se sabe, las Fuerzas Militares han insistido en que hay por lo menos cuatro mil hombres-arma de las antiguas Farc que siguen delinquiendo en no menos de 2.500 veredas de 120 municipios en 20 departamentos.

Una parte pertenece a las disidencias como tal, es decir a los grupos de la guerrilla que antes de firmar el acuerdo de paz en 2016 se apartaron de las tratativas y siguieron en la subversión. Aquí el bloque más importante es el dirigido por alias ‘Gentil Duarte’, que opera no solo en la región del Meta, Caquetá y Guaviare, sino que ha tratado de contactar a otras facciones del suroccidente del país, que también se apartaron y desertaron antes de la firma del pacto.

Por otro lado, están las reincidencias de las Farc, compuestas por cabecillas y personal de base desmovilizado que firmaron el acuerdo de paz pero luego regresaron a las armas. Este bloque es liderado por alias ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’, ‘Romana’, ‘El Paisa’ y otros exmandos subversivos, que se hacen llamar “La nueva Marquetalia” y permanecen en Venezuela protegidos por la dictadura chavista.

Ambas facciones no solo se ubicaron en las zonas de más alta densidad de narcotráfico y minería ilegal, sino que están enfrascadas en un pulso de dominio territorial tanto en varias zonas del país como en la frontera venezolana. Disidencias y reincidencias son, según la Fiscalía, no solo (junto a Eln y bandas criminales de alto espectro) las mayores responsables de los picos de violencia regional, sino también de las masacres y los centenares de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados en los últimos cinco años, el problema más grave que arrastra la implementación del proceso de paz.

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Contrapunteo

La afirmación de Blum generó un intenso debate ayer. “Rechazo las declaraciones de la Canciller. Su discurso falta a la verdad y pone una diana en la cabeza de los miles de firmantes del Acuerdo de Paz que estamos comprometidos con el cumplimiento de lo acordado, a pesar de los incumplimientos permanentes de este gobierno”, dijo el presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, exigiendo una “retractación pública” a la Ministra.

Agregó que “… los que han incumplido el Acuerdo de Paz no solo son quienes se rearmaron sino los que gobiernan este país. Así lo demuestran los casi 270 excombatientes asesinados y la no implementación del PNIS, las curules de víctimas y la reforma rural integral”.

A su turno, el senador Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’, no solo advirtió que las declaraciones de Blum “son perversas y nos cuelgan una lápida al cuello”, sino que agregó que en los últimos días fueron asesinados varios desmovilizados. “He ahí el resultado de la estigmatización alentada desde el gobierno que usted representa contra Comunes”, indicó.

En la controversia también terció el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. “Nosotros en Naciones Unidas tenemos una clara distinción. Primero están las disidencias que nunca fueron parte del proceso y ese grupo siempre ha estado en la ilegalidad con todo lo que eso atañe. Un segundo grupo que sí fue parte del acuerdo y que luego lo abandonó y ahí se tomaron decisiones por su incumplimiento, porque fueron excluidos del proceso y sus beneficios… Un tercer grupo, que son la mayoría, más del 90% de los excombatientes, que siguen comprometidos cumpliendo sus obligaciones, pese a los grandes desafíos que tenemos en la implementación”, dijo a RCN radio.

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Agregó que no se puede confundir a las disidencias de las Farc con los excombatientes que están comprometidos con los acuerdos de paz, sobre los cuales pidió la máxima protección del Estado.

A su turno, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, Emilio José Archila, explicó que “… La Canciller explicó que bajo ninguna circunstancia se pueden atribuir esas violencias al incumplimiento del acuerdo por parte de nosotros. Primero, porque los grupos como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’, ‘Los Pelusos’, el Eln, existían desde antes y siempre se supo que eran temas que teníamos que seguir administrando y combatiendo. Segundo, porque algunos de los miembros de las Farc nunca se acogieron al proceso y, tercero, porque algunos como ‘El Paisa’, ‘Romaña’, ‘Santrich’, ‘Márquez’, que pretendieron acogerse, abandonaron el proceso. Son ellos los que tienen que responder individualmente. Esta no es una responsabilidad que le corresponda al partido de los Comunes”, sostuvo Archila.

Como se ve, al final de cuentas quedó claro que si bien el Gobierno defiende la tesis de que las disidencias y reincidencias son un incumplimiento al acuerdo de paz con las Farc, no está culpando de ello a los desmovilizados que se mantienen en la legalidad.