Informe de Fundación Paz y Reconciliación advierte que la violencia puede resurgir

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“Estamos viendo que se está juntando la disidencia política del proceso de paz en las Farc con la disidencia armada y pueden darle un nuevo curso a esta confrontación”. Así lo advirtió ayer León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), al presentar un informe sobre la violencia armada en el país.

Según la ONG, los indicadores de violencia se redujeron luego del proceso de paz, sin embargo, obedeciendo a la tendencia histórica este fenómeno puede resurgir.

Valencia anotó que “el alza del precio del oro puede llevarnos a alimentar nuevos factores de violencia por el crecimiento de la minería ilegal y los demás factores. Nuestra preocupación es que se repita lo que ha ocurrido en el pasado. Cada vez que ha habido un proceso de paz viene un periodo donde se reducen los indicadores de violencia, por ejemplo: entre el 91 y el 95 hay una reducción de los factores de violencia; luego arranca una escalada que va hasta el 2005. El 2001 es el año de más violencia en un siglo; en el 2005 se avanza en el acuerdo con las autodefensas y cae la violencia hasta 2008 y arranca hasta en 2011, ya no en la misma proporción, pero se alza”.

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Alerta

Y agregó que “nuestra alerta para el Estado y para la sociedad colombiana es que si crecen los factores de violencia que se reseñan en el informe. Si la violencia sigue avanzando en siete regiones claves del país podemos volver a la ascensión de la curva de violencia en Colombia y el reto de Duque es si es capaz de aprovechar esta caída de los factores de violencia para normalizar la situación del país o volvemos a otro ciclo de violencias posteriores a este acuerdo tan importante que se hizo con las Farc, esa es nuestra alerta. O aplacamos los factores de violencia nuevos, tanto regionales como de actores armados en todo el país y normalizamos la situación, o volvemos a otro ciclo de violencia como la que vivimos cada vez que se hace un proceso de paz”.

Las regiones más afectadas son: el nudo del paramillo, el Catatumbo, el pacífico nariñense y caucano, los llanos orientales y la Sierra Nevada de Santa Marta.

El informe sacó tres grandes conclusiones. La primera es que de los 281 municipios priorizados para el postconflicto por Pares hay un grupo de 123 donde antes operaban las Farc y que han sido copados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Es decir, hay otro grupo de más de 150 municipios donde el postconflicto se ganó y la etapa de violencia política ya se superó. De hecho, dentro de estos 123 municipios hay varios de ellos donde el copamiento es realmente bajo, y con actuaciones de la fuerza pública y otras instituciones del Estado, se recuperaría rápidamente la seguridad. Así las cosas, de los 123 municipios con copamiento, son 107 los que tienen verdaderos problemas de seguridad.

Zonas copadas

En segundo lugar, se concluyó que las zonas de postconflicto, de acuerdo con los grados de copamiento criminal, se pueden dividir en cuatro tipos. Hubo un grupo de zonas donde el copamiento criminal fue casi que inmediato a la concentración de las Farc. El andén pacífico, la zona del Bajo Cauca o el Catatumbo son un buen ejemplo.

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En un segundo grupo están zonas donde el copamiento se dio, en promedio, 18 meses después de la salida de las Farc. Putumayo, algunas zonas del Caquetá y Vichada podrían ser los ejemplos. Allí, incluso el precio de la pasta base de coca cayó vertiginosamente entre 2017 y el primer semestre de 2018, pues ningún narco entraba a las zonas donde antes estaban las Farc. Generalmente ellos se hacían acompañar de miembros de la exguerrilla para ir a comprar la pasta base. Durante esos 18 meses no llegó el Estado, y desde el segundo semestre de 2018 se dio el copamiento.

También hubo zonas de las cuales salieron las Farc y no llegó nadie. No llegó el Estado ni el copamiento criminal. Allí se dispararon los índices de inseguridad como el atraco, algunos hurtos en carretera y el abigeato. Pero no había estructuras pesadas, eran más bien grupos de delincuencia común. El Sur del Tolima y algunas zonas del Valle del Cauca, y del Huila son algunas de ellas.

Un cuarto grupo son zonas donde el Estado llegó y esto se dio principalmente en cabeceras municipales de estos municipios.

Nueva ola violenta

Como tercera conclusión, el informe señaló que el proceso de paz tuvo un impacto impresionante en la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado. Los réditos de la paz son altos. Sin embargo, luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz, los esfuerzos en materia de seguridad deben reforzarse para evitar una nueva ola de violencia en el país.

Para Pares, aún no es claro que se hubiese superado el conflicto armado que azotó al país por más de 50 años. Durante el primer año de gobierno de Iván Duque, varios indicadores de violencia tienen comportamientos positivos.

Para hacer su balance de la seguridad en Colombia se analizaron ocho aspectos: los datos de violencia asociados al conflicto armado (se analizaron datos nacionales y los de los municipios priorizados para el posconflicto por la Fundación Pares); se analizó la situación de los grupos posfarc o disidencias; la situación del Eln (su presencia, accionar armado y evolución en los últimos tres años); la de los Grupos Armados Organizados, particularmente del Clan del Golfo; la victimización a líderes sociales y defensores de derechos humanos; la victimización a excombatientes de las Farc, y en general a la política de reincorporación; la violencia política electoral en el marco de las elecciones locales de octubre; y la situación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.

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