Al principio de esta semana el expresidente Álvaro Uribe, jefe del partido Centro Democrático, radicó tres proyectos de ley para penalizar la práctica del aleteo de tiburones, declarar a Medellín como Distrito Especial de Ciencia y Tecnología, así como beneficiar a los bachilleres que presten el servicio militar con el derecho a un cupo en la universidad pública.

Uribe Vélez explicó que dicha iniciativa no cubre la matrícula, y por ello señaló que está en manos del Gobierno y los ponentes, considerar la adjudicación de becas dentro del programa Generación E.

“Ustedes saben que el Gobierno tiene un compromiso de 320.000 becas y ya han asignado 84.000. Por lo pronto el proyecto dice que el colombiano que preste servicio militar, al concluir la prestación del servicio militar, tiene derecho al cupo de la universidad pública”, dijo Uribe.

Sobre el particular EL NUEVO SIGLO consultó a Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, quien dijo que “es bien intencionado el proyecto, pero termina en la misma tónica de la mayoría de proyectos que caen en cierto populismo y de alguna manera tratan de congraciarse con la opinión pública que está pidiendo más recursos en la educación pública”.

Añadió que “habría que ver bien las cifras para ver realmente el impacto de esto”.

Por su parte el docente universitario Sergio Fernández, quien como dirigente estudiantil dio la pelea por más recursos para la universidad pública, le dijo a este Diario acerca de la iniciativa de Uribe Vélez que “es una propuesta que entre otras cosas no es la primera vez que se presenta. Eso como ciertas medidas de corte populista que buscan hacer cosas que la Corte Constitucional ya ha señalado que no se pueden hacer porque, por ejemplo, en este caso ya la Corte Constitucional en los años 90, en una sentencia del magistrado Carlos Gaviria, planteó que este tipo de mecanismos violan el derecho a la igualdad y que no son los más idóneos para garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior”.

Agregó Fernández que esta sentencia dejó claro que “puede haber otro tipo de medidas que el Gobierno tome para ampliar el acceso de los jóvenes a la educación superior, sin que implique una discriminación en este caso del resto de los jóvenes”.

Otro problema que Fernández encuentra en esta iniciativa es que las mujeres poco se verían beneficiadas debido a que “buena parte de las personas que prestan el servicio militar somos hombres”.

Entonces, concluyó, este es un ejemplo de las medidas que no están hechas para garantizar derechos “sino para garantizar el aplauso de las barras, pero que son inconducentes pues tarde o temprano la Corte  Constitucional va a hacer un ‘copy page’ de las sentencias pasadas en las que ya ha tumbado medidas como esta”.