La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo esta semana tras los graves desórdenes que se presentaron en Bogotá durante las marchas estudiantiles de protesta, en que fue atacada la sede del Icetex con piedras e incluso algunas bombas molotov, que los encapuchados responsables de este incidente fueron enviados desde Venezuela.
“Buena parte de esos encapuchados tienen que ser de los encapuchados que nos han mandado desde Venezuela, porque esos no son los estudiantes colombianos”, dijo la Vicepresidenta el pasado jueves en la apertura de la celebración de los 170 años del Partido Conservador.
Añadió que “nosotros sabemos que la protesta es un derecho esencial en una democracia, disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera que está mal en el Estado. Pero una cosa es la protesta y otra las vías de hecho. Es urgente reglamentar la protesta social porque la anarquía que vimos nos está notificando que esto va a seguir”.
Días antes la Vicepresidenta se pronunció en Twitter acerca del ataque a la sede del Icetex. Señaló que “¿cuántos de esos son estudiantes o cuántos de los encapuchados están haciendo un mandado a los grupos terroristas o vienen con la misma consigna de los colectivos venezolanos?”.
Ramírez también ha señalado que “en Venezuela se da abrigo a grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia y del mundo entero; eso es una gran amenaza para nuestro país”.
Sin embargo el representante por Bogotá, David Racero, de la Lista de la Decencia, indicó a EL NUEVO SIGLO que son “muy preocupante esas afirmaciones. Hay que exigirle a la Vicepresidenta que muestre las pruebas al respecto. El gobierno del presidente Duque y altos funcionarios, no solamente ella sino también desde los embajadores, como Ordóñez, el mismo embajador Francisco Santos, el Canciller, se la pasan haciendo afirmaciones sobre intervenciones del Gobierno venezolano en Colombia. Lo primero que exigimos es que ya basta de ese tipo de afirmaciones sin ningún tipo de pruebas concretas y contundentes, y eso es por la estabilidad que se tiene que tener entre los dos países”.
Racero añadió que “hay una guerra fría entre el Gobierno colombiano y el Gobierno venezolano, que al final termina afectando es a la población. Primero que muestre las pruebas o que muestre que no sean fotos de contexto, como lo dijo el presidente Duque en la ONU, sino que sea realmente la evidencia”.
De otra parte, Racero consideró que no cabe regular la protesta social porque “lo que dice la Constitución, el Código de Policía y demás, ya está contemplado ese tipo de regulaciones. Así que creemos que no es limitando más el derecho constitucional de la manifestación, por supuesto pacífica, de las diferentes poblaciones, estudiantes, campesinos, indígenas, etcétera, sino más bien cómo se intermedia ese proceso de movilización. Por ejemplo en Bogotá se utilizó en la anterior administración lo que eran los gestores de convivencia, que eran mediadores entre la protesta y la institucionalidad”.