Esta semana el Congreso puso la lupa en una audiencia pública al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en la que la administración de Iván Duque explicó a grandes rasgos el pensamiento que tiene sobre la continuidad de este mecanismo que dejó montado el anterior gobierno y cómo encajaría con las demás estrategias que se tienen previstas para combatir las más de 209.000 hectáreas de coca.

En septiembre el presidente Iván Duque indicó que se buscará "desarticular por completo la red de suministros, tanto de precursores como de insumos; avanzar en la estrategia de erradicación y sustitución voluntaria, y seguir adelante (...) con el desarrollo alternativo y la presencia de la inversión social del Estado".

Durante el referenciado debate de esta semana en el Senado, el viceministro de Justicia, Juan Francisco Espinosa, explicó que "no se está pensando con ir a arrasar cultivos, por el contrario la política está asociada a un pilar fundamental vinculado a la transformación del territorio y el paso de la ilicitud a la licitud para generar economías sostenibles".

Y respondiendo a una pregunta de la senadora del partido Farc, Judith Simanca Herrera (Victoria Sandino) el Viceministro indicó que esta política integral para nada se opone al punto cuatro del Acuerdo de Paz, el cual contempla la solución al problema de las drogas y promueve la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados.

“No solo se ocupa de este tema. También está orientada a disminuir el consumo en niños y jóvenes, ya que hoy tenemos a muchos padres desesperados. Queremos afectar a las estructuras criminales, proteger el futuro de Colombia y generar transformación en los territorios. Estamos trabajando fuertemente en la generación de oportunidades”, puntualizó Espinosa Palacios.

Por su parte la senadora Sandino expresó que "los campesinos están pidiendo que el Gobierno les responda con lo que pactaron. No basta con el subsidio que está dentro del acuerdo, sino que es todo un programa integral donde deben implementarse los diferentes programas que están dentro del acuerdo como son el tema de vivienda rural, la legalización de los territorios, el trato penal diferencial y la seguridad".

Añadió la parlamentaria que, “se debe exigir que se pongan en funcionamiento todas las instituciones que se han creado para la implementación de la sustitución de cultivos de uso ilícito con la participación de las comunidades de los territorios”.