Son varias las lecciones que dejó el Encuentro Internacional ‘Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas’ que realizaron la semana pasada las entidades del Sistema Integral de Justicia Transicional de Colombia y que permitió intercambiar vivencias con expertos de varios países.
De acuerdo con James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), la Justicia Transicional y la justicia de la CPI no riñen sino que, por el contrario, se complementan.
Para Stewart, “Colombia terminó siendo pionero en el diseño de un sistema que incluyó toda una gama de mecanismos para lidiar con el legado de violaciones graves a los derechos humanos y lograr que haya rendición de cuentas, justicia y reconciliación”.
Por su parte, Luz Ibáñez Carranza, jueza de la CPI consideró que ambas jurisdicciones apuntan a sancionar y prevenir atrocidades masivas. “Una tarea noble, pero sumamente ardua. Como dirían: es como apuntar a un blanco en movimiento”, aseguró.
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Para esta magistrada, “es falsa la presunta dicotomía entre justicia y paz. La una no está divorciada de la otra. Es más, la justicia es base y pilar fundamental para una paz estable y duradera”.
Ibáñez agregó que “ambas jurisdicciones buscan un mismo fin y se deben apoyar en sus esfuerzos. Eso es lo que hemos visto entre las cortes de Bosnia que se vieron complementadas por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia”.
Para el caso colombiano, el vicefiscal Stewart dijo que la CPI viene realizando un examen preliminar desde 2004. “En 2012 se identificaron unos crímenes del Estatuto de Roma que parecían necesitar atención. Teníamos que darles un tiempo a las autoridades para abordar estos temas en lugar de concluir que debíamos abrir una investigación. Este llamado ha funcionado en beneficio de la aplicación local de los parámetros internacionales de justicia”, explicó.
En ese sentido el diplomático extranjero añadió que cuando se crea la JEP en Colombia se creó un sistema de rendición de cuentas. “Esta es la forma en que una nueva jurisdicción sanciona conductas que de otro modo podrían ser competencia de la CPI. El examen lleva tiempo porque entendemos lo que implica la investigación y enjuiciamiento de conjuntos completos de delitos que involucran a una variedad de actores”, dijo.
Ibáñez insistió en que existe un principio de complementariedad de la CPI que solicita un Estado cuando no puede investigar o no tiene capacidad para hacerlo.
Precisamente se refirió a los siete macrocasos que viene investigando la JEP se caracterizan por tres principios, como explicó el presidente de la Sección de Apelación, magistrado Danilo Rojas: primero, priorización de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Segundo, Involucran máximos responsables y determinantes de tales violaciones y, tercero, enfatizan en patrones y no tanto en casos individuales.
Otras lecciones
En el evento participaron expertos de Sierra Leona, Sudáfrica y Perú, entre otros países donde se implementaron sistemas similares de Justicia Transicional.
Al respecto, Yasmin Sooka, presidenta de la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur y que formó parte de la Comisión de la Verdad de Sudáfrica (1996 - 2001) y de Sierra Leona (2002 a 2004), Colombia debe “coordinar muy bien el trabajo de entre todas las entidades del sistema de Justicia Transicional”.
Por su parte, Sofía Macher, miembro de la Comisión de la Verdad de Perú consideró que en ese caso “se hicieron 85 recomendaciones, gran parte eran reformas. La debilidad institucional que encontramos en el año 2000 se mantiene hoy, pero lo que sí logramos transformar fue toda la normatividad alrededor de la lucha antisubversiva que violaba derechos humanos”, sostuvo.
Entre tanto, John Caulker, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sierra Leona, enfatizó en que los mecanismos de Justicia Transicional deberían ayudar a las víctimas a volver a ser ciudadanos, y al Estado a volver a ser su protector.
“Por eso insistimos en que el Gobierno sea consciente de sus compromisos, pero también en que la sociedad y la comunidad internacional presionen para que los Estados cumplan con esas obligaciones”.
Al Encuentro Internacional ‘Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas’ asistieron de forma virtual más de 3.400 asistentes de Colombia, Estados Unidos, Suiza, México, España, Finlandia, Holanda, Alemania, Bélgica, Sierra Leona, Sudáfrica y Perú.