ELdesplazamiento “se sigue dando, no solo porque la negociación por regla general se ha hecho en medio del conflicto, sino porque hay grupos con los que no hay negociación”, expresó el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo va el proceso de reparación de las personas víctimas de desplazamiento forzoso?
MARCO ROMERO:La reparación tiene varios componentes: uno tiene que ver con la restitución de tierras y otro nivel tiene que ver con el programa de indemnizaciones, y en general las medidas de reparación colectiva. En cuanto a la restitución de tierras, el principal problema que tenemos es que más del 60% de las solicitudes no está autorizado por el Ministerio de Defensa, con el argumento de que no hay seguridad para adelantar la restitución. Nosotros creemos que es un argumento que a lo que debe llevar es a que el Ministerio y el Estado tengan una política de seguridad reforzada. En muchos foros el Ministro de Defensa dice que la Fuerza Pública controla el 90% del territorio pero cuando hablamos de restitución, más del 60% de las solicitudes está congelado. En cuanto al desarrollo de la jurisdicción especial para la restitución, creemos que es un proceso que va lento pero seguro, en el sentido de que los jueces están desarrollando una jurisprudencia y empiezan a producir sentencias importantes, como la sentencia indígena que implica más de 50.000 hectáreas restituidas a una comunidad indígena.
ENS: ¿Qué pasa con las personas que regresan a sus tierras? ¿Se quedan ahí o se desplazan nuevamente?
MR: El retorno en general se tiene que dar sobre tres condiciones mínimas según los estándares internacionales que ha firmado Colombia y según las propias leyes colombianas: Un principio es la voluntariedad, que la gente solo debe regresar si tiene la voluntad de hacerlo; un principio de seguridad, si no hay condiciones de seguridad, retornar a las personas va contra sus derechos; un principio de sostenibilidad, que quiere decir que los retornos tienen que estar acompañados de un proceso de reconstrucción del tejido social y de reconstrucción de las capacidades productivas.
Lo que ha ocurrido es que la gente ha sido obligada a abandonar sus territorios, sus redes sociales, han abandonado sus tierras, muchas veces han sido objeto de despojo de viviendas, bienes, entonces realmente como lo dicho por monseñor Héctor Fabio Henao: el retorno no es volver al paraíso sino a la escena del crimen. De algún modo no se trata solo de garantizar que la gente vuelva, sino que haya condiciones de sostenibilidad, y ahí es donde identificamos la principal falencia de la política de retornos. Obviamente, por ahora, no es mucha la gente que ha retornado pero pensamos que en el escenario de un proceso de paz, en el escenario de una restitución de tierras exitosa, la gente que va a retornar es un porcentaje mucho mayor al que está retornando ahora, y se recomienda que el Estado se prepare para tener soluciones más estructurales en las regiones, de lo contrario la gente va a retornar simplemente a una situación de hambre o a una situación de inseguridad, y puede terminar en repetición de violencia o simplemente convertir a la víctima en un pobre más en el sector rural.
ENS: ¿Cómo se encuentra en la actualidad el fenómeno del desplazamiento forzado? ¿Disminuyó o por el contrario aumentó?
MR: En términos generales el registro ha aumentado porque la Ley de Víctimas y la Unidad han hecho un trabajo importante de registro, es decir, tenemos ya más de 6.100.000 personas desplazadas registradas y el último estudio que hizo el DANE habla de que por lo menos hay un subregistro del 20%, quiere decir que estamos avanzando en el reconocimiento del problema, pero obviamente se mantienen los niveles de desplazamiento. Por ejemplo en el último tiempo ha disminuido, pero no lo ha hecho de manera radical.
En los últimos tres años se han presentado más de 200 casos de desplazamiento forzado masivo sobre todo en el corredor del Pacífico colombiano, lo que tiene que ver con Nariño, Cauca, Chocó, parte del Urabá chocoano, toda esta zona ha estado sometida a grandes enfrentamientos y obviamente cuando se pactó el cese unilateral al fuego, en general cuando el Estado empezó a cesar también operaciones ofensivas, esto se refleja inmediatamente en la reducción del desplazamiento, pero este se sigue dando, no solo porque la negociación por regla general se ha hecho en medio del conflicto, sino porque hay grupos con los que no hay negociación, por ejemplo con la disidencia del Epl, Eln, hay bandas criminales actuando en muchas regiones de Colombia y esto sigue causando desplazamiento forzado.