El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, hizo un llamado para que los empresarios visiten las zonas en conflicto

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Las consultas populares que defienden el territorio y el ambiente frente a la explotación minero-energética como un ejercicio democrático, deben ser respetadas y rodeadas de garantías por parte del Gobierno nacional. Así lo señalaron en el Senado los congresistas Iván Cepeda, Alberto Castilla y Alirio Uribe.

Durante un debate resaltaron la realización de ocho consultas populares  en los municipios de seis departamentos del país en las cuales participaron 31.103 ciudadanos para decirle no a la minería en sus territorios.

Para el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, “estos ejercicios de la democracia deben estar rodeados de garantías y los resultados de estas consultas deben ser respetados por el Gobierno nacional, porque son procedimientos legales que derivan en mandatos populares”.

Para el representante Alirio Uribe la respuesta del ministro de Minas a estas consultas “desconoce el carácter democrático del Estado, favorece el autoritarismo y la centralización, niega las garantías que requieren estos mecanismos de participación ciudadana y van en contravía del Acuerdo de Paz que propende por la participación ciudadana en los territorios”.

Alirio Uribe manifestó durante el debate de control político que “justamente las consultas populares empiezan a llenar un profundo déficit de participación ciudadana en asuntos mineros y ponen en evidencia el centralismo en las decisiones que involucran el territorio donde vive la gente”.

Cepeda recordó que después de Brasil, Colombia es el país más peligroso para los ecologistas toda vez que 37 defensores del medio ambiente fueron asesinados en 2016 y persisten amenazas contra quienes promueven y participan en las consultas populares.

Desarrollo

Los congresistas que citaron al debate opinaron  que el modelo de desarrollo que se fundamenta en la inversión multinacional para la extracción de petróleo, gas, carbón y otros recursos no renovables niega el cambio climático, pone en peligro el agua como recurso vital para la supervivencia, va en contravía de un modelo productivo en el campo y abre las puertas para el clientelismo y la corrupción.

Según los datos entregados hasta abril de 2017 la explotación minera ocupa 4.541.807 hectáreas correspondientes a 19.027 títulos entre contratos de concesión y autorización temporal y hay 13.199 solicitudes que corresponden a 11 millones de hectáreas.

Los congresistas solicitaron al Gobierno nacional respetar el mandato ciudadano expresado en las consultas populares, adoptar las medidas para hacer cumplir sus resultados, suspender toda actividad de titulación hasta que se expida la ley que regula el procedimiento de concertación entre la nación y el territorio y se garantice la participación ciudadana y declarar la caducidad de los contratos adjudicados irregularmente en parques nacionales, páramos y en los municipios que prohibieron la minería por mandato de consultas populares.

El Gobierno nacional expuso los efectos adversos que traería para el país la aprobación de las consultas populares, pues considera que se pueden ver afectados la inversión en el sector y los recursos que se destinan al desarrollo social.

El ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, hizo un llamado para que los empresarios visiten las zonas en conflicto con el fin de intentar solucionar situaciones que ponen en riesgo perforaciones, así como la exploración y la producción de hidrocarburos.

Entre tanto, el jefe de la cartera de Hacienda, Mauricio Cárdenas, calificó las consultas populares como un “veto, que perjudica las mayorías, perjudica a la sociedad como un todo”, y agregó que frente a la exploración de petróleo debe haber reglas claras y altas exigencias en lo “ambiental, lo laboral, en las compras a proveedores locales. Exigencias, pero no veto”.