El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un nuevo llamado a toda la institucionalidad del Estado para que se avance con mayor agilidad en la implementación de las acciones que, bajo el principio de corresponsabilidad, permitan atender los diferentes conflictos sociales relacionados con la ocupación de tierras que se viene presentando en el país.

En su llamado manifestó que se requiere implementar rápidamente las respuestas efectivas que pongan término a las vías de hecho, toda vez que la tolerancia con las ocupaciones ilegales de tierras y predios privados, que desbordan el marco de lo estrictamente legal, está aumentando y como consecuencia de ello se aumenta la conflictividad social en el país.

Para Camargo resulta claro que existe un carácter diferencial entre las ocupaciones ilegales, pues mientras algunas son de base social y requieren de medidas concertadas con las comunidades, otras tienen orígenes diferentes a las justas reivindicaciones sociales y se nutren de intereses asociados a economías ilícitas. Estas últimas ameritan respuestas contundentes para proteger los derechos de los campesinos y evitar el recrudecimiento de la violencia en los territorios.

En ese sentido, y como se acordó en la mesa nacional para la superación de la conflictividad social por la ocupación de tierras, convocada por la Defensoría del Pueblo el pasado 7 de septiembre, es indispensable adelantar un trabajo articulado de toda la institucionalidad del Estado, en cabeza del Gobierno nacional, junto con gobiernos municipales y departamentales, en aras de atender eficazmente esta situación y evitar su escalamiento.

La Defensoría reiteró su disposición de mediación y acompañamiento a los espacios de diálogo que sean necesarios entre la institucionalidad y las comunidades para lograr, urgentemente, salidas concertadas.

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Alerta de la Procuraduría

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a los ministerios de Defensa y del Interior para que articulen esfuerzos con los alcaldes y gobernadores con el fin de mitigar las problemáticas de seguridad y convivencia en los territorios.

Para el ente de control, el notorio incremento de homicidios de líderes sociales en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Arauca y Putumayo, que en lo corrido del año deja un saldo de 125 víctimas, obliga a los mandatarios territoriales a convocar de manera urgente los consejos de seguridad y los comités de orden público para profundizar en el análisis de los factores de riesgo que propician hechos de violencia y, en consecuencia, adoptar medidas efectivas de prevención y mitigación.

De igual manera, el Ministerio Público pide a los entes territoriales hacer un estudio de las situaciones que han disparado la violencia en sus jurisdicciones para que se reflejen en la política de seguridad y convivencia que adoptará el Gobierno en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo, la Procuraduría alerta sobre la ocupación ilegal de tierras en Cesar, Cauca, Huila y Valle del Cauca, y requiere mayor articulación interinstitucional en defensa a los derechos a la propiedad privada y la protección de quienes realizan estas acciones. 

El ente de control insistió en la necesidad de preservar la seguridad pública y la convivencia en las regiones que actualmente presentan graves complicaciones, y seguirá brindando su capacidad institucional para promover el fortalecimiento de acciones conjuntas que protejan la vida e integridad de los ciudadanos.