La pérdida de investidura contra el exrepresentante a la Cámara y ahora jefe disidente, Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich', decretó este jueves el Consejo de Estado tras un año y cuatro meses de que este abandonara el proceso de paz.
La decisión que implica su “muerte política”, es decir nunca podrá volver a ocupar cargos de elección pública, fue tomada por dejar de asistir a más de seis sesiones plenarias del Congreso en 2019.
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El alto tribunal estudió la denuncia en contra de la investidura de 'Santrich' radicada hace más de un año por congresistas y entre las pruebas de dicho expediente se encontraban los registros electrónicos de asistencia donde se evidenciaba que el ahora disidente no acudió a las plenarias.
“En conclusión, y sin necesidad de mayores esfuerzos argumentativos, para la Sala, la conducta del Representante a la Cámara, Seuxis Paucias Hernández Solarte, se adecúa a la descripción típica del del artículo 183 de la Constitución Política (que contiene las causales de pérdida de investidura), teniendo en cuenta que, según quedó evidenciado, se encuentran plenamente acreditados cada uno de los elementos objetivos que configuran la causal”, concluyó el Consejo de Estado.
Asimismo, el tribunal también destacó la "actitud desafiante" que tuvo Hernández Solarte "frente a las instituciones del Estado y una clara intención de burlar los esfuerzos de paz, así como de su innegable propósito de renunciar a la representación política y a los compromisos con el Partido Farc, pues, a los pocos días de tomar posesión del cargo, abandonó su esquema de seguridad".
Cabe recordar que el 30 de junio de 2019, ‘Santrich’ se fugó de su esquema de seguridad en el espacio de reincorporación de Tierra Alta en San Juan del Cesar.
‘Santrich’ es acusado de concierto para delinquir con fines de narcotráfico por supuestamente haber conspirado para enviar al exterior 10 kilogramos de cocaína, por lo cual es solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos.
En su momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió mantenerle la garantía de no extradición consagrada en los acuerdos con las Farc y ordenó la libertad del exguerrillero, lo que le permitió posteriormente posesionarse en la Cámara hasta su fuga.
Finalmente, reapareció el 29 de agosto de 2019 en un video público en el que anunció su voluntad de realzarse en armas contra el Estado colombiano.