Tras el escándalo por el contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados, algunos analistas consideran que es necesario hacer más ajustes al Estatuto de Contratación Pública.

La norma base es la Ley 80 de 1993, que contiene el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; luego la Ley 1150 de 2007 introdujo medidas para la eficiencia y la transparencia en dicha norma; después está la ley 1474 de 2011 que fijó un conjunto de normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, así como medidas penales. E igualmente el Decreto 1510 de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.

A pesar de que la normatividad anticorrupción se ha ido desarrollando y enriqueciendo con el paso del tiempo, es necesario hacer ajustes pues los corruptos están en constante evolución de sus estrategias para timar los recursos públicos. En ese sentido se manifestaron conocedores de esta problemática consultados por EL NUEVO SIGLO.

El Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Gerardo Andrés Hernández Montes, dijo que sobre el caso puntual de Centros Poblados, “hay una herramienta muy importante que el país está en mora de implementar, y es tener un registro de beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado”.

Explicó que este registro de beneficiarios finales es "tener con nombre y apellido quiénes son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas.  Es lo que estamos viendo en este caso de Centros Poblados, en el que hay un entramado de personas jurídicas, pero que al final no se sabe quiénes son las personas directamente implicadas, y hoy ya sabemos que, por ejemplo, Emilio Tapia hacía parte de una de estas empresas".

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Hernández detalló que ese registro se creó en el año 2019 a través de una ley, fue además ajustado en la pasada reforma tributaria, “pero hoy en día, no tenemos ninguna evidencia de implementación. Es urgente que se pase a implementar entonces y que el Estado no siga contratando sin saber realmente quiénes son las personas naturales que están controlando a las personas jurídicas que reciben recursos públicos".

En cuanto a la Ley 80 de contratación pública, el director de Transparencia por Colombia indicó que "tocaría conectar esto que estoy planteando con justamente el Estatuto de Contratación, de tal manera que, como lo dije antes, en todos los recursos que se entregan a particulares quede claro quiénes son las personas naturales detrás de ellas”. 

Agregó que “habría que actualizar la normatividad de contratación pública, por supuesto la Ley 80, para que el Estado siga teniendo este tipo de herramientas”. Y seguir garantizando los controles pues -dijo- lo más llamativo de este caso de Centros Poblados es "que se trata de una licitación pública de un monto muy grande, en teoría muy regulada, muy vigilada, y de todas formas se pasaron este tipo de sucesos desapercibidos".

Habla excontralor

Por su parte el excontralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra, dijo frente a la corrupción que se presenta en la contratación pública que mientras la sociedad tolere, "por acción o por omisión, que quienes se enriquezcan a través del ejercicio del poder y luego pasan de un lado a otro, eso es imposible de controlar. Ese es el principal problema que tenemos”.

Agregó que “digamos, es socialmente legítimo actualmente que alguien invierta unas cantidades enormes de dinero para acceder a un cargo público de elección o administrativo, luego lo recupere por cualquier forma”.

Finalmente, Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Veedores sin Fronteras, dijo frente al caso de Centros Poblados que "presentamos inclusive acciones judiciales, denuncias, quejas, acciones populares,  recusaciones, y aunque advertimos a tiempo ninguna de ellas fue suficiente".

Agregó que "estamos frente a la necesidad, sin duda, de hacer los procesos de contratación mucho más participativos, mucho más abiertos, y además en donde los controles preventivos asignados a los órganos de control, Procuraduría y Contraloría, sean mucho más eficientes, e incluir los sistemas de control preventivo de orden  judicial".