Para la bancada de Gobierno es necesaria la restructuración contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo

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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su artículo 181 contempla darle facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para modificar la estructura de la administración pública nacional, en donde se encuentra la opción de liquidar entidades del Estado, propuesta que desde los diferentes partidos políticos ha generado posiciones encontradas.

Coalición gubernamental

La senadora María del Rosario Guerra, del partido Centro Democrático, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que el Gobierno del presidente Iván Duque desde el inicio, se enfocó en tener un ahorro en el gasto de cerca de $7 billones en los cuatro años, “con lo cual tendrá, entre otras cosas, que hacer una supresión de entidades, una redefinición de funciones en otras”.

Para la legisladora, el compromiso que tiene el Gobierno nacional y en el que está trabajando es en un plan de reforma del Estado “muy en la línea de lo que se hizo en el gobierno del presidente Uribe”, según Guerra con el objetivo de “siempre buscar entidades más eficientes y facilitar sobre todo que el Estado colombiano pueda servir mejor al ciudadano”.

Señaló que una de las entidades que planteó el Ministerio de Hacienda y que están estudiando, son las fiduciarias. “Aspiramos que como esa, hayan otras que revisen muy bien qué entidades se van a suprimir o a reorganizar”, dijo.

A su vez, desde el Partido Conservador, el representante por el Atlántico, Armando Antonio Zabaraín, indicó que tras la petición del Gobierno de darle facultades al Jefe de Estado para dichas funciones, considera que no solamente es importante tenerlas como tal, sino que el Gobierno les explique de manera puntual cuáles son las instituciones que están pensando en liquidar y cuánto sería la economía que cada una le generaría al país, debido a que el proyecto no estipula esa parte.

“Esa es una de las cosas que estamos pidiendo. En el Congreso de la República no nos vamos a negar a darle facultades, no, pero queremos saber hacía donde apuntan”, dijo.

El congresista afirmó que “sí se requieren esas restructuraciones” y explicó que “yo por ejemplo, estoy muy claro que en el tema de la Superintendencia de Salud se requiere una reforma para darle fortalecimiento, tanto a la planta del capital humano como a la parte tecnológica que debemos mejorar”.

Oposición e independientes

Desde otros partidos como los de oposición e independientes, criticaron y rechazaron la propuesta que establece el PND.

En la coalición de la Lista de la Decencia, la senadora Aída Avella apuntó que esas facultades al Mandatario para reformar el Estado, no se pueden dar desde el PND y sostuvo que se deben explicar las razones por las que se quiere suprimir algunas entidades.

“Yo hasta el momento no creo que se deba suprimir ninguna entidad pero si el Gobierno nos da razones, el Congreso puede discutir esto fuera del Plan Nacional de Desarrollo, porque esto es una cosa que tenemos que definir entre todos y el Estado no es el Ejecutivo, el Estado es el Poder Legislativo, es el Poder Judicial y es solo una parte del poder”, dijo.

Agregó que no es posible que el artículo 181 establezca dichas facultades, debido a que “en mi concepto, por lo menos a la bancada a la que pertenezco de la Lista de los Decencia, no le dará facultades extraordinarias”.

Hay que facilitar que el Estado colombiano pueda servir mejor al ciudadano: senadora Guerra

Mientras que desde el partido Polo Democrático Alternativo, el senador Jorge Robledo manifestó que aunque no tiene una precisión sobre el tema, “no soy amigo de las privatizaciones en términos generales y más si es con el argumento de conseguir recursos públicos. Eso no, es una mala manera”.

Resaltó que una economía de mercado en su mayoría debe ser privada, “pero convertir pues, como en una especie de posición dogmática que todo hay que privatizarlo, no me suena”.

Por su parte, el partido Cambio Radical, a través del senador Rodrigo Lara, le manifestó también a este Diario que ninguna entidad debe suprimirse, debido a que cumplen una misión específica para el país, en donde la mayoría de ellas tiene como propósito satisfacer la prestación de un servicio público para los ciudadanos, así como administrar recursos para las políticas sociales.

“Suprimir una entidad pública implica por lo general suprimir una política social para los colombianos o suprimir una función de utilidad general para el país”, afirmó.

Lara enfatizó en que “lo que hay que suprimir es la sobre burocratización politiquera, no las entidades”.

En este sentido, recordó que el último proceso de supresión de entidades públicas se dio a principios de los años 90 y explicó que con la liquidación de entidades se perdió mucho conocimiento adquirido.

“Al suprimir Ingeominas se perdió mucho capital humano, capacidad y conocimiento de nuestra geológica. Esto es solo un ejemplo de lo que puede producir una supresión irresponsable de entidades”, indicó.

Asimismo, lo hizo saber desde el Partido Liberal, el senador Guillermo García Realpe, quien manifestó que no tiene una evaluación concreta sobre “cuáles instituciones deben desaparecer, fusionarse o aparecer (…) ni la debe tener el Gobierno”.

El legislador enfatizó en que “el Plan Nacional de Desarrollo es un collar de perlas pero no preciosas, trae mucha letra menuda y muchos riesgos para muchos sectores, pero especialmente las facultades abiertas, genéricas para una reforma administrativa es un riesgo también por parte del Congreso al Ejecutivo”.

Aseguró que en este caso se debe constituir “una comisión de expertos del Congreso y otros académicos para que sean ellos los que le indiquen al Congreso y al Gobierno un ajuste en materia institucional”.