El Senado de la República confirmó la realización del debate de moción de censura contra la exministra del Deporte, Astrid Rodríguez, pese a su renuncia tras la controversia desatada por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. El evento está programado para el próximo miércoles 21 de febrero y se espera una intensa confrontación entre los promotores de la moción y los defensores del Gobierno.  

El anuncio del debate, hecho por el presidente del Senado, Iván Name, subraya la seriedad con la que se abordará este asunto. Aunque Rodríguez ya no está en funciones, la atención del Senado permanece fija en dilucidar las responsabilidades detrás de la pérdida del prestigioso evento deportivo. 

El debate se centra en la gestión y decisiones que llevaron a la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos, un golpe no solo para la ciudad de Barranquilla sino también para la reputación del país en el ámbito deportivo internacional. Como señaló el senador Efraín Cepeda del Partido Conservador, "Barranquilla pagó 2,2 millones de dólares que se tienen que devolver. Ese es un asunto irreparable para el país, no volveremos a tener los Panamericanos en mucho tiempo y es un grave daño a la ciudad, la región y el país".

Las expectativas son altas, con los promotores de la moción insistiendo en demostrar la responsabilidad del Gobierno en este fracaso deportivo. Aunque la exministra ya no está obligada a asistir, se espera que la bancada de Gobierno salga en su defensa, lo que augura un debate acalorado y lleno de tensiones políticas.

La convocatoria del debate, respaldada por 32 legisladores de diversos partidos, demuestra el consenso sobre la necesidad de esclarecer lo sucedido y garantizar la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. Como mencionó el senador David Luna, la renuncia de Rodríguez no exime al Congreso de su deber constitucional de investigar y debatir los temas de interés público.

En medio de otras citaciones a debates de control político sobre temas económicos y de salud, este debate destaca por la relevancia nacional e internacional del tema, así como por su potencial impacto en la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales y en la transparencia de la gestión pública.