Uno de los debates más intensos en el marco de la discusión de la reforma al Código Electoral en el Congreso se está dando alrededor de cuántos días antes de unos comicios se debe prohibir la publicación de encuestas.
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Si bien en el articulado del proyecto en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara se aprobó el plazo de 48 horas antes de la fecha de las urnas, hay una propuesta para analizar en plenarias: ampliar ese límite a 15 días. En otras palabras, que más de dos semanas antes de la fecha de la elección no se puedan revelar estudios de opinión sobre preferencias y favoritismos de candidatos.
Quienes defienden esta posibilidad sostienen que es necesario darles un plazo prudencial a los ciudadanos para analizar serenamente el sentido de su voto, sin que estén sujetos a ser influenciados o ‘bombardeados’ por los sondeos de opinión.
A ello se suma que hay otros dos proyectos cursando en el Parlamento que también quieren reformar temas relacionados con las encuestas.
Según el senador Armando Benedetti, coordinador ponente del ajuste al Código Electoral, el propósito es evitar que los sondeos ejerzan una especie de manipulación o influencia negativa en los votantes, a pocas horas de los comicios.
“Ya se aprobó todo un capítulo de encuestas a través del cual se les pone en cintura, donde van a tener que mostrar su trazabilidad, van a tener que mostrar una ficha técnica diferente, van a tener unos requerimientos técnicos y otros requisitos para que no pululen esas encuestadoras pequeñas que solo aparecen en campaña para distorsionar la realidad”, indicó.
“Ya hubo un acuerdo para la plenaria en torno a que la veda sea de 15 días. Yo quería 48 horas para no dejar crecer el mercado negro, pero me comprometí en que la veda sea de 15 días y así irá a la plenaria”, manifestó.
Hablan las firmas
EL NUEVO SIGLO consultó con voceros de las principales firmas encuestadoras en Colombia al respecto de ese plazo de 15 días y cuál podría ser la implicación de una medida en ese sentido.
César Valderrama, Director General de Datexco, se mostró contrario a esa posibilidad. “La verdad no estoy de acuerdo con la propuesta, porque lleva a que 15 días antes la población no sepa qué está pasando, mientras los partidos políticos y todo aquel que contrate una encuesta (privada) sí va a tener la información”.
Agregó que existiría, entonces, un desequilibrio informativo que se vuelve exclusivo de los partidos, candidatos o personas que tienen medios para contratar sondeos y saber cómo están las cosas. Sería como vendarle los ojos a la población y que tome una determinación (electoral) “sin una herramienta importante para tomar decisiones, como son las encuestas”.
Añadió que eso es “como manejar a 100 kilómetros por hora con los ojos vendados”.
A su turno, César Caballero, Gerente General de la firma Cifras y Conceptos, advirtió que ampliar la veda de encuestas a 15 días antes de los comicios sería “un error profundo” que atenta contra los partidos pequeños y los candidatos que no tienen recursos.
“Cuando estemos en una campaña, los candidatos con dinero contratan encuestas (privadas) y tienen la información de lo que está pasando. Eso me parece un profundo error, me parece antidemocrático”, expresó Caballero.
Dijo que cuando no hay encuestas públicas, no quiere decir que no haya encuestas (las hay privadas). “Creo que hay que hacer una reforma al Código Electoral, a la regulación de encuestas. Creo que eso hay que mejorarlo, pero esa idea de los 15 días es una medida que va en contra de la transparencia para todos los candidatos y los electores”, precisó.
Por otra parte, Carlos Lemoine, del Consejo Nacional de Consultoría, también señaló que no está de acuerdo con ampliar la veda a la publicación de encuestas. Incluso sostuvo que esa iniciativa implica no darse cuenta de en qué mundo se está viviendo. “Los medios no pueden publicar y las que sí van a publicar son las redes sociales, lo que se genera es un desconcierto a la gente”, explicó.
Manifestó que si las elecciones son “una fiesta”, las encuestas “ponen la orquesta”. “Se deberían dejar 24 horas antes para que se sepa cómo avanza el pensamiento de la gente”.
Más peros
Entretanto, Martín Orozco, de Invamer Gallup, sostuvo que esa propuesta de los 15 días es negarle la posibilidad a la ciudadanía de la libertad para acceder a la información y que tome decisiones. “Lo que terminaría sucediendo muy seguramente es que se hará por medio de las redes sociales y no contratadas por los medios de comunicación, y caemos en los comentarios de las redes, o en las encuestas falsas. Y eso es lo que confunde más es al ciudadano”, dijo.
Recordó que las encuestas no pronostican y entre más tiempo haya entre la realización de un sondeo y la fecha de los comicios, menos se puede esperar que coincidan con los resultados de las elecciones. “El resultado va a cambiar porque las dos últimas semanas son fundamentales”, indicó.
Señaló, incluso, que ocho días antes de la cita en las urnas se pueden hacer debates. “Imagínese usted no hacer encuestas después del último debate. Lo ideal es hacerlo (publicar hasta) dos días antes de las elecciones”, agregó.
Otro proyecto
Como se dijo, el tema de las encuestas no solo se regula en el proyecto sobre reforma al Código Electoral, sino que hay otras iniciativas.
Por ejemplo, se busca poner en cintura a las firmas encuestadoras y establecer reglas claras en la metodología y divulgación por parte de las empresas, partidos o medios de comunicación.
Se reglamentará la creación, por ejemplo, de firmas encuestadoras para evitar que cinco meses antes de elecciones aparezcan empresas de la nada. De igual manera, se le exigirá al Consejo Nacional Electoral que mejore el sistema de vigilancia de estas firmas. Asimismo se fortalecerá el Registro Nacional de encuestadores.
De otro lado, se plantea que las encuestas deberán cumplir con nuevos requisitos desde la elaboración y hasta su publicación.
Con estos nuevos criterios técnicos se creará una comisión técnica de vigilancia de encuestas en el país para sancionar a las firmas de papel. Dicha instancia estará integrada por el Gobierno, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, medios de comunicación, la academia y los partidos.
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En el proyecto de ley se fijan los criterios técnicos que deben tener las encuestas, relacionados con la metodología, el número de personas indagadas, los instrumentos para la recolección de datos, el área geográfica, los márgenes de error, el tipo de muestreo, la persona jurídica que hace el sondeo, las personas naturales que la financian y la contraprestación que reciben los consultados por responderla.