La cosas no mejoran para el Gobierno en esta segunda legislatura en el Congreso, pues después de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento por vicios de trámite, el pasado lunes prácticamente se hundió la reforma legislativa que obligaba a que en futuras negociaciones con grupos subversivos los delitos sexuales contra menores de edad fueran competencia de la justicia ordinaria, y no de la transicional como sucede actualmente en el caso de los desmovilizados de las Farc que se acogieron a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

La iniciativa fue radicada en abril pasado por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y requería por tiempos su aprobación en la plenaria del Senado el pasado lunes, para luego surtir en Cámara sus dos últimos debates a más tardar hasta el 16 de diciembre, cuando finaliza la parte baja de esta legislatura.

No obstante, la iniciativa no logró ser discutida en la mentada plenaria del Senado por falta de quórum, pues varios parlamentarios se salieron de la sesión por las dudas que tenían con este proyecto porque consideran que podría terminar afectando el acuerdo de paz.

Frente a lo acontecido la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se lamentó por el hundimiento de esta iniciativa porque dijo que permitiría que en futuras negociaciones de paz los agresores sexuales de niños fueran juzgados por la jurisdicción ordinaria y, como  consecuencia, recibirían penas ejemplarizantes por un delito tan grave.

Valencia aseguró que las disposiciones de este proyecto eran a futuro y no afectaban los casos que en este momento están en la JEP, pues “la vigencia del artículo decía esta ley rige a partir de su promulgación, pero no contentos con eso para que hubiera absoluta certeza de que no tenía nada que ver con el acuerdo de La Habana, decía que en concordancia con el artículo 29 de la Constitución, el artículo 29 es el que habla de la no retroactividad de la ley. Pero además de eso, si faltara algo, teníamos una sentencia de la Corte Constitucional que estableció que los delitos sexuales cometidos por las Farc, contrario a lo que había dicho el Congreso, no irían a la justicia ordinaria sino a la justicia transicional porque consideró que hacían parte del conflicto armado con las Farc”.

Además de ello, indicó la parlamentaria del Centro Democrático, “está soportada por el principio de favorabilidad que dice que toda ley en materia penal solamente es retroactiva si es favorable a quien está enjuiciado”.

Sin embargo el senador liberal Guillermo García indicó que “simplemente estábamos planteando que haya absoluta claridad con un parágrafo de que esa disposición constitucional rige hacia adelante, y eso se nos negó invocando quienes nos están contradiciendo que eso está contenido en el artículo 29 de la Constitución, que ahí se lo refiere”.

Empero García acotó que eso “lo entendemos nosotros, lo entendemos los abogados, lo entienden los congresistas, lo entienden los juristas, pero no es un buen mensaje para el país, pero sobre todo para los desmovilizados que pueden entender que se les está cambiando las reglas de juego y que ellos ya suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno nacional”.