En el Congreso y en otros escenarios de la vida nacional, cada quien ya tenía una posición frente a la reforma tributaria cuando el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó el proyecto el 15 de abril, ese jueves en que se supo en concreto qué contenía el articulado.
Fueron varias las semanas en las que se especuló sobre qué medidas se iban a proponer, que en lugar de facilitar el debate lo contaminó con ideas preconcebidas que no se diluyeron con el texto presentado.
Es más, la presentación formal de la reforma fue aplazada en varias oportunidades, a tal punto que siete días antes el Partido Conservador, haciéndose eco de la ansiedad que generó en la opinión pública el hecho de “saber” de ella solo por rumores, precisó en un comunicado que “el conservatismo desea conocer oficialmente el proyecto que será presentado”.
No sobra decir, que el ministro Carrasquilla estuvo socializando lo que sería la propuesta que el Gobierno llevaría al Congreso, y para ello se reunió con las bancadas de las comisiones económicas, lo que lejos de detener las prevenciones sobre la reforma, al parecer las agravó.
De manera que lo que vino luego no fue ninguna sorpresa, excepto que impulsores de la reforma no quedó prácticamente ninguno: el proyecto no tiene defensores, sino muchos opositores acérrimos y algunos críticos “constructivos”, si es que cabe aquí el término.
Cabe decir que el distanciamiento respecto del instrumento nació del propio Gobierno, pues se ha repetido por estos días la frase dicha hace apenas ocho meses por el presidente Iván Duque, quien en agosto expresó que “hacer una reforma tributaria en este momento cuando tenemos la pandemia que está golpeando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa, a la clase media, a la clase alta, a los más vulnerables, es suicida”.
Sin embargo, las necesidades suelen llegar a ser apremiantes. La prolongación de la pandemia ha llevado al Ejecutivo a buscar recursos para financiar el gasto social incrementado precisamente por la atención que requiere la crisis económica que padecen, en primer lugar, los colombianos más pobres (cuyo número aumentó), pero además el aparato productivo, también duramente golpeado.
Así lo expresó el ministro Carrasquilla al radicar el proyecto, asegurando que “es el primer y más importante paso que tiene que dar el país en el camino de la pospandemia que está iniciando, pues el Estado no puede permitir que más personas caigan en la pobreza y la pobreza extrema sin tomar medidas urgentes y necesarias”.
Sin defensores
Como en muchos otros temas, en que casi todas las tendencias políticas coinciden en el qué, pero difieren en el cómo, también hay acuerdo en que se requiere afianzar el gasto social, ampliándolo y focalizándolo, y en que por supuesto se requieren fuentes para su financiación, aunque no en la forma de lograr esos recursos.
De entrada se esperaba, como efectivamente ocurrió, que los partidos de oposición desaprobaran de antemano las propuestas del Gobierno, cualquiera que estas fueran. Al fin y al cabo para eso es la oposición: para oponerse.
Sin embargo, el campanazo sobre las dificultades que iba a tener el trámite de la reforma en el Congreso lo dieron las colectividades declaradas en independencia.
Desde antes de radicarse el proyecto el expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder natural de Cambio Radical, habían expresado su rechazo a posibles medidas contra la clase media, entre otros aspectos que les preocupaban; y una vez presentado, coincidieron, por razones distintas, en que la iniciativa había que hundirla en el Congreso.
Aunque Gaviria acompañó a Duque en la segunda vuelta presidencial ha marcado distancia con la gestión de Gobierno, por lo que la bancada liberal no estaba en las cuentas para lograr que el proyecto pasara en el Congreso; pero en cambio los seguidores de Vargas Lleras sí se habían acercado al Ejecutivo en varios temas de la agenda legislativa, por lo que su negativa a acompañar la reforma sí marcaba un déficit de cara a las votaciones en Cámara y Senado.
En una columna, Vargas Lleras criticó que el Ejecutivo bautizara la reforma “con el apelativo de Ley de Solidaridad Sostenible. Vaya concepto de sostenibilidad aquel de asfixiar al sector productivo y quitarle toda competitividad, expropiar el ahorro, castigar a la clase media y convertir al Estado, por vía de subsidios multibillonarios y antitécnicos, en responsable de todo, como en Venezuela. Esta reforma es peor por el lado del gasto que por el del recaudo. Nunca el populismo, de ningún origen, ha sido sostenible”.
Efectivamente, el miércoles Germán Córdoba, director nacional de Cambio Radical, señaló que “el partido no acompaña la reforma tributaria en su totalidad. No nos gustan desde el título hasta el último artículo. Esta reforma es inconveniente, no la acompañamos. Si la reforma sigue su trámite en el Congreso, cada uno de los congresistas de este partido votará en contra de ella. El no de Cambio Radical es rotundo. No es no”.
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Alerta naranja
Sin embargo, la alerta amarilla pasó a un naranja rojizo cuando las toldas oficialistas tampoco respaldaron las medidas propuestas.
El expresidente Álvaro Uribe, orientador del Centro Democrático, le empezó a decir al equipo económico del Gobierno que “se insistió mucho en presentar la reforma previamente consensuada con las mayorías del Congreso. Es urgente un acuerdo de modificación de textos que se exprese en la ponencia. Por favor, la mayor atención de la pobreza y la necesidad de ahorro burocrático no dan tiempo”.
Por su parte, la directora nacional de La U, Dilian Francisca Toro, expresó que "no votamos la reforma tributaria, es lo que dijeron los congresistas. Hay unas líneas rojas que el partido no acepta y que tienen que ver con el gravamen a los asalariados, a la clase media y los pensionados".
El senador John Milton Rodríguez, dirigente de Colombia Justa Libres, manifestó durante una sesión de la Comisión Cuarta del Senado que “podemos encontrar los recursos que necesitamos sin afectar el trabajo y la economía de los colombianos”.
Y a través de un comunicado, el partido Mira señaló que “entendemos la difícil situación financiera del país y reconocemos avances de los programas sociales. Bienvenido el debate. Pero una reforma tributaria que afecte clase media, pensionados, campesinos, servicios públicos y combustibles no puede ser la solución”.
En cuanto al Partido Conservador, la bancada se reunió el jueves con el Directorio Nacional y los exministros de Hacienda que militan en la colectividad para fijar posición sobre la reforma tributaria, pero después de seis horas de discusión en las que se escucharon todas las posiciones, no logró un acuerdo y se determinó crear una comisión para estudiar lo que se dijo y luego convocar otra reunión de bancada, probablemente esta semana.
Claro que en la comunicación ya mencionada, el Directorio Nacional Conservador señaló antes de la radicación del proyecto que, “consciente como es el partido de la situación fiscal, del tamaño de la deuda y del alivio social que es preciso cubrir, quiere prestar su concurso para este fin, pero no sin antes vislumbrar los efectos sobre la economía, y muy particularmente sobre la masa de contribuyentes de sector medio y popular colombianos”.
Acuerdo político
Ese mismo jueves, mientras se multiplicaban las voces que plantean que el Gobierno y las fuerzas políticas deben buscar un acuerdo para encontrar fórmulas que garanticen la financiación del gasto social, los expresidentes Uribe y Gaviria se reunieron por más de dos horas en forma virtual para hablar de la reforma tributaria.
Trascendió que coincidieron en el hecho de que la reforma, como está redactada, afecta gravemente a muchos colombianos, especialmente los de clase media, ante lo cual Gaviria le habría advertido a Uribe que no habrá “ni un solo voto liberal para esa reforma tributaria”, reiterándole que la intención de la colectividad es hundir la iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso, argumentando que en este momento es completamente inoportuno impulsar una ley de esa naturaleza.
“No podemos ver a la gente sufriendo de hambre por cuenta de la pandemia y le vayamos a poner más impuestos”, habrían sido las palabras que le expresó Gaviria a Uribe.
Solo hasta el viernes en la madrugada se vino a saber que Vargas Lleras se había reunido la noche anterior con el exalcalde barranquillero Alejandro Char para hablar del tema. El propio exvicepresidente publicó en sus redes sociales una foto de ambos sosteniendo un papel que decía “no tributaria”, acompañada del siguiente mensaje: “A pesar de la ministra de Comunicaciones, Karen Abudinen, del ministro del Interior, Daniel Palacios, y la mermelada del Gobierno, Cambio Radical más unido que nunca y en contra de la tributaria”.
Palacios había anunciado horas antes que el Gobierno buscaría un diálogo político con Gaviria, así como con Vargas Lleras y con los directores de todos los partidos políticos para concertar una ponencia nueva.
Desafío social
Sin embargo, son cada vez más los congresistas que han considerado que el proyecto debe ser retirado para así estudiar un nuevo texto que tenga consenso entre todos los sectores políticos.
Efectivamente, entre quienes critican el contenido de la reforma se ha dado un debate porque unos plantean un “borrón y cuenta nueva” y otros, como el expresidente Uribe, prefieren trabajar la ponencia para mejorar el proyecto.
Otra vez, a pesar de diferir en el cómo, todos coinciden en que se requiere un acuerdo político, bajo el entendido de que es urgente rescatar el componente social que da origen al proyecto, que en términos de equidad y justicia es lo más apremiante, puesto que el Congreso no puede dar la espalda a los más vulnerables.
En ese componente estarían figuras como el Ingreso Solidario permanente, la educación gratuita a los sectores más desvalidos, la continuidad de los apoyos para estimular el empleo juvenil y femenino, la devolución del IVA y los apoyos a las empresas más agobiadas por la pandemia para mantener y generar empleo.
Este primer factor sería factible financiarlo con aplazar la devolución del impuesto a la renta y la totalidad del ICA con lo que se obtendrían unos $13 billones.
Sobre este tema, el representante liberal por el Valle del Cauca, Fabio Arroyabe, le manifestó a EL NUEVO SIGLO que “consideramos que debe haber un pacto y debe encaminarse a que se necesitan unos recursos, pero estrictamente a que nos ayuden a solucionar los temas graves para los próximos dos años. Y cuando tengamos esa cifra que se presentó podemos hacer un gran pacto para beneficiar a los colombianos más necesitados”.
También se pronunció la representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, integrante como Arroyave de la Comisión Tercera de la Cámara, anotando en diálogo con este Diario que “debemos avanzar es a una nueva conversación nacional, a través de una mesa de diálogo con todos los actores políticos, sociales y económicos del país, para concertar un nuevo texto de la próxima tributaria, explorando diferentes alternativas de recaudo de acuerdo con la realidad económica del país”.
“El Gobierno nacional tiene el liderazgo sobre el gasto público, pero queremos que lo dialogue, lo debata, no solo en el Congreso de la República, sino de cara y de frente con la ciudadanía; mi invitación es a que, en estos momentos de zozobra, apelemos por consensos y no por imposiciones de unos pocos sobre la mayoría”, recalcó.
Hace ocho días, en Otanche, Boyacá, el presidente Duque declaró que en medio de la pandemia del covid-19, es necesario enfrentar un desafío como país, con dos elementos fundamentales: la protección de los más pobres y de los más vulnerables, y la estabilización de las finanzas públicas.