Le negó, el Consejo de Estado, en segunda instancia la tutela a la magistrada Cristina Lombana, con que pretendía que se levantara el impedimento para conocer procesos en la Corte Suprema como la investigación contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Por lo tanto, esto deja en firme la decisión de la Sección Segunda. 

La tutela presentada por Lombada contra sus compañeros de sala la impuso al considerar que al separarla de la investigación y conocimiento de los procesos penales contra los congresistas se le  violaban sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación, buen nombre, honra y debido proceso. No obstante, el alto tribunal determinó que no se había violado ningún derecho fundamental. 

La recusación contra la magistrada fue presentada por la defensa del congresista Iván Cepeda quien es víctima en el proceso penal, al considerar que la condición de militar activa de Lombana Velásquez “afectaba el régimen de incompatibilidades de los servidores judiciales”.

Los presuntos vínculos laborales entre Lombana y Uribe se conocieron después de que el periodista Daniel Coronell publicara una columna titulada “La Calladita” donde explicaba que la magistrada laboró como abogada en la oficina que dirige Jaime Granados y este cargo no fue informado a  sala plena de la Corte en el momento de su postulación y elección como integrante del alto tribunal.