EN RESPUESTA a las solicitudes presentadas por el movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia (UdeA) y tras varios diálogos con la comunidad universitaria, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, afirmó haber enviado una comunicación formal a los congresistas de la bancada antioqueña, al gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para solicitar su participación en la mesa de trabajo por el rescate financiero de la institución.

No obstante, el alcalde de Medellín negó haber sido invitado por parte del ministro. “A mí no me ha llegado ninguna −a mí no me ha llegado realmente− nadie me ha dicho nada, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha dicho venga hagamos una mesa, a mí nadie me ha mandado ni una carta. Qué bueno que los anuncios dejen de ser solo a través de los medios de comunicación y que nos juntemos como institucionalidad a trabajar, ese es mi llamado al Gobierno nacional. El Gobierno nacional quiere que resolvamos problemas de manera conjunta, nos sentamos en la mesa, y claro que todos tenemos que ponernos a trabajar”, expresó Gutiérrez.

Hasta el momento de esta publicación ni la bancada antioqueña ni el gobernador Rendón se habían pronunciado al respecto.

Lo cierto es que, según afirmó John Jairo Arboleda, rector de la Universidad de Antioquia en medios de comunicación, para finalizar el año necesitan aproximadamente 136.000 millones de pesos por todas las obligaciones que tienen.

Al respecto, Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, sostuvo en diálogo con EL NUEVO SIGLO que el desfinanciamiento de las universidades públicas en el país puede verse en dos dimensiones:

“El primero es el desfinanciamiento estructural que ha venido haciendo que el aporte de la nación, comparado con el presupuesto total de las instituciones, sea insuficiente para atender los requerimientos que las instituciones han tenido que adoptar para atender una oferta académica investigativa que dé cuenta de las necesidades de la sociedad. Una segunda dimensión está asociada a los problemas que ha traído la gratuidad de las matrículas, en la medida en que los tiempos de devolución de los recursos que las universidades antes recogían por matrículas, hoy no llegan en los tiempos necesarios para los flujos de caja que las universidades tienen comprometidas para la prestación de su servicio”, explicó.

Agregó, además que, como ha quedado evidenciado en varias universidades públicas, incluida la de Antioquia, los problemas de caja son una situación que está generando tensión en el cumplimiento de los compromisos de las instituciones de educación superior públicas.

Cuello de botella

Según explicó el director ejecutivo de Ascun, el principal problema o cuello de botella en lo que respecta a la financiación de la educación superior pública, está asociado con el aumento presupuestal año tras año a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“El verdadero costo educativo que está por encima de ese índice, generando año tras año un desbalance entre el presupuesto asignado y el verdadero costo de operación, es lo que ha venido agravando el desfinanciamiento estructural que las instituciones han venido denunciando de años atrás”, afirmó.

Además, enfatizó que la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que está promoviendo el Gobierno nacional, resolvería el tema de las diferencias que actualmente se dan por el incremento ligado al IPC y no al costo real del gasto educativo.

“Hay casos en los que se ha venido solicitando el apoyo de gobiernos territoriales para que concurran con apoyo financiero y puedan ayudar a resolver las situaciones actuales de las instituciones. Entre ellas podemos mencionar a la UDEA. Desde Ascun hacemos un llamado al Gobierno nacional y al Congreso de la República para que pueda avanzarse en la intención que se ha tenido de cambiar el actual sistema de financiación de la educación superior pública y se empiece a dar salidas efectivas para el correcto funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de su tarea formativa e investigativa”, instó.

Alerta de la Contraloría

Recientemente, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez pidió al ministro de Educación prestar atención urgente al tema de la financiación de las universidades públicas del país y reclamó que, para este efecto, haya una colaboración entre los gobiernos nacionales y territoriales, las instituciones educativas y actores sociales.

Para el funcionario, es necesario que exista un compromiso en la asignación de recursos, así como resolver las preocupaciones que se presentan frente a las variaciones significativas de los pasivos pensionales de las universidades públicas y el flujo de dineros para el cumplimiento de estas obligaciones. Consideró, además que las universidades públicas vienen sufriendo una desfinanciación estructural.

El contralor, Rodríguez Becerra, expresó preocupación por el tema pensional de las universidades públicas. A partir de la Ley 100 del 93, se reconoció la financiación de las pensiones de las universidades públicas. El giro de los recursos de los fondos de pensiones para el caso de las universidades públicas, del orden territorial, de acuerdo con las normas, no se viene realizando oportunamente, lamentó.

Añadió que los pasivos pensionales de algunas universidades muestran variaciones significativas entre 2022 y 2023, según datos de la Contaduría General de la Nación. Por ejemplo, universidades públicas como la del Valle, Cauca y Antioquia presentan altos incrementos en sus pasivos pensionales.

Finalmente, sostuvo que el control fiscal en la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander (UIS) es ejercido por las respectivas contralorías territoriales y llamó la atención las Contralorías Departamentales del Valle del Cauca, Antioquia y Santander para que destinen un equipo que le haga seguimiento especial.

¿Qué dice el Gobierno?

Al respecto, el ministro Rojas afirmó que, durante el año 2023, las transferencias a las universidades públicas ascendieron a $1,34 billones y para 2024 se proyectan en $1,6 billones, incluyendo $815.000 millones destinados al fortalecimiento de la base presupuestal de las universidades; $50.000 millones para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, y más de $600.000 millones para planes de fomento a la calidad e infraestructura.

“En el caso de la Universidad de Antioquia, las transferencias del Gobierno nacional incrementaron de $552.727 millones en 2023 a $619.399 millones en 2024, lo que representa aumentos del 19% y 33%, respectivamente, en relación con el 2022. Estos incrementos reflejan un esfuerzo por parte del Gobierno para apoyar el cierre de brechas y la ampliación de la cobertura, asegurando recursos adicionales tanto para el funcionamiento como para la inversión en proyectos de calidad educativa”, aseguró el Ministerio de Educación.

Rojas enfatizó que la participación de todos los actores regionales es fundamental para asegurar la sostenibilidad financiera de la institución y garantizar el acceso a la educación de calidad para miles de jóvenes antioqueños.

Además, recordó que para el Gobierno nacional ni el recorte de maestros y horas cátedra ni la disminución del bienestar universitario son soluciones aceptables ni viables, y anunció que formalizará esa posición en el próximo Consejo Superior que sea convocado.