El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ibáñez pidió ampliar el periodo de la Comisión de la Verdad por siete meses. El proyecto ya está siendo estudiado y entraría a votarse y debatirse este jueves.

El mes pasado, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Roux, solicitó lo mismo a la Corte, mientras el magistrado Ibáñez aseguró que si la corte no pone un límite de tiempo certero, atentaría contra los derechos de las víctimas a la verdad.

Si bien el periodo de la Comisión originalmente es de tres años, por lo que se acabaría en noviembre, la demanda señala que no se debería contabilizar el tiempo que duró el confinamiento decretado por la pandemia de covid-19.

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Anteriormente también la Procuraduría General de la Nación había pedido al alto tribunal la ampliación del periodo por siete meses para garantizar el derecho a la verdad. 

"No hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas (…)”, dijo la Procuradora Margarita Cabello a la Corte, y añadió que esto incluye la facultad de interpretar el Decreto Ley 588 de 2017, que creó la Comisión de la Verdad.

La discusión llegó a la Corte Constitucional por una demanda que presentaron un grupo de víctimas del conflicto armado, asegurando que la pandemia no dejó que la Comisión cumpliera con su mandato.

La ponencia

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, realizó una ponencia de 50 páginas que fue presentada a la Corte Constitucional, para argumentar la ampliación del periodo de la Comisión de la Verdad hasta junio de 2022, y cuya labor se vio afectada por la pandemia de Coronavirus.

Según el texto, "la emergencia sanitaria limitó la posibilidad de recaudar información de los responsables de eventos de graves violaciones a los DDHH pues, la posibilidad de ingreso de entrevistadores a los centros penitenciarios y carcelarios fue restringida, y el riesgo de contagio en ese tipo de instalaciones era alto".

“En efecto, la Sala constata que, a partir de marzo de 2020 se decretó la emergencia penitenciaria y carcelaria y como resultado se restringió el acceso de personal externo a los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON)”, añadió la ponencia.