El estudio sobre si dos Superintendencias se están extralimitando en sus funciones realizará la Corte Constitucional.

Esto luego de que al Alto Tribunal llegaran varias demandas contra las leyes sobre el estatuto del consumidor que le dan facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades, para vigilar e inspeccionar a personas jurídicas por presuntos actos de corrupción.

Las normas señalan que ante presuntas irregularidades, esas entidades podrán realizar visitas de inspección, solicitar documentación relevante y pedir a las personas jurídicas datos, informes y papeles de comercio que se requieran para el esclarecimiento de la situación, contenidas en las leyes 1480 de 2011 y 1778 de 2016.

El ciudadano Jaime Edward Arias Díaz señaló en su demanda que las leyes entregan a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades, un cúmulo de facultades que violarían los derechos a la privacidad e intimidad de las personas jurídicas.