LA COMISIÓN Internacional Contra la Impunidad que propuso la semana pasada la Justicia Penal Militar y que cuenta con el apoyo de algunos sectores del Gobierno, habría sido rechazada ayer por la Corte Suprema generando un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Alto Tribunal.

De acuerdo a reportes de algunos medios de comunicación, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, manifestó que podrían abstenerse de participar en el comité creado para la reforma a la justicia, si insisten en avanzar con la propuesta hecha por Justicia Militar.

De acuerdo a La FM, el magistrado dijo que la conformación de organismos internacionales de este calibre, requeriría una modificación a la Constitución; por lo tanto, habría una clara evasión a la justicia.

Otro en rechazar la propuesta fue el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera. Afirmó que la propuesta es irrespetuosa con la rama judicial, además de que afectaría la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Con esto, las tensiones entre la Corte Suprema y el Gobierno se mantienen en su punto más álgido. Como se recordará, la semana pasada, las manifestaciones petristas frente al Palacio de Justicia para presionar a los magistrados la elección del nuevo fiscal general generaron una gran controversia en el país, al considerar que el presidente Gustavo Petro trató de que las personas en protestas tomaran de forma violenta el recinto.

En esa oportunidad, los magistrados de ese Alto Tribunal declararon "estar sitiados" y exigieron al Gobierno no solo respetar la independencia de poderes, sino dar garantías para que esa Corporación y todos los jueces del país puedan realizar su labor sin "presiones, hostigamientos o amenazas".

"La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de justicia de la capital de la República, situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación”, manifestó Chaverra en aquella oportunidad.

Condenó “el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente las decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho, como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley”.

Comisión contra la impunidad

La semana pasada, el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, sugirió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, poner en funcionamiento una comisión internacional contra la impunidad en el país.

Uno de los argumentos utilizados por el funcionario es que dicha instancia servirá para luchar de manera frontal por la justicia y la transparencia en Colombia.

“Como sociedad estamos frente a un problema excepcional de efecto global que nos corresponde afrontar mediante mecanismos idóneos igualmente extraordinarios”, destacó Reyes en la propuesta.

Consideró necesario recurrir a la ayuda internacional para respaldar la lucha por la justicia. Así las cosas, se plantea involucrar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) durante el proceso. “Lo más sensato es pedir ayuda”, indicó.

Según el director de la Justicia Penal Militar, se tendrá certeza de que dicha comisión actuará en el marco de la ley, tomando en consideración la “independencia funcional de la Comisión en el desempeño de su mandato”.